A Uribe se le vino una cascada de denuncias. Acostumbrado a su teflón que según analistas trasnochados lo aguanta todo, esta vez las cosas comienzan a complicarse.
Y hoy 29 de abril, en un hecho casi sin precedentes, tuvo que acudir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara a sostenerse en su acusación por injuria y calumnia contra el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia Copete.
Más de cuatro horas y media le tomó la presentación ante su juez natural. Un tiempo valioso para cualquier presidente de una nación respetable que en lugar de andar en enredos judiciales dedica toda su actividad a las funciones propias de su cargo.
Pero no. Nuestro presidente prefiere cazar entuertos, incluso contra las altas cortes. Y da risa que tres horas de la audiencia las dedicara a dar cátedra acerca de la división de poderes en Colombia. Un personaje que precisamente se destaca por violentar dicha separación como lo muestra la malévola propuesta de crear una supercorte para judicializar a los parlamentarios enredados en la parapolítica y a él mismo, como insólitamente le propuso al país, por todos los canales en horario triple A, el domingo 27, burlando la constitución nacional.
Según El Espectador del martes 29, el presidente le manifestó al representante investigador, Carlos Chavarro, que no podía dejar pasar por alto una injuria o calumnia como la del ex presidente de la Corte Suprema. Éste había declarado a los medios hace unos meses que Uribe lo había llamado para indagar por el proceso que se le seguía a su primo Mario Uribe, hoy tras las rejas acusado por la Corte por sus lazos con el paramilitarismo.
Con valor civil el magistrado, a través de su apoderado el abogado Ramiro Bejarano, declaró antes de la audiencia que no iba a conciliar y que se mantenía en su denuncia. De manera que el presidente no tendrá más remedio que enfrentar un largo proceso en su contra.
Y claro, no podían faltar las declaraciones de omnipotente salvador de los males de la República a que nos tiene acostumbrados soltando perlas como esta al salir de la Cámara de Representantes: “Lo mejor para la Comisión de Acusaciones es que yo asistiera personalmente a la misma diligencia judicial, porque en la opinión pública esta célula legislativa tiene una imagen dilipendiada".
Ahora en adelante veremos a un Uribe afanoso acudiendo a cuanto organismo desprestigiado del país para rescatarle su alma corrupta y darle así una segunda oportunidad sobre la tierra.
Muy pronto le tocará volver a la misma célula cameral para responder a la demanda que entabló, en la misma aciaga mañana presidencial, el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda por cohecho, esa rara figura que como en el tango para que funcione, necesita dos: el que soborna y el que se deja sobornar.
Como el país bien sabe, la ex- representante a la Cámara, Yidis Medina, denunció el ofrecimiento de beneficios por parte de altos funcionarios del Gobierno para que votara a favor de la reelección de Uribe y cuyo voto en la comisión primera de la Cámara de representantes fue decisivo en 2005 para cambiar el “articulito” de la Constitución.
Y como si esto fuera poco, es posible que por algún lado le venga la formulación de cargos tras las acusaciones de un ex paramilitar, preso hoy en Medellín, quien sostiene que agentes de la fuerza pública de la gobernación de Antioquia, que ejercía Uribe, ayudaron a los paramilitares en el ataque al caserío de El Aro, nordeste antioqueño, el 25 de octubre de 1997 que dejó un saldo de 15 campesinos muertos "en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento'', según el fallo, de 160 páginas conocido por el diario norteamericano El Nuevo Herald.
Según el bien informado Nuevo Herald de Miami, en su edición del domingo 27 de abril, el ex paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, declaró ante la Fiscalía General de Colombia en febrero pasado, que el presidente Alvaro Uribe y su hermano Santiago participaron de alguna forma en la planeación de dicha masacre.
Uribe, sabiendo lo que se le venía, cinco días antes de la información, le dijo a la cadena Caracol que por ahí había un desmovilizado que sostiene que el presidente participó en una masacre de los paramilitares, “pero ya con mis abogados hemos podido tumbar todas las inconsistencias” en esa nueva infamia contra su prestigio.
