para hacerlos pasar por guerrilleros
Según el periódico, "bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, en los últimos años, el Ejército ha asesinado cada vez más a campesinos inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros".
"Hay diferentes registros sobre el número de ejecuciones extrajudiciales, como son llamadas las muertes de civiles. Pero un informe de una coalición de 187 grupos de Derechos Humanos dijo que 955 civiles murieron entre 2002 y 2007 y fueron clasificados como guerrilleros caídos en combate, un 60 por ciento más que hace cinco años en los que sólo hubo 577 muertos por las tropas", publicó el diario.
"Los asesinatos, perpetrados por unidades bajo las órdenes de comandantes regionales, siempre han sido un problema en el oscuro conflicto que ya cumple 44 años", agrega el Washington Post. Pero, añade, con la reciente desmovilización de miles de combatientes paramilitares, muchos de los cuales operaban en escuadrones de la muerte para eliminar rebeldes, los asesinatos de civiles a manos del Ejército han crecido enormemente desde 2004.
Al parecer, esta táctica habría desencadenado un feroz debate dentro del Ministerio de Defensa colombiano, entre el lado más tradicional, que aboga por el desarrollo de una agresiva campaña que se centre en el número de cuerpos, y entre los reformistas, que proponen que el Ejército desarrolle otros criterios para medir el éxito en el campo de batalla, según afirma el artículo.
En Colombia los llaman “falsos positivos”. Así entendidos, parecen una simple estadística. Pero cuando se les pone nombre y apellido adquieren dimensión de tragedia, según informa Federico Rivas Molina en el periódico Crítica Argentina. Como la del vendedor ambulante Israel Rodríguez, que el mes pasado salió a pescar y nunca volvió. Finalmente, su familia encontró el cuerpo envuelto en una bolsa de plástico y enterrado: el ejército colombiano lo había clasificado como guerrillero de las FARC muerto en combate. El caso fue revelado por el diario norteamericano Los Angeles Times. Los organismos de derechos humanos de Colombia lo integraron en el fenómeno de los “falsos positivos”. Las Fuerzas Armadas asesinan civiles, normalmente campesinos o jóvenes, y los identifican ante el gobierno como guerrilleros. La práctica es el resultado de la intensa presión por parte de Estados Unidos, principal financista de la guerra contra las FARC, para que Colombia muestre progresos. Cuando más muertos, más seguro el flujo de dinero que baja desde el norte.
La hermana de Rodríguez, Adelaida, dijo a Los Angeles Times que su hermano había servido tres años en el ejército y no era guerrillero ni simpatizaba con la guerrilla. “Nunca le hizo ningún problema a nadie”, dijo, agregando que creía que el ejército mató a su hermano para “ganar puntos”. El Observatorio de Derechos Humanos colombiano elaboró a fines de 2007 un informe basado en testimonios y documentos que estableció en 955 los casos de personas asesinadas en operativos extrajudiciales desde 2002, cuando asumió el gobierno de Álvaro Uribe. Colombia mereció por estas prácticas una reprimenda del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En su informe del año pasado, recomendó a Uribe “revisar los parámetros aplicados para medir los resultados operacionales de los cuerpos militares y policiales para erradicar las ejecuciones extrajudiciales”. En otras palabras, lo que la ONU pidió al gobierno fue que la campaña contra las FARC y el ELN se mida en términos de desmovilizados y capturados, y no sólo de muertos.
El gobierno recibió los informes sin demasiado interés, escudado en el argumento de que la guerrilla ha asumido la nueva estrategia de decir que cualquier muerto es un falso positivo. Sin embargo, tuvo que ceder por puro pragmatismo. Ante la insistencia de los demócratas norteamericanos en vincular los excesos del ejército colombiano con el bloqueo parlamentario del Tratado de Libre Comercio firmado por Uribe y Bush, Bogotá asumió algunos paliativos. Ordenó la transferencia de todas la denuncias de los tribunales militares a los civiles y una campaña interna de adoctrinamiento en derechos humanos.
Sin embargo, organismos no gubernamentales denunciaron que los casos de “falsos positivos” no han disminuido. “Sucede que no nacieron con Uribe”, dijo a Crítica de la Argentina Iván Cepeda, presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). “Hay una cultura de ejecuciones extrajudiciales, ya sea para cobrar recompensas o para mostrar resultados. Son prácticas de carácter sistemático. Lo que ha sucedido ahora es que con la política de Seguridad Democrática impulsada por Uribe los falsos positivos se han incrementado peligrosamente”, denunció Cepeda.
El clima se enrarece aún más cuando entran en juego las recompensas que ofrece el Estado a informantes que permitan detener guerrilleros. “Tienen así un incentivo para denunciar a gente acusándola de ser rebeldes debido a que cobran independientemente de si la información es correcta”, dijo el abogado Ramiro Orjuela, representante de víctimas de “falsos positivos”. El senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático, aseguró que en los dos últimos años “se han presentado más de cinco mil detenciones arbitrarias por pago de informantes y han sido asesinadas alrededor de 200 personas”. La operación es simple: falsos testigos arreglados con el ejército cobran por identificar a falsos guerrilleros que son ejecutados en falsos enfrentamientos. La recompensa se reparte entre todos. Mentiras de una guerra muy verdadera.
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La dependencia envía carta a padres de los estudiantes atacados
El gobierno reprueba muerte de jóvenes en Ecuador: SRE
■ Familiares exigen una condena de México al gobierno de Colombia
La canciller Patricia Espinosa señaló ayer que el gobierno mexicano reprueba el fallecimiento de cuatro nacionales que se encontraban en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bombardeado por tropas colombianas el pasado primero de marzo.
Con este señalamiento la funcionaria dio respuesta, por instrucciones del presidente Felipe Calderón, a los familiares de los afectados y de la sobreviviente Lucía Morett, quienes en diversas ocasiones han exigido una condena al gobierno de Álvaro Uribe por la muerte de los jóvenes y no la simple desaprobación de los hechos.
En carta dirigida a padres y hermanos de los nacionales involucrados en el bombardeo, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias por la muerte de Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles y Juan González del Castillo, y al mismo tiempo deseó pronta recuperación a Morett Álvarez, quien permanece en un hospital militar de Quito.
Reiteró que solicitó a los gobiernos de Ecuador y Colombia realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y así poder actuar en consecuencia. Por su parte, la administración calderonista ha iniciado los procesos de asistencia jurídica a efecto de coadyuvar en las pesquisas, subrayó.
Expuso que las investigaciones no han concluido y que México ha insistido en la necesidad de dar celeridad al caso.
Espinosa destacó que la dependencia a su cargo cumplirá, como lo ha hecho, con su responsabilidad de brindar apoyo y protección consular que le soliciten los familiares y para Morett Álvarez.
Reiteró que buscará una compensación en favor de los deudos y de la joven sobreviviente por parte de Colombia, después de insistir en que ha deplorado la acción militar de la administración de Alvaro Uribe, por constituir una clara violación del derecho internacional.
Manifestó su disposición a mantener el diálogo con los familiares así como proporcionar información de cualquier avance que se produzca en torno a las gestiones que realiza.
Por instrucciones de Calderón, la funcionaria dijo que da respuesta a dos comunicaciones que presentaron los familiares de los jóvenes muertos.
Sumado a ello, ratificó el compromiso del actual gobierno con el respeto a la vida, los derechos humanos y la dignidad de las personas, y agregó que la protección de los connacionales en el extranjero es parte fundamental de la política exterior mexicana, como también lo es la defensa del derecho internacional y la promoción del respeto a la convivencia pacífica entre las naciones.
