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–¿Que significa la denominación “nuevas guerras” que ustedes usan en el libro El negocio de la guerra?
–En el debate académico y –en parte– político, el término “nuevas guerras” se introdujo para denominar el hecho de que más y más guerras no se dan entre países sino al interior de países o entre, por lo menos, un ejército regular y uno irregular. Pero el término se podría ampliar porque, con los cambios de las estrategias de la conducción, vemos que hasta los países con ejércitos regulares están externalizando la violencia a empresas privadas o estructuras paramilitares: actores que no son los tradicionales de las guerras “comunes”.
–¿Se acabaron las guerras entre Estados?
–No es que se hayan acabado. Al contrario, en la última década también hubo un reforzamiento de las guerras contra países, pero se presentaron de otra manera. Los ataques a Afganistán o Irak han sido guerras entre países, pero el porcentaje de las guerras irregulares en comparación con las regulares está aumentando.
–¿Esto obedece a la lógica neoliberal?
–Decimos que obedece a ciertas lógicas del neoliberalismo en el sentido de aumentar ganancias. El sentido de la guerra cambió. Tradicionalmente, era para cambiar las elites y el control de las economías, o introducir otro modelo de dominio económico o político. Ahora, en muchos casos, las guerras son permanentes. No se hace la guerra para implementar otro modelo económico sino que la guerra misma es el mecanismo de ganancias.
–¿Por ejemplo?
–Por ejemplo, Colombia. Muchas de las ganancias en ese país son porque –prácticamente– es un país en guerra. Durante los últimos 20 años, el pasaje de la agricultura pequeña y mediana a la agroindustria se hizo con una guerra. Si no, no hubiera sido posible expropiar a millones de campesinos de sus tierras y hacer una reforma agraria al revés, donde terratenientes y paramilitares se apropiaron de 6 millones de hectáreas de tierra.
–¿Esta es una de las lógicas distintivas de las “nuevas guerras”?
–La permanencia de la guerra hace que se pueda llevar a cabo ese modelo de agroindustria en distintas zonas. Sólo a través de la guerra son desplazados los campesinos y las comunidades indígenas o afro-descendientes que, en Colombia, tienen un derecho constitucional a sus territorios ancestrales. El sueldo real de obreros industriales en Colombia ha bajado porque mediante la guerra o el paramilitarismo se mata a los sindicalistas o se los presiona cuando hay conflictos laborales.
–En este escenario, ¿cómo queda el lugar del Estado?
–En todo el discurso liberal se dice que el Estado está supuestamente perdiendo el control de esos actores armados. Fundamentalmente, en el caso de Colombia. Creo que los Estados no pierden el control y, si lo pierden, es en pequeños puntos. Simplemente están externalizando las funciones represivas o de guerra creando más confusión. Los grupos paramilitares colombianos se crearon por las dificultades del Estado de conseguir financiamiento internacional en los ’80, por la responsabilidad del ejército o la policía en delitos contra los derechos humanos. Luego se montó el show de la supuesta desmovilización de los paramilitares, pero ya a finales de los ’90 era de conocimiento público que el paramilitarismo estaba coordinado, fomentado y controlado por el ejército y las autoridades colombianas. En 2000, Human Right Watch! publicó un análisis de Colombia cuyo título era “Paramilitarismo, la sexta división del ejército colombiano” (el ejército colombiano tenía cinco divisiones). En ese informe aclaran que el paramilitarismo es parte integral de la situación del ejército colombiano y que el proceso de desarme es una farsa. Los supuestos paramilitares desmovilizados aparecen en otras zonas de Colombia donde todavía se necesita el paramilitarismo como estrategia o como supuestos grupos rearmados.
–¿Cómo y cuándo nacen las Compañías Militares Privadas (CMP)?
–Las primeras nacen inmediatamente después de la II Guerra Mundial, porque el ejército de Estados Unidos tenía grandes capacidades de transporte que ya no necesita mantener y empezó a privatizar parte del transporte. Pero el verdadero boom de esas empresas empezó a fines de los ’80 y se reforzó en forma masiva en los ’90. En la primera guerra de Estados Unidos contra de Irak, la relación entre empleados de las CMP y soldados era de 1 a 100. En Afganistán, de 1 a 50/40. Ahora, en Irak hay 180 mil empleados de CMP, según los datos del propio ejército norteamericano. Más cantidad que soldados del ejército.
–¿Qué actividades desarrollan estas compañías?
–Todas las que uno se pueda imaginar. El manejo de armas sofisticadas (como aviones no tripulados, radares o misiles de buques estadounidenses) en la primera oleada de ataques a Irak fue realizado por especialistas de empresas privadas. Además reparten el correo, cocinan o lavan la ropa de los soldados, montan los campamentos militares, las cárceles. En el caso de la cárcel de Abu Ghraib hubo juicios e investigaciones en contra de menos de 10 soldados de Estados Unidos, cuando debería haber muchos más implicados. La verdad es que la cárcel estaba manejada en todas sus funciones por dos empresas privadas: CACI y Titan.
–¿Cuáles son las ventajas de externalizar ese tipo de tareas hacia las CMP?
–Que formalmente son civiles, entonces no pueden ser juzgados por la Justicia militar. Al mismo tiempo, en sus contratos se les asegura que no pueden ser sometidos a la Justicia civil de los países en los que actúan. Prácticamente se crea un campo de impunidad. Y la única vía de hacer algo en contra de esos crímenes es iniciar causas en Estados Unidos en contra esas empresas. ¿Cuántas víctimas tienen la posibilidad de hacer eso? Casi nadie.
–¿Se crea una suerte de marco normativo del accionar de estas empresas?
–Sí. Se legaliza todo el negocio de los mercenarios con ese marco de impunidad. Además, se externaliza la responsabilidad. Miles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, dijo que es muy cómodo trabajar con esas empresas porque, si mueren, no son soldados de Estados Unidos y, si hacen algo mal, la responsabilidad tampoco recae en los Estados Unidos. En el caso de las DynCorp, que hace las fumigaciones de supuestos cultivos de amapola y coca, en Colombia hay una causa internacional porque han fumigado parte de Ecuador. Pero la empresa dice que ellos no pueden decir nada porque parte de su contrato es no dar información a terceros. El contrato viene del Pentágono. Entonces si un congresista le pide rendir cuentas, el Pentágono presenta el contrato y dice: ellos hacen estas tareas. Si hacen algo más no lo podemos controlar porque es una empresa privada.
–¿Estas empresas son generalmente estadounidenses contratadas por el Pentágono?
–La mayoría. De hecho, la mayor parte del financiamiento viene de Estados Unidos. Del gasto militar a nivel mundial, Estados Unidos ejecuta la mitad. Hay empresas también en Europa, empresas rusas, en Asia. Pero las de Estados Unidos sólo trabajan con el consenso del Pentágono. Puede que entrenen al ejército de Corea del Sur, pero con acuerdo del Pentágono. A las empresas rusas u otras de países del Este las contrata quien tenga dinero.
–¿Cómo convive el ejército norteamericano con las CMP?
–Depende de qué sectores del ejército hablemos. En el campo concreto, probablemente haya conflictos, ya que los empleados de esas empresas de seguridad suelen ganar más dinero que los soldados. Trabajan en asuntos más riesgosos, con menos seguridad. Pero el trabajar juntos funciona muy bien porque las empresas de seguridad son fundadas y organizadas por ex miembros del ejército de Estados Unidos. También muchos políticos son dueños o copartícipes de esas empresas. Hay empresas como la MPRI, fundada por generales de Estados Unidos de la primera guerra contra Irak, que estuvieron durante un tiempo en las reuniones del Pentágono. Hay nexos personales muy estrechos. Eagle Aviation Services and Technology (EAST), que prestó el servicio a la CIA en los años ’80, es la encargada del transporte de maquinaria en el marco del Plan Colombia y del Plan antidrogas de América del Sur.
–¿Cuánto dinero manejan estas empresas?
–Es un negocio que debe estar manejando alrededor de 150 o 200 mil millones de dólares al año en el mundo. Las pequeñas fueron compradas por más grande, mueven mucho dinero, varias cotizan en la Bolsa. Se volvió un meganegocio en el que participan empresas que trabajan en otros campos. Pero también hay nexos entre empresas transnacionales de recursos naturales como petroleras y mineras.
