Donnerstag, 29. Mai 2008

La lógica del terrorismo de Estado




El Plan Colombia, diseñado por el gobierno de Andrés Pastrana y el Departamento de Estado, cofinanciado por la Unión Europea y puesto en vigor por el demócrata Bill Clinton en su visita a Cartagena de agosto del 2000, detrás del membrete de cruzada contra el narcotráfico y ulteriormente de lucha contra el terrorismo internacional, oculta oscuros intereses metropolitanos y de la oligarquía "paisa". Desglosemos tales propósitos.

El objetivo geopolítico cardinal de EE. UU. después de la implosión del "socialismo real" europeo no es otro que consolidar su hegemonía unipolar. De este propósito mayor se derivan las metas estratégicas del Plan Colombia:

a) Reasegurar el control político-militar estadounidense del norte de Sudamérica (resquebrajado después del retiro de Panamá de la Base Howard, en 1999)
b) Instalar fortines militares para apropiarse de los recursos naturales, energéticos y bioenergéticos de la Amazonía
c) Controlar el comercio subregional con los países asiáticos
d) Despoblar territorios a través de operativos de genocidio y etnocidio
e) Debilitar la gravitación geopolítica del Brasil
f) Evangelizar a los latinoamericanos en el culto al mercado y a la democracia formal, entre otros

En el terreno estrictamente económico, el Plan busca reforzar las columnas del capital financiero sustentando la producción y la venta de armas, apuntalando la industria química y mejorando los réditos para Wall Street provenientes del tráfico internacional de drogas psicoactivas naturales. Los beneficios del programa para los "los señores de la guerra" estadounidenses se evidenciaron desde que la fracción sustantiva de los fondos provistos inicialmente por Washington tuvo como destino inicial la compra de helicópteros Blackhawks, que solo se fabrican en USA. Asimismo, un reporte del Nuevo Herald coincidente con la oficialización del Plan dio cuenta que las fumigaciones de los cultivos de coca y amapola se realizaban con el Roundup, un agrotóxico producido por la Monsanto. Intensificados los bombardeos químicos, se conoció que el precio del kilo de cocaína en Nueva York se disparó desde 120 mil a 240 mil dólares, para felicidad de los "blanqueadores" primermundistas que, en última instancia, son los mayores beneficiarios de ese colosal negocio, estimado actualmente en más de 700 mil millones de dólares y equiparable al del petróleo o al de la fabricación y comercio de material bélico.

En tiempos de la administración del republicano George W. Bush, el Plan Colombia fue redefinido con el sarcástico nombre de Iniciativa Regional Andina (IRA), con el abierto propósito de internacionalizar la guerra civil que flagela la hermana nación fronteriza como corolario del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948; y, después del memorable 11-S del 2001, será incorporado a la fementida campaña mundial contra el terrorismo decidida por los "halcones" del complejo industrial-militar norteamericano como medio de profundizar un keynesianismo de guerra y "neutralizar" /eliminar a los disidentes de la globalización corporativa (llámense líderes de la oposición parlamentaria, dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, ecologistas, guerrilleros, cristianos liberacionistas, indígenas o simplemente excluidos por la acumulación por desposesión institucionalizada por el “capitalismo del Pentágono”).

Como todo hecho histórico, el Plan Colombia se sustenta también en factores endógenos, en este caso inherentes al país neogranadino. ¿A qué aludimos?
Producto de una evolución contrahecha y subordinada, la crisis cafetalera colombiana de los años 70 derivó en una constelación de problemas económicos, sociales, políticos e institucionales cada vez más agudos. Una trágica deriva de su crisis multidimensional ha sido que el país sudamericano se convierta, a partir del citado decenio, en un importante productor y exportador de drogas al vasto mercado yanqui (un mercado de aproximadamente 60 millones de adictos irrecuperables), fenómeno inducido por el aperturismo comercial instrumentado por los gobiernos conservadores y liberales colombianos al tenor de las recomendaciones-imposiciones de entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la CAF.

La apertura colombiana a la importación de bienes producidos por el poderoso y subsidiado "agrobusiness" norteamericano, a la par que provocó la ruina de los campesinos, forzó a estos al éxodo a las ciudades o a subsistir con cultivos no tradicionales. Esta "reconversión" de la agricultura colombiana resultó en la constitución de una matriz productiva con unas 100 mil familias establecidas en decenas de miles de hectáreas y dio paso a procesos de industrialización y comercialización de la marihuana, la coca y la amapola, actividades que representan réditos para un amplio espectro social interno que incluye desde partidos políticos del establecimiento liberal/conservador, legisladores, jueces, banqueros, periodistas, hasta paramilitares y capos de la droga de diverso perfil, proveedores de armas, oficiales y tropas del Ejército y la Policía, pequeños productores agrícolas, raspachines y "pericos". La guerrilla izquierdista de las FARC, conforme a declaraciones de sus comandantes, percibe ingresos por concepto de tributos cobrados a los campesinos, refinadores y narcotraficantes.