Parte de la confesión de Villalba fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por esa masacre, según un extenso fallo de ese tribunal hace dos años.
El mismo fallo cita un testimonio en el sentido que la gobernación del departamento de Antioquia, se negó a prestar protección a los habitantes de El Aro al enterarse que el ataque paramilitar era inminente. "Ante esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada'', expresa la sentencia del CDIH.
Pero El Nuevo Herald obtuvo una copia completa de la declaración que, en efecto, contiene reiterados testimonios de Villalba de que Uribe, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, se codeaba con los máximos jefes de las AUC y dio carta blanca para llevar a cabo la masacre.
El diario revela en una reportaje que escasamente reprodujo uno que otro medio en Colombia y ninguno de los grandes noticieros de la televisión, que"[Alvaro Uribe nos dijo] que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos'', declaró Villalba al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, militares y los hermanos Alvaro y Santiago Uribe.
La declaración de 19 páginas de Villaba describe con nombre y pormenores una estrecha relación de complicidad y camaradería entre autoridades militares y policiales con los cabecillas de los escuadrones de la muerte.
Villalba, según los documentos obtenidos por el Herald, aseguró que tres días antes de la incursión en El Aro hubo una reunión en una finca de un hacendado --que no identificó-- en el municipio de La Caucana, en el noroeste de Antioquia. Al encuentro asistieron además de mandos militares de la IV Brigada y de la policía, cabecillas de las AUC y los hermanos Uribe, agregó.
"Estuvo también Santiago Uribe y Alvaro Uribe, que era gobernador cuando eso'', dijo el testigo. Villalba afirmó que se enteró de quién era Uribe después de la masacre cuando el entonces gobernador se presentó en la misma finca a felicitarlos por el éxito de la operación.
Según el declarante, Alvaro Uribe "fue invitado por Carlos Castaño'' a la reunión previa a la masacre y luego presentado por Mancuso ante los asistentes. En esa reunión Uribe habló en público, detalló Villalba.
En su pugilato con la Corte Suprema hay que recordar el incidente que entabló en octubre pasado cuando acusó al magistrado auxiliar Iván Velásquez de tratar de sobornar a un delincuente preso en Itaguí, Antioquia, para que a cambio de beneficios judiciales, declarara contra el presidente.
La Corte en pleno respaldó a su magistrado y acusó a Uribe de obstruir la justicia. El pleito aun sigue y deberán responder las partes a la justicia, incluido el propio presidente acusador.
Y volviendo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Uribe también deberá responder ante la demanda entablada el 8 de marzo de 2007 por el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, por “traición a la patria” y “traición diplomática”. El senador Robledo, en la oposición, explicó que su denuncia se basa en los artículos 455 y 457 del Código Penal que habla de estos delitos y a raíz de la firma, auspiciada por el gobierno, del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
Según Robledo, el primero de los artículos, el 455, describe que la "traición a la patria" la comete aquel que menoscabe la soberanía nacional y que "realice actos que tiendan a someterla en todo o en parte al dominio extranjero o a afectar su naturaleza de estado soberano".
"Creo que es evidente que el TLC somete la soberanía en todo o en parte al dominio extranjero (de Estados Unidos) y afecta su naturaleza de estado soberano. De acuerdo con eso da prisión de 20 a 30 años", dijo Robledo.
Como se ve, en la Casa de Nariño no habrá respiro por mucho tiempo tratando de sacar a su inquilino de tanto enredo judicial en los que se mete, gracia a su consabida dosis de buscapleitos. Por lo pronto el que más lo va a trasnochar será el de Yidis Medina.
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A Álvaro Uribe
le urge una guerra
Apolinar Díaz-Callejas, eminente jurista internacional, calificó de “tremenda” y “nunca antes vista” la situación del país sudamericano. No es para menos: 33 legisladores oficialistas tras las rejas, 70 más investigados por la justicia, y un presidente con “84 por ciento de popularidad” según Mitosfky, encuestadora gringa que amerita su nombre.