–¿Puede darnos un ejemplo?
–En la guerra en el Congo, antes de que Laurent Cavila ganara, había transnacionales mineras que pagaban a mercenarios o empresas militares privadas para acompañar a las diferentes facciones. Una vez liberado un territorio minero, ya había ingenieros y las CMP con las mineras tenían el control del territorio y hacían un acuerdo con la facción ganadora para explotar el yacimiento.
–¿Cómo es la contratación de las CMP?
–Son contratadas para hacer trabajos. Y ése también es otro asunto para evadir el control. La ley norteamericana establece que todos los contratos que superan los 50 millones de dólares tienen que ser aprobados por el Congreso. Normalmente se fraccionan los contratos para que sean menores y el Congreso ni se entera de esos contratos o de que se estén haciendo esas misiones. Es la posibilidad de Estados Unidos de hacer intervenciones militares en otros países sin que aparezcan como tales, porque no son sus soldados los que actúan. Todos sabemos el impacto público que causa la imagen de los soldados muertos con la bandera yanqui que regresan a EE.UU. Eso no sucede si se muere un empleado de una empresa privada: no causa indignación pública porque es como si se muriera un empleado de la IBM en Singapur. No le importa a nadie. En Irak se puede asumir que han muerto, como mínimo, 2 mil empleados de CMP. Eso ayuda a mantener el número de los caídos en un nivel bajo.
–¿Contratan empleados en América latina?
–Lo de reclutar en América latina ha crecido mucho en los últimos cuatro años. Antes reclutaban mucho en Filipinas, Nepal, Fiji, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Más acostumbrados a trabajar con cierta modalidad. En Nepal, los gurkas tienen una tradición de 150 años de mercenarios, y los de Fiji obtuvieron mucha formación en misiones de la ONU.
–¿Hay una estimación de cuánto destinan las empresas transnacionales al financiamiento de seguridad con apoyo militar?
–Seguramente lo tienen incorporado al presupuesto, pero es difícil estimar. En la Argentina, la Repsol está trabajando con empresas de seguridad privadas para darles seguridad a sus campos petroleros.
–¿Qué tipo de actividades realizan esas compañías en la Argentina?
–Actividades de seguridad que probablemente signifiquen también espiar a movimientos sociales con posiciones contrarias a la explotación petrolera o control del territorio. La ventaja es que no necesariamente el Estado da gratis los policías o militares que la empresa considera necesarios para ese control, en cambio para la empresa privada es más importante lo que diga el que la contrata que lo que diga la ley.
–¿Sabe cuáles son las empresas contratadas por Repsol en la Argentina?
–Yo no lo sé. Pero se necesita menos gente para resguardar un pozo petrolero en la Argentina que en Colombia.
–¿Cómo aparecen en los medios de comunicación estas empresas?
–Un caso que pasó mucho por la prensa fue en 2004 en Fallujá, donde hubo imágenes fuertes de unos supuestos civiles –como explicó en principio la prensa– que fueron atrapados por la población iraquí, asesinados y sus cuerpos quemados y colgados en un puente. La prensa dijo que esa gente acompañaba un convoy. Formalmente eran civiles, pero eran empleados de Blackwater, una de las empresas más grandes en el campo militar. Estaban dando seguridad a un convoy de soldados norteamericanos, un trabajo militar. El problema es qué información obtiene y brinda la prensa. Toda la información que hay del conflicto en Irak pasa por el departamento de relaciones de prensa del ejército de Estados Unidos. Son reportes de prensa militares. Ellos sólo reportan acciones en las que participan los soldados del ejército norteamericano, pero como hay más empleados de empresas militares que soldados, sobre muchas acciones no tenemos ninguna información. Hubo empleados de empresas privadas que repelieron el ataque de las fuerzas rebeldes iraquíes cuando la ciudad de Falluja estuvo tomada por la resistencia. Las fuerzas de la empresa Blackwater se infiltraron para hacer atentados y poner bombas.
–¿Los empleados de las CMP son los contratistas que menciona la cadena CNN, por ejemplo?
–Sí, son los empleados de estas empresas. El ejército contrata a las empresas y las empresas a estas personas. Pero no sólo el ejército. En Irak todas las embajadas y empresas contratan CMP para custodia y seguridad. En Colombia, la colombiana Ecopetrol, que explota campos petroleros junto a la OXI de Estados Unidos, contratan a la CMP AirScan de Florida para hacer sobrevuelos y obtener información de tropas insurgentes que estén cerca de los campos y el oleoducto desde el Caño Limón al puerto donde se exporta petróleo a Estados Unidos. En 1998, el pueblo de Santo Domingo fue bombardeado por helicópteros del ejército colombiano y dejaron casi 20 muertos. Se hizo una investigación, se les hizo juicio a los pilotos del ejército colombiano y dijeron que bombardearon, pero sólo siguiendo órdenes. AirScan pasó información al ejército de que en ese pueblo había una columna guerrillera, por eso se bombardeó.
–Entonces cuidan los negocios de empresas y brindan servicios al ejército.
–Es parte del trabajo. En el caso del campo petrolero de Caño Limón es una cooperación bien organizada y compartida. La empresa de seguridad es pagada por las empresas y apoyada por el ejército colombiano y de Estados Unidos con tecnología. Es un conjunto de empresas públicas y privadas, ejércitos, CMP y policías que conforman una red que garantiza la salida del petróleo de Colombia a Estados Unidos.
–En este entramado, ¿las CMP tienen relación directa con los Estados y los ejércitos?
–La operatoria es la siguiente: Estados Unidos hace el Plan Colombia y gran parte del dinero nunca llega a Colombia, sólo cruza la calle del Pentágono, ya que enfrente están las sedes de muchas de las empresas privadas militares que van a “trabajar” a Colombia. Hay que destacar que mientras en las guerras clásicas los soldados tenían el interés de terminar la guerra, estas empresas no, porque sólo ganan si hay conflicto. Probablemente no actúen con el espíritu de terminar con esos conflictos porque perderían su trabajo.
–¿Tienen vínculos comprobados con el narcotráfico en Colombia?
–Hubo casos de varios empleados de empresas que estuvieron implicados en casos de narcotráfico. Es muy difícil averiguar, pero se puede suponer que hay algunos contactos entre algunas empresas y el narcotráfico.
–Dentro de las tareas de las CMP en Colombia, ¿se incluye el accionar contra dirigentes sociales?
–Sí, la British Petrol contrató una empresa que hacía trabajos de inteligencia con movimientos sociales e indígenas que estaban en la zona. Los paramilitares asesinaron líderes sociales y se sabe que las CMP pasaban información al ejército. Los militares dicen que no los mataron, que fueron los paramilitares, pero el nexo queda claro.
–¿Cómo actúan estas compañías en México?
–Hay algunos mercenarios israelíes que apoyaron el entrenamiento de la formación de grupos paramilitares en Chiapas. Pero es poco claro. México es más construcción de paramilitarismo. El modelo paramilitar en México es diferente al colombiano. En Colombia se organizaron tropas irregulares que se adueñaron de tierras, casas, etcétera. En México se crean comunidades paramilitares. Se las infiltra, se las prepara y se las vuelve comunidades paramilitares.
–¿Cómo se vincula el accionar de estas compañías con la violencia de género en Guatemala?
–El de Guatemala es un caso anterior de construcciones paramilitares como las autodefensas civiles, pagadas para apoyar al ejército en su trabajo genocida. La violencia de género encaja porque es parte integral de la guerra desde siempre. Se asesinaban a los hombres y violaban y se quedaban con las mujeres. Eso rompe el tejido social de toda la comunidad.
–Estas estructuras paramilitares, con las CMP y los Estados, ¿conforman modos de control social y paraestatalidades?
–Sí, paraestatalidad porque tienen territorio o representan al Estado. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar colombiano –quien fue extraditado el 15 de mayo último para ser juzgado en Estados Unidos–, dijo en una entrevista a RCN que controlaban congresistas y que, para llegar al cargo, tenían que acordar con ellos, si no, no recibían votos. Colombia es claramente un narco-Estado paramilitar. No controlan zonas sino que están en el Estado. Esto también explica los nexos con las empresas privadas. En el norte de Colombia, empresas bananeras pagaban un porcentaje por cajón de bananas a los paramilitares para la seguridad. Para ver los lazos estrechos de la política y los paramilitares, otro jefe paramilitar, Diego Murillo, alias Don Berna –también extraditado–, dijo que existían bajo los gobiernos y Estados que los llevaron a velar por la Justicia “con nuestros propios puños y nuestros propios medios. Si hablan de cárcel por lo que hicimos, todos ellos deben ir con nosotros”.