Además de defender su cuota en el gran pastel del narcotráfico, cuya fracción sustantiva es retenida e invertida en las metrópolis, la oligarquía norteña encontró en el Plan Colombia la mejor coartada para impulsar su reforma agraria "al revés", consistente en expulsar de sus asentamientos ancestra1es a los campesinos y a las comunidades indígenas, apropiarse de sus tierras a través de los operativo s del Ejército y las bandas de paramilitares y, ulteriormente, integrar latifundios para el cultivo de la palma africana, soya y otras producciones primarias congruentes con la vieja/nueva división internacional del trabajo promovida por el capital transnaciona1 desde los años 70 mediante la implantación de dictaduras fascistas en el Cono Sur, como las de Augusto Pinochet en Chile y Rafael Videla en Argentina.

El debilitamiento institucional y moral del Estado colombiano, que incluso le ha llevado a la pérdida del control de aproximadamente un tercio de su territorio y de la mitad de sus municipios, abrirá un ancho cauce para Estados Unidos asuma un virtual protectorado de la nación suramericana y para que, blandiendo el mito de la "sociedad sin drogas" o la metáfora de la "guerra infinita contra los terroristas" haya criminalizado a una sociedad entera en un intento por legitimar guerras neocolonialistas en connivencia con la Unión Europea.

La amarga experiencia colombiana no se circunscribe a sus fronteras. Producto combinado de la dominación externa y de la expoliación interna, el Plan
Colombia/lRA/Plan Patriota, adosado a los TLCs, al IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sud América) y al Plan Mérida (el flamante “Plan Colombia mexicano”), ha venido irradiando progresivamente sus siniestros instrumentos y consecuencias, especialmente a los países andinos.

Las recurrentes violaciones a la soberanía de países como Venezuela y Ecuador protagonizadas por Álvaro Uribe, un ex colaborador del “Jefe” Pablo Escobar, se inscriben en el contexto histórico lacónicamente descrito.


- René Báez, economista ecuatoriano, es catedrático universitario, Premio Nacional de Economía y miembro de la International Writers Association.
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El gobierno colombiano,
enfermo de cretinismo topográfico



Descubro a través de una nota de Rebelión que el gobierno de Colombia, siempre pertrechado con su inseparable computadora-oráculo, anunció a bombo y platillo que las FARC planeaban extender sus acciones al extranjero. A Madrid (España) en concreto. ¡Sí, como lo leen!

Y es que al parecer, el Ejército colombiano no conoce su propia geografía, porque el plan fariano -en caso de ser cierto- hacía referencia al municipio de Madrid, departamento colombiano de Cundinamarca, no al Madrid castellano donde la guerrilla supuestamente pretendía asesinar al ahora vicepresidente colombiano Francisco Santos (foto).

Alguien dirá que este desconocimiento sobre la situación de la Madrid colombiana -donde hay una escuela de suboficiales, potencial objetivo de la guerrilla– se debe a que dicho municipio se encuentra hundido en lo más profundo de la profunda e inaccesible selva colombiana... pero en realidad está situado a 25 km de Bogotá, la capital del país.

Y es que los nombres de los municipios colombianos se prestan a confusión, cuando uno es un incapaz o un malintencionado, o las dos a la vez, como es el caso del gobierno colombiano, su fiel vocero nacional (El Tiempo) y su todavía más fiel vocero internacional (El País de España).

Por ejemplo, el ejecutivo de Uribe podría haber anunciado también planes contra otras "ciudades españolas", como por ejemplo Segovia, Toledo, Granada y Cáceres (municipios del departamento de Antioquia), Córdoba (Nariño), Málaga (Santander) o Pamplona (Norte de Santander).

O incluso delirantes incursiones armadas en Valparaíso, Copacabana, Armenia, Argelia, Palestina, Filadelfia y hasta Venecia (supongo que un ataque naval), todos nombres de municipios colombianos.

Surge la duda de si estos “errores” son intencionados o no. Recordemos la supuesta foto de Gustavo Larrea, ministro de Interior ecuatoriano, con Raúl Reyes, cuando en realidad se trataba de Patricio Etchegaray, dirigente comunista argentino. La foto fue exhibida como trofeo de caza por El Tiempo y el ejecutivo colombiano, y tuvo amplia difusión internacional.

Pero las malas artes del uribismo se salieron con la suya: ya quedó sembrado en el inconsciente colectivo de los numerosos pero desafortunados lectores de El País que las FARC pretendían volar la estatua de Cibeles o la Puerta de Alcalá. De eso se trataba, de justificarse moralmente ante la opinión pública internacional, como un colchón para cualquier operación que lleven a cabo, ¿o no?