Recordemos a Luis Guillermo Giraldo, ex embajador de Colombia en México, cuando muy ofendido observó que no era cierto lo afirmado por este articulista al decir que tres cuartas partes del Congreso de su país estaban integradas por diputados y senadores vinculados con los cárteles del narcotráfico y los paramilitares (El Correo Ilustrado, 8/7/06).
Respetuoso de la investidura diplomática como soy, pensé que mis fuentes habían sido manipuladas por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la mala vecindad. Pero luego supe que el 2 de enero de 2005, viajando en su automóvil por Insurgentes, de sur a norte, don Luis dio una vuelta prohibida a la izquierda y chocó contra el Metrobús.
El caballero acabó en el hospital y, a causa del accidente, una joven de la embajada asegura que su jefe quedó mal de la cabeza. “Por todos lados creía ver colaboradores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, me dijo. En noviembre de 2006, Giraldo fue remplazado por el señor Luis Camilo Osorio.
Ideólogo de la “seguridad democrática”, Osorio es un firme partidario del drama uribista: plomo más motosierras, con telón de fondo de miles de campesinos que lloran a sus familiares masacrados, y cerca de 4 millones de desplazados. El fiscal general de 2001 a 2005 ha sido acusado de encubrir masacres, ejecuciones extrajudiciales, e inhumaciones clandestinas de cientos de personas. Pero ya el colega Carlos Fazio se ocupó del señor embajador en un artículo donde se detallan sus patrióticos servicios a Colombia (La Jornada, 17/6/07).
En noviembre pasado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, solicitó al gobierno federal el retiro del plácet al susodicho embajador por “coordinar las actividades en México de agentes colombianos encubiertos”.
Y vea usted. El 10 de abril apareció en un periódico capitalino un reportaje a plana entera, intitulado con grandes letras que decían: “Ubican a dirigente sindical como el nexo con las FARC”. Naturalmente, las fuentes del estoico chayotero que firma el brulote provenían de la famosa computadora atómica de Raúl Reyes, el abatido comandante de las FARC. ¿Quién era el vínculo con el tal “dirigente sindical”? ¡Acertó! Rosario Ibarra de Piedra…
Indiferente frente a lo que le espera en los tribunales de justicia de su país, Osorio acaba de enviar al doctor José Narro, rector de la UNAM, una carta en la que con la insolencia propia de quien ignora las generales de la ley, le sugiere dirigir su condena a la presencia de estudiantes mexicanos en el campamento de las FARC, y no al presidente Uribe.
En días pasados, la justicia colombiana ordenó la captura de Mario Uribe Escobar (primo hermano y socio del narcopresidente), ex titular del Senado y fundador del partido Colombia Democrática, base de sustentación parlamentaria del régimen terrorista.
El primo se refugió en la embajada de Costa Rica y pidió asilo diplomático. Pero el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) se trasladó al lugar y, acompañado de mariachis, le cantó: Estás que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido…
La cancillería del presidente Oscar Arias hizo saber que consideraba improcedente la solicitud del prófugo. “La histórica institución del asilo no debe ser desvirtuada”, precisa el comunicado. Simultáneamente, el curul del mafioso era ocupado por el senador Ricardo Elcure Chacón, cosa que llevó a que la justicia ordenase la inmediata captura del suplente, y así sucesivamente con otros criminales del “paramilitarismo democrático”.
Apolinar asegura que la alianza familiar y política del sátrapa “… marcha a toda velocidad hacia el abismo y el caos de la administración pública por el poder que con ella tienen los paramilitares, parapolíticos y narcotraficantes” (Argenpress, 23/4/08).
Sus predicciones distan de ser simples deseos. Tal como en Saturno devorando a sus hijos, el estremecedor óleo de Goya, el bloque legislativo paramilitar que sostiene al régimen más asesino de la historia colombiana se resquebraja sin solución de continuidad. Acorralados por la Corte Suprema, sus integrantes empiezan a destrozarse recíprocamente.