–¿Hay empleados de las CMP rehenes de las FARC?
–Hay tres, pero es un caso complicado. Una avioneta, prestada por el Pentágono a una empresa, sobrevolaba las zonas guerrilleras para pasar información de columnas y jefes guerrilleros al ejército y fue abatida. Se suponía que los estadounidenses en manos de las FARC eran de la empresa, pero luego se supo que eran de la CIA y que se usó a la empresa como pantalla.
–¿Existe alguna estrategia de Estados Unidos para América latina donde participen las CMP en el mediano largo plazo?
–Hay dos elementos, uno es una gran base de datos de ex militares formados que participaron en dictaduras y fueron adaptados a las formas nuevas de actuar del ejército de Estados Unidos para trabajar en Irak. Hay miles de empleados latinoamericanos trabajando para las CMP: ex militares de la Argentina, Chile, Honduras, El Salvador y policías especiales de Brasil, Perú. Neskowin tenía su sede en Montevideo y reclutaba ex militares argentinos y uruguayos para la Blackwater en Irak. La segunda es la ampliación masiva del paramilitarismo en algunos países de Latinoamérica. En Venezuela empieza a tener contactos con grupos de oposición, en Bolivia también con los autonomistas de Santa Cruz y en Ecuador para formar como una especie de contra stand by a mediano plazo. En Venezuela se puede traducir en una combinación entre las estructuras paramilitares y personal contratado que monte algo similar a la contra como fue en Nicaragua.
No hay ninguna duda. La crisis política se profundiza en Colombia. Se ratificó algo que hace rato está en la mente de la gente sana y decente de este país: este gobierno es totalmente ilegítimo. La Corte Suprema de Justicia ha planteado con absoluta claridad, que el episodio legislativo que le dio legalidad a la reelección de Uribe fue aprobado mediante un acto delictivo. La condena por cohecho de Yidis Medina es la prueba categórica e irrefutable. Por ello le ha solicitado a la Corte Constitucional para que revise el acto que reformó la Constitución.
Por otro lado, la infiltración, complicidad, contubernio y maridaje del actual gobierno con el paramilitarismo es también más que evidente. La tercera parte de la bancada parlamentaria uribista está en la cárcel o investigada por la “parapolítica”. Sin embargo, el ejercicio autoritario del poder, la aureola de “pacificador” y el manejo mediático de la información, le han permitido al actual mandatario colombiano comprar la fidelidad de los jefes de las AUC (incluyendo su extradición), ha podido ocultar la verdad, y neutralizado parcialmente la justicia.
Pero la acumulación de problemas no le da tregua. Hoy se encuentra cuestionado internacionalmente por agredir a países vecinos con el pretexto de combatir el terrorismo; importantes organismos internacionales, entre ellos, la ONU, han discutido la validez y la conveniencia de la extradición de los “capos” paramilitares, denuncian al gobierno por no tener voluntad política para enfrentar el delito de la desaparición forzada, y le exigen garantizar el derecho fundamental de las víctimas del paramilitarismo a obtener verdad, justicia y reparación.
Frente a la gravedad de la sentencia de la Corte, el gobierno arremetió violentamente contra el máximo tribunal de justicia, señalándolo de no ser objetivo, de “aplicar una justicia selectiva”, y ha propuesto la convocatoria de un referendo popular para revalidar su ilegítima reelección. La precaria institucionalidad democrática está en vilo en Colombia. Uribe, preso de sus contradicciones, se desliza hacia una dictadura apoyado en su popularidad mediática y en la fuerza del imperio.
La dinámica corrupta y mafiosa que ha alimentado este gobierno no le permite medir por un instante las consecuencias de sus actos. Uribe no tiene marcha atrás. Los sectores poderosos beneficiarios de su proyecto político (transnacionales capitalistas, monopolios económicos nacionales, sectores reaccionarios del ejército, políticos corruptos de todo pelambre y sus aliados mafiosos) y los intereses estratégicos de los EE.UU. (vitales para el imperio en este momento de la vida política de América Latina) lo obligan a ir hasta las últimas consecuencias. Intentará no sólo legitimar su mandato sino que va a tratar de pasar por encima de las Cortes y de la precaria institucionalidad democrática del país. Hace rato inició ese camino, y por ahora, cuenta con la fuerza para avanzar en esa dirección.
Las fuerzas democráticas colombianas deben actuar con rapidez y contundencia ante este crítico panorama. Se debe tener claro que los delitos cometidos por este gobierno ya no le permiten dirigir a la nación. Tampoco se puede consentir que Uribe utilice el poder estatal para convocar un referendo legitimador de su conducta delictuosa. Por ello ya no se trata de construir el “germen” de un gobierno de Unidad Nacional. Definitivamente, para enfrentar la ilegitimidad del gobierno y su amenazante poder dictatorial, la tarea inmediata es iniciar el proceso de reemplazarlo.
El Polo Democrático Alternativo tiene hoy una oportunidad de oro. Debe tener claro que para derrotar a Uribe, y al imperio (en el terreno político), se requiere construir la unidad más amplia posible entre las fuerzas que se oponen a la dictadura uribista. Tiene que ponerse a la cabeza de las fuerzas democráticas proponiendo con fuerza y claridad un programa mínimo que le de vida a ese nuevo gobierno de transición, que servirá para despejar el camino hacia la elección de un verdadero gobierno democrático y la derrota de las políticas neoliberales.
Las fuerzas democráticas deben jugar y deben hacerlo bien. Algunos sectores de la burguesía no comprometidos totalmente con el régimen mafioso, o que se quieren deslindar de él para no deslegitimarse, van a tratar de recomponer su poder mediante los acuerdos burocráticos y las salidas legalistas (formales). La situación es de hecho: hay que salir del gobierno de Uribe. Antes de hablar de referéndum, asambleas constituyentes o cualquier otro mecanismo legal, hay que colocar el tema de quién tiene legitimidad para convocar. Ese gobierno de transición no puede surgir de una elección, debe ser el resultado de un gran acuerdo político SIN URIBE Y CONTRA ÉL. Ese es el meollo del asunto.
La principal tarea del nuevo gobierno de Unidad Nacional será rescatar la democracia colombiana sobre la base de retomar el espíritu participativo de la Constitución de 1991. El gobierno de transición que reemplace a Uribe debe revisar una serie de acciones gubernamentales aprobadas durante su mandato que también son ilegítimas, y debe comprometerse a consultar amplia y participativamente al pueblo sobre esos temas (TLC con los EE.UU., la ley de justicia y paz, la política “antidroga” impuesta por Washington, la extradición de los paramilitares, la política de paz, y otros).
No es el momento de salidas jurídicas y formales, se necesita un gobierno de transición de hecho.
Fernando Dorado, integrante de base PDA Cauca.
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El presidente colombiano, Alvaro Uribe, anunció que le pedirá al Congreso tramitar un proyecto de ley de referéndum para que se convoquen elecciones y se repitan los comicios de 2006, después de que la Corte Suprema de Justicia pidió investigar la reelección del jefe de Estado. El anuncio del jueves por la noche desencadenó fuertes críticas de diversos sectores e incertidumbre sobre los detalles del proyecto de ley que presentará al Congreso. A su vez, la oposición de izquierda acusó ayer al presidente colombiano de “dictador” y “tirano”.
El sorpresivo anuncio de Uribe se produjo luego de que la Corte Suprema pidió a la Corte Constitucional y a la Procuraduría que revisen la eventual ilegalidad de la reforma que permitió la reelección, tras una presunta “desviación de poder”. Uribe –quien tiene el más alto índice de popularidad de la gestión–, en su alocución acusó a la Corte de “presionar indebidamente, mediante abuso de poder y usurpación de competencias” y de aplicar “una justicia selectiva”. De prosperar la iniciativa, el mandatario podría continuar en el poder más allá del 2010 cuando vence su actual período, sin necesidad de que se apruebe una nueva reforma constitucional que facilite su segunda reelección consecutiva y de la cual desistió en distintas oportunidades en los últimos meses.