Por eso, dudo si el gobierno colombiano está enfermo de cretinismo topográfico. O simplemente enfermo.

http://okrimopina.blogspot.com

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La verdadera cara de un Gobierno mafioso



El gobierno de Álvaro Uribe atraviesa una profunda crisis política, ética y jurídica. 60 parlamentarios, la mayoría uribistas, han sido acusados por la Corte Suprema de Justicia de realizar pactos con narcotraficantes y paramilitares para garantizar sus elecciones al congreso y otros torvos propósitos. Entre ellos, Mario Uribe, primo del presidente y su mas cercano aliado político. Igualmente personas que ocuparon altos cargos en el gobierno como el ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS -, un ex embajador en Chile y el actual embajador en México, ex Fiscal General.

Estos procesos han sido posibles por las denuncias del Polo Democrático Alternativo, el movimiento unitario de la izquierda colombiana, los estudios de ongs independientes, las denuncias de las comunidades y confesiones de los propios paramilitares. Contra la Corte el gobierno desarrolla campañas de desprestigio y ha demandado al presidente de la misma.

La crisis se ha profundizado al comprobarse que dos parlamentarios, ya detenidos, recibieron prebendas para votar a favor de la reforma constitucional lo que garantizó la reelección del actual presidente. Uribe ha sido acusado por organizaciones de derechos humanos de haber propiciado la creación del paramilitarismo. En 1983 la DEA lo ubicó como uno de los políticos colombianos comprometidos con el narcotráfico.

Los grupos paramilitares son narcotraficantes que en alianza con la cúpula militar, empresarios y terratenientes, y la total complicidad oficial, desataron en los últimos 20 años una política de terror y muerte. Màs de 50.000 personas asesinadas y 30.000 desparecidas. 4.000.000 de campesinos y habitantes de pequeños pueblos desplazados. Se apropiaron por la fuerza de cerca de 5.000.000 de hectáreas de tierra para dedicarlas al cultivo dela planta de coca y proyectos agroindustriales y ganaderos. Ejecutaron el exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, asesinaron a mas de 2.500 sindicalistas y a centenares de dirigentes estudiantiles, indígenas y defensores de derechos humanos. El gobierno de Uribe les dio estatus político a los paramilitares y realizó con ellos un amañado proceso de paz y de desmovilización. Luego, para impedir que siguieran sindicando a mas cómplices dentro del mundo político, empresarial y militar, extraditó a los líderes a los Estados Unidos en una secreta negociación que les brindará protección y garantías.

Ante la profunda crisis y en la perspectiva de avanzar hacia una nueva reelección , el gobierno de Uribe ha lanzado una inmensa cortina de humo para esconder estos escándalos y para desarticular a la oposición. Manipulando la información de los computadores que supuestamente le encontraron a Raúl Reyes se está montando un gran proceso de judicializaciòn de la oposición y el movimiento popular

El Fiscal General, antiguo empleado de Uribe, ha pedido abrir investigaciones contra los parlamentarios Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja, contra el Director del Semanario Voz, Carlos Lozano, y contra otros dirigentes del Polo Democrático Alternativo. También contra la opositora senadora Piedad Córdoba y a un núcleo de personalidades, periodistas y corresponsales de prensa. Gloria Inés, Carlos y Wilson son miembros del Comité Central del Partido Comunista Colombiano. El PCC es uno de los objetivos a destruir por parte del gobierno.

De tiempo atrás el gobierno ha lanzado acusaciones contra la oposición , pretendiendo asimilar todo criterio diferente al oficial como vinculado a la guerrilla, llegando al colmo de calificar la Jornada Nacional e Internacional del pasado 6 de marzo, de defensa de los derechos de las víctimas del paramilitarismo y el Terrorismo de Estado, como marchas organizadas por la insurgencia.

Judicializar a la oposición y en especial al Polo Democrático Alternativo es una venganza por los debates de los parlamentarios del Polo que pusieron al desnudo la complicidad del uribismo con el paramilitarismo.

Nos encontramos en el comienzo de un juicio político que el presidente de la República pretende asimilar, extemporáneamente, a su peculiar justificación del Genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano en el que mas de 5.000 militantes de esta organización de izquierda fueron aniquilados y por lo cual el Estado colombiano esta ad portas de ser fuertemente condenado en los tribunales internacionales.

Una cacería de brujas que oculte y encubra los procesos contra los aliados narco-paramilitares del Gobierno y las demás investigaciones por los actos de corrupción oficial. Se trata de una verdadera razia que está apenas comenzando. Se ha amenazado con centenares o quizás miles de detenciones.

Sólo en las peores dictaduras se han conocido amenazas y juicios de esta naturaleza.

Se requiere la solidaridad urgente y decidida con el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano y demás sectores de oposición en Colombia victimas de un infame proceso judicial abierto por el gobierno mafioso de Álvaro Uribe.

Que cesen las amenazas y los asesinatos contra la oposición y el movimiento popular. Y que se abran las puertas para el Intercambio humanitario y la búsqueda de la Solución Política Negociada al largo conflicto armado colombiano.