La expresión de la Corte se produjo horas después de que el tribunal condenó a tres años y cuatro meses de prisión a la ex parlamentaria Yidis Medina, acusada del delito de “cohecho” al admitir haber aceptado cambiar su voto contrario a la reelección por la promesa de beneficios ofrecidos por el gobierno. La denuncia de Medina, quien dijo actuar porque el oficialismo no cumplió con las dádivas políticas prometidas, involucra a varios funcionarios del gobierno de Uribe y para la Corte pone en duda la legalidad de la enmienda constitucional que permitió la reelección presidencial.
El pedido de Uribe al Congreso, conducente a repetir las elecciones generales de 2006 en las que ganó con el 62 por ciento de los votos, fue reprobado ayer por el principal partido de oposición, el opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), que calificó como una “monstruosidad” la propuesta. Carlos Gaviria, el ex candidato presidencial del PDA en las elecciones en que Uribe consiguió su actual mandato, afirmó que el pronunciamiento del mandatario colombiano es insólito y demuestra que es “incapaz de gobernar en un estado de derecho”.
“Uribe utiliza al pueblo como un dictador utilizaría al ejército o a la policía. Está inaugurando una dictadura populista”, afirmó Gaviria tras sostener que la voluntad popular no puede autorizar al presidente a “pasar por encima de la Constitución”. Rafael Pardo, precandidato presidencial del Partido Liberal, opositor, afirmó que a un fallo judicial no se le puede responder con un referendo y que la propuesta de Uribe es “una exageración” que puede llevar a la “desestabilización del país”.
Por su parte, el senador del PDA Gustavo Petro, uno de los más duros críticos de Uribe y quien destapó el escándalo de la “parapolítica”, que tiene bajo investigación por nexos con paramilitares a unos 60 congresistas, en su mayoría oficialistas, aseguró que se está construyendo una tiranía. “Generalmente los tiranos buscan plebiscitos para tratar de relegitimar sus actos, cosa que el presidente está intentando hacer con el referendo, pero eso no tapa, no oculta, lo que ya pasó, que fue que la reelección se hizo a partir de un crimen”, afirmó Petro.
Entretanto, el portavoz del Partido Liberal, Héctor Rojas, rechazó la iniciativa de Uribe y añadió que a lo que conduce esa propuesta “es a una dictadura” que no pueden patrocinar “desde ningún punto de vista”. “Aquí hay una gran confusión, ¿cómo vamos a repetir unas elecciones? ¿Con los mismos candidatos? ¿En las mismas circunstancias? No, aquí lo que hay es una amenaza del presidente de que si el fallo no es conforme a sus intereses nos amenaza con el pueblo”, afirmó.
El analista político Pedro Medellín afirmó que esa propuesta es de una gravedad institucional y jurídica sin precedentes en la historia de Colombia y que está antecedida por un grave señalamiento de parcialidad e incapacidad del sistema judicial por parte de la primera autoridad del país.
El jueves por la noche, Uribe dio un mensaje al país en el que rechazó la decisión de la sala penal de la Corte Suprema, de pedirle a la Corte Constitucional que estudie la forma en que el Congreso aprobó en 2004 la reelección presidencial en medio de denuncias de irregularidades.
“Convocaré al Congreso para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006, con idénticas o mayores restricciones para el presidente que aquellas que en su momento impuso la Ley de Garantías Electorales”, dijo Uribe en una locución radio-televisada.
Uribe recordó que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó antes de ser extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo que los “paras” tenían infiltrada a la Corte Suprema.
“Varios informadores me han dicho que pueden localizar el sitio donde está enterrado Tiro Fijo, y ellos están en camino hacia aquel lugar, aunque la tarea es difícil por la topografía hostil y las dificultades de la marcha.” Así se expresó ante la ansiosa prensa el comandante de la VI Brigada del ejército colombiano sobre la presunta suerte de Manuel Marulanda Vélez.
Precisó que sus tropas, coordinadas con civiles, proseguían con la intensa tarea de encontrar el cuerpo del guerrillero en la zona de Marquetalia, al sur occidente del país. “Estoy optimista sobre la comprobación de las versiones de la muerte del bandolero y se está investigando ocularmente y con acopio de informaciones [...].” Seguía diciendo el mando militar: “Estamos haciendo los esfuerzos para buscar la verificación de los informes bastante verosímiles que conocemos. El ofrecimiento de las gentes de recuperar el cadáver es una buena base de optimismo.” Precisando: “La recompensa ofrecida se entregará cuando se identifique el cadáver.
El comandante ratificaba lo que en días anteriores había dicho al principal diario del país, El Tiempo: se conocían los “rumores” sobre el deceso por heridas causadas en combate “al jefe bandolero”.
Efectivamente, dando como cierta la versión militar, el medio de prensa había destacado en sus principales páginas días antes: “Tiro-Fijo fue herido desde un avión. El brazo le quedó inútil por la rotura de las articulaciones y el destrozo de los músculos. Tiro Fijo continuó entre el monte, y en contacto de fuego con tropas de tierra y fue alcanzado en una pierna por una ráfaga de fusil ametralladora […] Sin drogas, ni elementos de curación, la pierna se gangrenó y la cuadrilla de antisociales, después de errar por la serranía, resolvió buscar las cabeceras del río Atá, llevando en parihuela a Tiro Fijo […] Allí Tiro Fijo ordenó a sus hombres internarlo en un monte más espeso y abandonarlo, diciendo que su muerte era inminente y no debía él ser un estorbo para sus hombres. La cuadrilla no obedeció y continuó la marcha con suma lentitud [..] la cuadrilla estaba integrada por 20 hombres heridos en su mayor parte, esqueléticos, hambreados, descalzos, con ropas convertidas en andrajos […].”
No. Podría ser, pero no lo es. Aunque el ministro de Defensa de Colombia aseguró en mayo 2008 que el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, Marulanda Vélez, habría muerto dos meses antes debido a las heridas provocadas por bombardeos, estaba equivocado. “Tirofijo”, como lo trataban sus enemigos y detractores, se fue físicamente de este mundo en marzo, cuando el corazón le sentenció: ‘te fui leal por 78 años, pero hasta aquí te acompañé.’
El comandante de la VI Brigada no solamente estaba equivocado: Lo que hacía era anunciar aquello que se constituyó en “la primera muerte” del guerrillero. Porque esas informaciones que entregara a la prensa el coronel Hernando Currea Cubides, y que tan eufóricamente la prensa reseñara, son de fechas bien lejanas.
Cuando el militar dijo que se estaba en camino de encontrar el cadáver, El Tiempo lo hizo público al día siguiente: 5 de enero 1965. Sobre el cómo deambulaban con su cuerpo herido, el mismo diario lo narró con absoluto detalle el 27 de diciembre de 1964. Y, entre paréntesis, en esta narración se puede constatar la pérfida imaginación que ya tenían militares, gobernantes y medios de prensa, pues nadie, nadie, había sido testigo de ese algo que nunca existió.
Hace 43 años, entonces, el Estado colombiano mató por primera vez al emblemático luchador colombiano. Después, muy regularmente, los gobernantes, Fuerzas Armadas y sus paramilitares lo mataron a tiros o bombazos. Y cuando por ahí fallaban, se contaba que sus propios hombres lo habían fusilado para cobrar la recompensa. O porque ya estaban cansados de la vida guerrillera. Y como hoy, la gran prensa siempre se regocijó, casi revolcándose en sangre, sin importarle pedir disculpas por no haber verificado antes de desinformar. Mejor dicho, por mentir.
Su sagacidad y dotes natos de estratega político y militar no le permitieron a sus enemigos ni tan siquiera tocar su verdadero nombre: Pedro Antonio Marín. El mismo lo fue enterrando por allá en 1949, cuando con apenas 19 años de vida decidió “enguerrillarse”, “enmontarse”, sin saber que sería uno de los principales constructores de las FARC. Organización que nació a mediados de los años sesenta, casualmente poco después de haber sido muerto esa primera vez.
Cuando al jefe guerrillero le criticaban la lucha armada solía decir: “Nosotros no impusimos la violencia, la violencia nos la impusieron a nosotros.”
Manuel Marulanda Vélez murió “de verdad” en brazos de su compañera, sabiendo que las causas de la lucha guerrillera en Colombia siguen presentes como nunca antes: la pobreza, la intransigencia política de las elites y el terror estatal.
Hernando Calvo Ospina.
Colaborador de Le Monde Diplomatique. Autor, entre otros, de “Colombia, Laboratorio de Embrujos”. Akal-Foca, España, 2008.
La información de El Tiempo es tomada del libro de Arturo Alape: “Manuel Marulanda, Tirofijo”. Editorial Txalaparta. España, 2000.
CARTA DE PIEDAD CÓRDOBA A LA REVISTA SEMANA | | | |
Escrito por Piedad Cordoba | |
15-06-2008 a las 16:18:05 | |
Respetado señor Director: |
Nos robaron la tierra y seguimos cultivando,
Nos quitaron la comida, el agua y seguimos trabajando,
Nos violaron y ultrajaron y seguimos confiando,
Nos amenazaron y seguimos caminando,
Nos desaparecieron, nos masacraron y seguimos vivos,
seguimos denunciando, seguimos organizándonos, seguimos luchando!!!
Indígena de la comunidad Nasa, Cauca -Colombia.2006
En el 2002, asume la presidencia Alvaro Uribe Velez, hijo de un latifundista del norte del país, creador de las Convivir (autodefensas campesinas promovidas y financiadas por el narcotráfico) en los departamentos de Cordoba y Sucre ( Nororiente Colombiano) director de la Aeronáutica Civil (1980-1982) cuando era amigo del narcotraficante Pablo Escobar. Es elegido por su discurso militarista de derrotar la guerrilla en menos de tres de meses por medio su política de seguridad democrática.
Gracias al narcotráfico y la represión militar se elige un senado apoyado por el paramilitarismo que a su vez ratifica la política militar de Uribe. Este, separándose del liberalismo y creando su propio partido (el partido de la U), encamina a la derecha reaccionaria para aplicar y ejercer un discurso de reformas sociales, supuestamente necesarias para el país. Es así, como reduce los ministerios, hace una reforma laboral donde las contrataciones son más cortas y con salarios integrales que no suben de los 200 euros (el costo de vida de un colombiano es de 600 euros), con un desempleo del 25% la más alta de América Latina, e impidiendo que los profesionales y trabajadores se jubilen. Sin dejar atrás, el encarecimiento y privatización de la educación, de la salud, la entrada de multinacionales como la Repsol que desplazan y asesina campesinos (Ayudado de paramilitares) y el fortalecimiento de las fuerzas militares (educados por Israelitas y Estadounidenses) para la supuesta derrota militar de la insurgencia.
Además, el “proceso de paz” llevado a cabo con los paramilitares que se desenlaza con la entrega según el gobierno de 12.000 paramilitares y que con la ley de justicia y paz, ablanda cualquier tipo de judicialización por parte del gobierno. Entrega que abre un capitulo más de genocidio e impunidad de parte del Estado Colombiano, encontrando (“gracias a las declaraciones de los paramilitares, entre ellos Mancuso y jorge 40” íntimos amigos del hermano del presidente) más de 3000 fosas comunes, 1700 indígenas muertos, 2550 sindicalistas muertos, 950 ejecuciones, en los últimos 5 años. Sin olvidar las denuncias sobre senadores corruptos y asesinos de poblaciones donde tenían sus negocios de coca y pactos con el paramilitarismo, sin que se escape la inteligencia militar colombiana como el anterior encargado del Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S).
Pero como no basta con acallar al pueblo de forma sangrienta, también el actual presidente da carta blanca a las potencias del mundo para que se lleven nuestros recursos y exterminen no solo con la naturaleza, sino también para que exploten nuestro pueblo y violen sus derechos humanos. De los 44 millones de habitantes, 20 millones viven en la pobreza (es decir viven con menos de dos dólares diarios) y 10 millones viven en la miseria (es decir viven con un dólar diario). El 70% de la población se concentra en las ciudades y el 30% en el campo. La salud está privatizada en manos de Colsanitas, la energía es de Endesa, el gas lo maneja Gas Natural, la telefonía nacional es de Telefónica que tiene las mayores acciones en Colombia, el grupo Prisa compro una de las cadenas radiales mas grandes del país (Caracol) y editorial Planeta tiene a su cargo el único periódico de distribución nacional, El tiempo. El banco ganadero es del BBVA y Aguas de Barcelona controla el 90% del agua en Cartagena (Distrito Turístico).
Sumado a esto, no existe la mínima intención de hablar con la insurgencia, la mediación de pueblos hermanos como el venezolano, que por medio de la senadora liberal Piedad Córdoba, se hizo la entrega de rehenes políticos con la intención de crear ambiente para la negociación. Pero el gobierno derechista de Uribe, no dio luces para hablar con la guerrilla de las FARC-EP. Por el contrario agudiza los enfrentamientos y ataca constantemente para acorralar y desvirtuar su política. Claro ejemplo de ello, fue el bombardeo al campamento de Raúl Reyes que se efectuó de forma salvaje, entrometiéndose en territorio extranjero (Ecuador) sin permiso y con la ayuda del Ejercito Estadounidense. Además, manipulando la supuesta información de los computadores encontrados.
Esta acción militar, demuestra que el gobierno Colombiano es capaz cometer atrocidades en contra no solo de la insurgencia (saltándose todas las reglas de la guerra), sino a su vez, en contra de los pueblos hermanos para generar crisis y argumentar la invasión de Estados Unidos en sus territorios con el discurso de perseguir a las FARC-EP. Desestabilizando las relaciones internacionales y creando un ambiente de tensión en las zonas limítrofes del país.
Es así, como se ha generado una corriente de opinión a nivel internacional apoyando el gobierno Narco-paramilitar de Alvaro Uribe Vélez y desvirtuando toda la lucha social colombiana y latinoamericana. La muerte de Manuel Marulanda (Tirofijo), se presentó como un triunfo del Ejercito Colombiano, diciendo en un principio que pudo haber muerto gracias a los diferentes bombardeos en la zona sur oriental del territorio, pero luego se demuestra que el guerrillero más viejo del mundo, muere por un infarto cardiaco. No pudieron vanagloriarse de su muerte y mucho menos silenciar las miles de condolencias y actos realizados por los diferentes grupos, organizaciones, partidos e intelectuales de diferentes países.
No podemos dejar atrás, la manipulación de los medio de comunicación, que evitan informar la relación del narcotráfico con la familia de Uribe, o la extradición de los 14 paramilitares amigos del Presidente que estaban declarando sobre las atrocidades que cometían con los campesinos ( matanzas con moto sierra, descuartizados, torturas, desapariciones) y ahora serán absueltos con casas por cárcel y sin reparación a las víctimas. Es muy difícil encontrar prensa alternativa o periodistas capaces de mostrar la versión real, sin que este manipulada por el gobierno o la derecha Colombiana. Y los valientes a realizarlo, son asesinados y en el mejor de los casos tachados de terroristas.
El conflicto en Colombia se resolverá en el instante en la crisis social, política y económica se superen. Somos un pueblo con hambre, con desigualdad social (son 5 familias las que tienen todos los medios de producción, entre ellos Julio Santodomingo con 5.700 millones de dólares el 132 más rico del mundo), sin educación (con la tasa de analfabetismo más alta de América latina), sin salud, sin recreación y sin justicia!!! Los primeros en asesinatos a sindicalistas, a defensores de derechos humanos, a campesinos, a indígenas, a mujeres, a niños.
Pero, los colombianos seguimos adelante, con el legado de nuestros abuelos, padres y hermanos que han luchado con valores éticos y dignidad, no dejaremos que unos pocos acallen nuestros sueños, no dejaremos de sonreír, de cantar y pelear por un país diferente. Necesitamos que miles de personas, se enteren de la realidad, que se cuestionen ante lo que los medios dicen, que apoyemos y defendamos las luchas de los pueblos y sus organizaciones; que sin temor a la muerte continúan trabajando de sol a sol para que la gran Colombia se convierta en un territorio prospero, justo y en Paz.
No hace mucho María Jimena Duzán en su columna del diario El Tiempo de Bogotá volvió a sacudir la mata: "Por ahí anda empolvándose una denuncia contra el ex fiscal Osorio en la Comisión de Acusaciones de la Cámara… Sí, cómo no, el mismo ex fiscal que Uribe propuso clonar". Y la doctora Marcela Roldán, ex fiscal delegada ante los jueces penales especializados y actualmente jueza penal municipal en Bogotá, concedió para El Espectador un explosivo reportaje que por su contenido e implicaciones no merecía el silencio sepulcral a que fue sometido por los medios y la opinión. Sin embargo, urgidos por el prurito de que aquí en Colombia alguna vez se aplique aquello de la "pronta y cumplida justicia", confiamos en que su contundente testimonio sí haya llegado a los oídos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, destinataria "natural" de tamaña denuncia.
De entre sus muy graves aseveraciones pueden destacarse las siguientes:
"Llamé a indagatoria a los generales Del Río y Millán y les dicté medida de aseguramiento como determinadores del delito de falsa denuncia… Llegó el fiscal Luis Camilo Osorio e inmediatamente ocurrió el despido del coordinador de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, y de los fiscales que llevaban el proceso de los generales por paramilitarismo. Entonces me dije: “sigo yo”… luego, el fiscal Osorio me pidió el proceso para enviarlo a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien sugirió que yo continuara con éste. El proceso regresó a mis manos… Días después me enviaron a un reemplazo a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal. Después repartieron el proceso a una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, que cesó procedimiento a los generales. Con un argumento absurdo: como ya habían sido condenadas dos personas como autores materiales de la falsa denuncia, los generales no tenían nada que ver… Cuando volví de vacaciones, me declararon insubsistente… Lo que vimos es que el general Rito Alejo del Río sí estaba involucrado con el paramilitarismo y en la época del doctor Osorio ocurrieron muchas cosas que no me permitieron continuar investigando… Del contexto que rodeó a la Fiscalía en la administración del doctor Osorio se debe hacer una lectura y el país tiene que conocerla. Todos y cada uno de los fiscales que salimos entonces, tenemos una explicación que motivó la declaratoria de nuestra insubsistencia. Yo creo que el país aún no ha dimensionado la fuerza devastadora de ese señor Osorio a su paso por la Fiscalía…"
Pero veamos grosso modo lo que la doctora Roldán no duda en calificar como "la fuerza devastadora de ese señor Osorio a su paso por la Fiscalía" y el alcance y los efectos de tal "gestión".
Entre el 2001 y el 2005, y el país hasta ahora comienza a hacer claridad sobre ello, el fiscal Luis Camilo Osorio dio muestras desconcertantes de cómo se puede ejercer un cargo de manera “relajada”. Cabeza del ente encargado de investigar y acusar ante la justicia, durante este periodo hacía por pasar de "agache" a punta de silencios y omisiones en un país ensangrentado por la violencia paramilitar de la cual él, por razones obvias, tuvo que haber estado debidamente informado y documentado. Casi todo lo que últimamente se ha venido descubriendo sobre alianzas de políticos con paras a raíz del interés puesto en ello por la actual fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, ¿no fue acaso del conocimiento del flamante embajador italo-mexicano del presidente Uribe? Más que desazón, produce miedo pensar en el presunto reinado del “laisser faire, laisser passer” de la criminalidad desatada durante esos años. Y para colmo, la primera aparición retórica del doctor Osorio, luego de que notables columnistas empezaran a preguntarse tras el destape, “Y del fiscal Osorio, ¿qué?”, fue para decir que "no recordaba ciertas cosas..."
Y así estamos aún, con el recurrente alzhéimer pavoneándose.
Pueda ser que sean ciertos y prosperen los tres procesos iniciados en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el "insólito" ex fiscal por la inferida infiltración paramilitar durante su mandato no sólo en el Congreso y el ejecutivo, sino también en la Fiscalía y en sectores de preponderancia social como el de los empresarios, los terratenientes y la Fuerza Pública.
Y es que la suspicacia en este caso deja sus perfiles de especulación para devenir en una especie de intuición juiciosa. ¿Quién entiende que durante su administración, con iguales pruebas como las que aparecen hoy sustentando medidas de aseguramiento para varios parlamentarios, no se profundizara en el esclarecimiento de aquellos hechos y por el contrario, por ejemplo, como se sabe, se archivaran casos como el del ex gobernador Salvador Arana -ahora preso después de huir de la justicia durante varios meses- sin valorar evidencias ni compulsar copias ante la Corte?
Alguien afirmaba que una acusación contra Osorio acumulaba como pocas un acerbo probatorio digno de un final que terminaría irremediablemente haciéndoles justicia a las víctimas resultantes tras su inexcusable silencio. Y así lo respaldaba: “Para que la Cámara de Representantes en ejercicio de sus facultades consagradas en el artículo 178, numeral 3º de la Constitución... estudie si debe acusar ante el Senado al ex fiscal Osorio por el delito de prevaricato por omisión, conducta en la que incurre el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, la cual se agrava cuando se realiza en actuaciones judiciales y administrativas que se adelanten por delitos tales como homicidio, desaparición forzada, secuestro, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico...”
Y veamos más.
Si a Osorio habrá de recordársele por algo, aparte de sus sonadas omisiones, será por sus otras también censurables acciones cuando se dedicó a difamar y hostigar a los defensores de los derechos humanos, al sindicalismo y a todo aquel que estuviese política e ideológicamente alejado del sistema y de los intereses que él defendía.
¿Acaso el tratamiento que permitió que se le diera a la perversa, ignominiosa y torpe incriminación del profesor Alfredo Correa de Andreis con las FARC no se supone que contribuyó a apuntalar su destino fatal?
Pienso ahora que al ex vicefiscal Jorge Armando Otálora le llegó la oportunidad imperiosa de servir en la acusación dentro del juicio que forzosamente deberá hacerle el Congreso, o que en su defecto, aunque tan sólo con alcances de condena histórica, le hará algún día la opinión pública.
El otrora acusador, es ahora el acusado.
¡Quién lo creyera!
*Escritor
Website: http://www.geocities.com
A mis camaradas y compatriotas, a mis familiares y amigos, a mis conocidos y relacionados, a todos informo por este medio que, desde el 2 de julio, me he pasado al bando de los estúpidos, es decir, desde esa fecha y hasta el día de mi muerte, soy y seré uribista fanático; soy y seré convicto y confeso seguidor de la ultraderecha, del uribismo, del neofascismo, el narcoparamilitarismo y del terrorismo de estado.
Confieso que hasta ese memorable e histórico día, cuando el glorioso ejército de Colombia ejecutó la portentosa, imponderable, maravillosa e inolvidable proeza, bautizada por nuestro máximo héroe, Álvaro Uribe Vélez, como la Operación Jaque, que supera táctica y estratégicamente la batalla de Boyacá (razón por demás suficiente para dividir nuestra común historia en dos períodos fundamentales: antes del 2 de julio y después de la Operación Jaque), confieso que hasta entonces por Uribe yo sentía repugnancia, me daba asco cada vez que veía su imagen de enano siniestro narcoparamilitar, su pinta de perro faldero del imperialismo y del estado narcoterrorista estadunidense y su infame postura de saboteador de la unidad suramericana, pero –lo confieso sin ningún pudor-, gracias a Ingrid Betancourt, a Globovisión y a Venezolana de Televisión (“…gracias, medios de comunicación”), gracias a ella y a ellos, esa imagen repulsiva de Uribe se ha tornado de pronto en algo mágico, divino.
Gracias a Ingrid, porque ella nos permitió ver con claridad la verdad: Uribe es lo mejor que le ha podido suceder a Colombia, él ha sido el presidente que ha dispuesto Dios para gobernar en nombre de nuestra ilustrísima oligarquía bogotana. También nos abrió los ojos para comprender la hidalguía, honor, valentía y dignidad del glorioso ejército colombiano.
Gracias a Globovisión por su terco empeño de servir a los intereses colombianos y transmitirnos día a día los acontecimientos de Colombia, por nimios que ellos fueran,
Gracias a Venezolana de Televisión por su capacidad para difundir oportuna, veraz, objetiva y profusamente la ingridmanía. Gracias por ponernos en pantalla a Ingrid por la mañana, al mediodía, por la tarde y en la noche, en el desayuno, en el café, en la sopa y hasta en la merienda: Ingrid relatando cómo la rescata el bravo ejército colombiano, Ingrid comiéndose a besos a Melanie y a Lorenzo, Ingrid alabando a nuestro querido Varito, Ingrid despotricando contra Chávez y Correa, llamándolos metiches, entrometidos e impertinentes. Ingrid exaltando a Sarkozy. Ingrid reconociendo como sus auténticos amigos a los tres mercenarios norteamericanos. Ingrid con Álvaro en el palacio del narquiño. Ingrid con Juan Manuel Santos. Ingrid con Yolanda Apulecio casi gritándole: ¿Por qué no te callas? Ingrid llegando al palacio de los Elíseos. Ingrid siendo recibida como heroína, como nueva Juana de Arco en París. Ingrid pacá, Ingrid pallá. Ingrid. Ingrid…
Sueño con Ingrid. Tengo orgasmos con Ingrid. Ingrid, te amo y contigo quiero gritar en la lengua de las Flores del Mal de Baudelaire y de Una Temporada en el Infierno de Rimbaud, quiero gritar. “¡Uribe, Je t'aime!”
Uribe es nuestro gran hermano y amigo. Entre hermanos nos decimos cosas, a veces muy duras. Pero nos reconciliamos y olvidamos: borrón y cuenta nueva. No recordar la masacre del 1 de marzo, olvidar la invasión al territorio ecuatoriano, olvidar los 4 millones de desplazados colombianos, olvidar los más de 100 mil muertos, olvidar las matanzas de los paramilitares apoyadas por el glorioso ejército colombiano y por el emérito gobierno de Uribe. Olvidar los centenares de miles de colombianos refugiados en nuestro país que han huido de la política terrorista del Estado colombiano. Olvidar, olvidar. Olvidar…
Por último, como estúpido derechista, conservador, neofascista, narcoparaterrorista y uribista que ahora soy, propongo dos cosas: La Primera, respaldar sin ambages ni tapujos la formula acordada en Colombia, avalada por el gobierno de EEUU y apoyada por la Unión Ruletea (Perdón, Europea) y por el estado sionista: Uribe Presidente, Ingrid Vicepresidenta.
La segunda, cuando el día 11 de julio arribe a nuestro país el grande, el único, el formidable e inefable Álvaro Uribe Vélez, recibirle como huésped ilustre de la República Bolivariana de Venezuela, declarar esa fecha día de júbilo y feriado nacional, colocarle una corona de laureles con pepitas de oro y diamantes, concederle la Orden Libertador en su primera clase, transmitir en cadena nacional su discurso de orden que no debe durar menos de seis horas; rogarle, implorarle que nos envíe otros miles de paramilitares, que facilite aún más la salida de drogas desde Colombia hacia nuestro territorio, que acepte capacitar en la siembra y cosecha de cocaína a nuestros campesinos, que adiestre a los militares bolivarianos en el arte de masacrar a los pobres del país. En fin, pedirle que acepte ser el presidente de Venezuela, porque a él lo necesitamos aquí para que implemente su política de seguridad democrática y nos convierta no en territorio libre de analfabetismo sino en territorio plagado de bases militares norteamericanas.
Álvaro, Uribe, Hermano, ¡Te Amamos!
Traducido para Cubadebate, Rebelión y Tlaxcala por Manuel Talens |
Lo que hace tan importantes los logros de Marulanda son sus habilidades organizativas, su agudeza estratégica y sus intransigentes posiciones programáticas, basadas en el apoyo a las exigencias populares. Más que cualquier otro líder guerrillero, Marulanda, tenía una compenetración sin par con los pobres de las zonas campesinas, los sin tierra, los cultivadores indigentes y los refugiados rurales durante tres generaciones.
Tras empezar en 1964 con dos docenas de campesinos que habían huido de pueblos devastados por una ofensiva militar dirigida por USA, Marulanda construyó metódicamente un ejército guerrillero revolucionario sin contribuciones económicas o materiales extranjeras. Más que cualquier otro líder guerrillero, Marulanda fue un gran maestro político rural. Las extraordinarias dotes organizativas de Marulanda se fueron refinando a través de su íntima vinculación con el campesinado. Como había crecido en una familia de campesinos pobres, vivió entre ellos cultivando y organizándolos: hablaba su mismo lenguaje, se ocupaba de sus necesidades diarias más básicas y de sus esperanzas de futuro. De manera conceptual, pero también a través de la experiencia cotidiana, Marulanda realizó una serie de operaciones políticas y militares estratégicas basadas en su brillante conocimiento del terreno geográfico y humano. Desde 1964 hasta su muerte, Marulanda derrotó o eludió al menos siete importantes ofensivas militares financiadas con más de siete mil millones de dólares de ayuda militar usamericana, que incluía miles de “boinas verdes”, cuerpos especiales, mercenarios, más de 250.000 militares colombianos y 35.000 paramilitares integrados en escuadrones de la muerte.
A diferencia de Cuba o Nicarangua, Marulanda construyó una base masiva organizada y entrenó una dirigencia en gran parte rural; declaró abiertamente su programa socialista y nunca recibió apoyo político o material de los denominados “capitalistas progresistas”. A diferencia de los corruptos y codiciosos gánsteres de Batista y Somoza, que saqueaban y se retiraban bajo presión, el ejército de Colombia era un formidable y altamente entrenado y disciplinado aparato represor, reforzado además por homicidas escuadrones de la muerte. A diferencia de otros muchos famosos guerrilleros “de afiche”, Marulanda fue un auténtico desconocido entre los elegantes editores izquierdistas de Londres, los nostálgicos sesentaiochistas parisinos y los socialistas eruditos de Nueva York. Marulanda pasó su tiempo exclusivamente en la “Colombia profunda”; prefería conversar y enseñar a los campesinos y enterarse de sus quejas a conceder entrevistas a periodistas occidentales ávidos de aventura. En lugar de escribir manifiestos grandilocuentes y adoptar poses fotogénicas prefería la pedagogía popular de los desheredados, estable y poco romántica pero sumamente eficaz. Marulanda viajó desde valles prácticamente inaccesibles a cordilleras, desde selvas a llanuras, siempre organizando, luchando... reclutando y entrenando a nuevos líderes. Evitó presentarse en los “foros de debate del mundo” o seguir la ruta de los turistas izquierdistas internacionales. Nunca visitó una capital extranjera y cuentan que jamás puso los pies en Bogotá, la capital de la nación. Pero tenía un amplio y profundo conocimiento de las exigencias de los afrocolombianos costeños; de los indiocolombianos de las montañas y la selva; de las ansias de tierra de millones de campesinos desplazados; de los nombres y direcciones de los terratenientes maltratadores que brutalizaban y violaban a los campesinos y a sus familiares.
Durante las décadas de los sesenta, los setenta y los ochenta, numerosos movimientos guerrilleros se levantaron en armas, lucharon con mayor o menor capacidad y, luego, desaparecieron asesinados, derrotados (algunos incluso se convirtieron en colaboradores) o se integraron en los partos y repartos electorales. Poco numerosos, luchaban en nombre de inexistentes “ejércitos populares”; la mayoría eran intelectuales, más familiarizados con los discursos europeos que con la microhistoria, la cultura popular y las leyendas de los pueblos a los que trataban de organizar. Fueron aislados, rodeados y arrasados; dejaron quizá una herencia bien publicitada de sacrificio ejemplar, pero no cambiaron nada sobre el terreno.
Por el contrario, Marulanda encajó los mejores golpes de los presidentes contrainsurgentes de Washington y Bogotá y se los devolvió al cien por cien. Por cada pueblo arrasado, Marulanda reclutó a docenas de campesinos luchadores, enfurecidos y desamparados, y los entrenó con suma paciencia para que fuesen cuadros y comandantes. Más que cualquier ejército guerrillero, las FARC llegaron a ser un ejército de todo el pueblo: un tercio de los comandantes eran mujeres, más del setenta por ciento eran campesinos, si bien se les asociaron intelectuales y profesionales, que fueron entrenados por cuadros del movimiento. Marulanda fue un hombre venerado por su estilo de vida excepcionalmente sencillo: compartió la lluvia torrencial bajo cubiertas de plástico. Millones de campesinos lo respetaban profundamente, pero nunca practicó el culto a la personalidad: era demasiado irreverente y modesto, prefería delegar las tareas importantes a una dirigencia colectiva, con mucha autonomía regional y flexibilidad táctica. Aceptó un amplio abanico de opiniones sobre tácticas, incluso si discrepaba profundamente de ellas. A principios de los ochenta, muchos cuadros y líderes decidieron probar la vía electoral, firmaron un “acuerdo de paz” con el presidente colombiano, crearon un partido –la Unión Patriótica– e hicieron elegir a numerosos alcaldes y diputados. Incluso obtuvieron cuantiosos votos en las elecciones presidenciales. Marulanda no se opuso públicamente al acuerdo, pero no abandonó las armas ni “bajó desde las montañas a la ciudad”. Mucho más lúcido que los profesionales y los sindicalistas que se postulaban en las elecciones, Marulanda comprendía al carácter extremadamente autoritario y brutal de la oligarquía y sus políticos. Sabía que los gobernantes de Colombia no aceptarían nunca una reforma agraria justa sólo porque unos “pocos campesinos analfabetos los derrotasen en las urnas”. En 1987, más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica habían sido asesinados por los escuadrones de la muerte de la oligarquía, entre ellos tres candidatos a la presidencia, una docena de congresistas y mujeres y alcaldes y concejales. Los supervivientes huyeron a la selva y se reincorporaron a la lucha armada o huyeron al exilio.
Marulanda era un maestro a la hora de romper los cercos y evitar las campañas de aniquilación, sobre todo las que diseñaron los mejores y más brillantes estrategas del centro de contrainsurgencia de los Cuerpos Especiales del US Fort Bragg y de la Escuela de las Américas. Al finales de los noventa, las FARC habían ampliado su control a más de la mitad del país y bloqueaban autopistas y atacaban bases militares situadas a sólo 65 kilómetros de la capital. Muy debilitado, el entonces presidente Pastrana terminó por aceptar negociaciones serias de paz, en las que las FARC exigieron una zona desmilitarizada y un programa que incluía cambios estructurales básicos en el Estado, la economía y la sociedad.
A diferencia de las guerrillas centroamericanas, que cambiaron las armas por cargos electorales, antes de deponer las suyas Marulanda insistió en la redistribución de la tierra, en el desmantelamiento de los escuadrones de la muerte y en la destitución de los generales colombianos implicados en las masacres, en una economía mixta basada en buena medida en la nacionalización de los sectores económicos estratégicos y en la financiación a gran escala de los campesinos para el desarrollo de cosechas alternativas a la coca.
En Washington, el presidente Clinton asistía histérico a aquel espectáculo y se opuso a las negociaciones de paz, en especial al programa de reformas, así como a los debates públicos abiertos y a los foros de debate organizados por las FARC en la zona desmilitarizada, a los que asistía numerosa la sociedad civil colombiana. La aceptación por parte de Marulanda del debate democrático, la desmilitarización y los cambios estructurales desenmascara la mentira de los socialdemócratas occidentales y latinoamericanos y de los académicos de centro-izquierda, que lo acusaron de “militarista”. Washington trató de repetir el proceso de paz centroamericano engatusando a los jefes de FARC con la promesa de cargos electorales y privilegios a cambio de que vendiesen a los campesinos y a los colombianos pobres. Al mismo tiempo Clinton, con el apoyo de los dos partidos del Congreso, hizo aprobar un proyecto de ley de apropiación de dos mil millones de dólares para financiar el mayor y más sangriento programa de contrainsurgencia desde la guerra de Indochina, denominado “Plan Colombia”. El presidente Pastrana dio por terminado de forma abrupta el proceso de paz y envió soldados a la zona desmilitarizada para que capturasen a la cúpula de las FARC, pero cuando éstos llegaron, Marulanda y sus compañeros ya se habían ido de allí.
Desde el 2002 hasta ahora, las FARC han alternado los ataques ofensivos y las retiradas defensivas, en especial desde finales de 2006. Con una financiación sin precedentes y un apoyo tecnológico ultramoderno de USA, el nuevo presidente Álvaro Uribe –socio de narcotraficantes y organizador de escuadrones de la muerte– adoptó una política de tierra quemada para ensañarse con el campo colombiano. Entre su elección en 2002 y su reelección en 2006, más de 15.000 campesinos, sindicalistas, trabajadores de derechos humanos, periodistas y otros críticos fueron asesinados. Regiones enteras del campo fueron vaciadas: de la misma manera que en la Operación Phoenix usamericana en Vietnam, la tierra de cultivo fue contaminada por herbicidas tóxicos. Más de 250.000 soldados y sus compinches paramilitares de los escuadrones de la muerte diezmaron amplias zonas del campo colombiano controladas por las FARC. Helicópteros proporcionados por Washington bombardearon la selva en misiones de búsqueda y destrucción (que no tenían nada que ver con la producción de coca o con el envío de cocaína a USA). Al destruir toda la oposición popular y las organizaciones campesinas y al desplazar a millones de colombianos, Uribe logró empujar a las FARC hacia regiones más remotas. Al igual que había hecho en el pasado, Marulanda asumió una estrategia de retirada táctica defensiva, abandonando territorio para proteger la capacidad de lucha de los guerrilleros en el futuro.
A diferencia de otros movimientos guerrilleros, las FARC no recibieron ningún apoyo material del exterior: Fidel Castro repudió públicamente la lucha armada y buscó lazos diplomáticos y comerciales con gobiernos de centro-izquierda e incluso mejores relaciones con el brutal Uribe. Después de 2001, la Casa Blanca de Bush etiquetó a las FARC de “organización terrorista”, presionando a Ecuador y Venezuela para que restringiesen los movimientos fronterizos de las FARC en busca de abastecimientos. El “centro-derecha” de Colombia se dividió entre los que prestaban un “apoyo crítico” a la guerra total de Uribe contra las FARC y los que protestaban infructuosamente contra la represión.
Es difícil imaginar que un movimiento guerrillero pueda sobrevivir frente a una financiación tan masiva de la contrainsurgencia, un cuarto de millón de soldados armados por el imperio, millones de desplazados de sus tierras y un presidente psicópata vinculado directamente con una cadena de 35.000 miembros de escuadrones de la muerte. Sin embargo, sereno y resuelto, Marulanda dirigió la retirada táctica; la idea de negociar una capitulación nunca se le pasó por la mente, ni a él ni a la cúpula de las FARC.
Las FARC no tienen frontera contigua con un país que lo apoye, como Vietnam la tenía con China; tampoco goza, como Vietnam, del suministro de armas de la URSS ni del apoyo masivo internacional de los grupos occidentales de solidaridad, como los sadinistas. Vivimos en una época en la que apoyar a los movimientos campesinos de liberación nacional no está “de moda”; en la que reconocer que el genio de líderes campesinos revolucionarios que construyen y mantienen la auténtica masa de los ejércitos populares es tabú en los pretenciosos, locuaces e impotentes Foros Sociales Mundiales, cuyo “mundo” excluye regularmente a los campesinos militantes y para los que “social” significa el constante intercambio de mensajes electrónicos entre fundaciones financiadas por ONG.
Es en este ambiente tan poco prometedor frente a las pírricas victorias de los presidentes de USA y Colombia donde podemos apreciar el genio político y la integridad personal de Manuel Marulanda, el más grande campesino revolucionario de América Latina. Su muerte no generará afiches o camisetas para estudiantes universitarios de clase media, pero vivirá eternamente en los corazones y las mentes de millones de campesinos de Colombia. Se le recordará siempre como “Tirofijo”, un ser de leyenda al que mataron una docena de veces y, a pesar de ello, regresó a los pueblos para compartir con los campesinos sus vidas sencillas. Tirofijo fue el único líder que era realmente “uno de ellos”, que durante medio siglo se enfrentó al aparato militar y mercenario yanqui y nunca fue capturado o derrotado.
Los desafió a todos en sus mansiones, sus palacios presidenciales, sus bases militares, sus cámaras de tortura y sus burguesas salas de redacción. Murió de muerte natural, después de sesenta años de lucha, en los brazos de sus queridos compañeros campesinos.
¡Tirofijo, presente!