El mundo|Martes, 10 de Junio de 2008
Entrevista con Gustavo Moncayo, padre de Pablo Emilio, secuestrado por las FARC
“Uribe no quiere un
acuerdo humanitario”
En Colombia bautizaron a Moncayo como “Caminante de la paz” por poner en acción el pedido de que liberen a su hijo, rehén de la guerrilla desde hace diez años. Moncayo cree que el gobierno de Uribe tiene interés en seguir con el conflicto.
El profesor Gustavo Moncayo aprieta fuerte las cadenas que rodean su cuello y sus muñecas, y sus ojos se empiezan a nublar. Se está acordando de su hijo, de sus proyectos, sus novias y sus mañas. Del día en que el joven cabo lo sentó y le dijo que iba a trabajar un año más en el ejército para ahorrar y ayudarlos a terminar de construir la casa familiar. Después renunciaría para empezar la universidad. “Pero nunca terminó el año”, dijo con la voz quebrada. El 21 de diciembre de 1997 las FARC tomaron el cuartel del cerro de Patascoy y a 18 militares como prisioneros, entre ellos a su hijo, el cabo segundo Pablo Emilio Moncayo. Sólo tenía 18 años. Del otro lado de la mesa, su hija Yuri Tatiana intenta no mirarlo. Con la mirada perdida en la calle Corrientes, la hermana menor del secuestrado más antiguo de las FARC hace esfuerzos para no llorar. Después de unos minutos en silencio, Moncayo se seca las lágrimas y cambia el tono de voz. “Estamos acá para que la presidenta Cristina escuche nuestra historia y nos ayude a buscar el canje humanitario”, le dijo a Páginai12 el hombre al que los colombianos bautizaron “Caminante de la paz”.
Durante diez años, el profesor Moncayo luchó para que su hijo no fuera un rehén más. “En el mundo todos conocen y piden por Ingrid Betancourt. El resto perdieron hasta eso, su identidad. Ese es un insulto que ni yo ni mi familia podíamos aceptar”, explicó ayer el profesor de historia de 56 años. Para sacar a Pablo Emilio del anonimato se reunió con los últimos tres presidentes colombianos y con toda la cúpula de las FARC. Con palabras de apoyo pero sin soluciones concretas, se encadenó y emprendió la travesía que lo marcaría para siempre. Caminó más de 1200 kilómetros desde su Nariño natal hasta Bogotá. Habló en cada plaza, en cada pueblo, en cada ciudad y, al poco tiempo, su historia y sus cadenas se convirtieron en un icono del sufrimiento de los secuestrados y sus familias.
Este año el Caminante de la paz empezó un nueva travesía, pero esta vez por el mundo. Recorrió Francia, España, Bruselas y el Vaticano, y de vuelta en la región pidió apoyo entre los gobiernos de Nicaragua, República Dominicana, México, Ecuador, Venezuela y, esta semana, Argentina.
–En los últimos días se reunió con los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. ¿De qué hablaron?
–Los dos me comunicaron su compromiso para seguir trabajando por la libertad de todos los secuestrados, más allá de las tensiones y las fricciones que existen con el presidente Uribe.
–¿Qué le pareció el llamado que hizo Chávez a las FARC para liberar a todos los rehenes, sin condiciones?
–Chávez, con sus errores, es un hombre de una enorme calidad humana, en quien uno siente que puede confiar. Sus palabras de ayer (por el domingo) sólo reafirman esa impresión.
–Hace menos de un año habló con el presidente Alvaro Uribe. ¿Qué impresión se llevó de ese encuentro?
–Uno siente dolor, tristeza e impotencia porque no puede depositar toda la confianza en su presidente. Es un hombre arrogante y prepotente, que quiere imponer su voluntad por encima de todo. La única forma de lidiar con la tristeza y la frustración que eso provoca es pensar que ojalá que cambie pronto este gobierno y que el próximo líder tenga verdaderamente voluntad de alcanzar la paz y la libertad de todos los secuestrados.
–¿El gobierno de Uribe no quiere alcanzar el acuerdo humanitario?
–No y es muy fácil de demostrarlo. En el proceso de paz del Caguán, las FARC liberaron 370 soldados unilateralmente. Los primeros 50 a cambio de unos guerrilleros enfermos y el resto, como un gesto para alcanzar un proceso de paz. Hoy el presidente Uribe dice que el proceso en el Caguán fue un error y por eso se niega a despejar (militarmente) Florida y Pradera. Yo le digo que no fue un error porque se liberaron 370 personas. Con uno solo ya hubiese sido suficiente para justificar el diálogo, ¡pero fueron 370!
–¿Por qué cree que no se avanzó más?
–Porque hay mucho interés en que la guerra continúe. Este gobierno se llena las arcas con dinero de todo el mundo para combatir a la guerrilla.
–¿Cómo fue hablar con la cúpula de las FARC durante las negociaciones del Caguán (1998-2002)?
–Frustrante. Nosotros les pedíamos que nos facilitaran pruebas de vida, que nos dejaran llevarles medicinas, ropa y que les permitieran estudiar en la selva. Pero ellos siempre nos contestaban lo mismo: liberaremos a sus hijos a cambio de los guerrilleros que están prisioneros en las cárceles y que también están sufriendo. Pienso que ellos también tienen un resentimiento. Muchos guerrilleros que fueron detenidos fueron golpeados y torturados. Creo que tienen el mismo dolor que yo. Están defendiendo su movimiento y a su gente. Por eso, si hay un mismo dolor, se puede mitigar a través del diálogo y el entendimiento.
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Preocupación de la Comisión Interamericana de DD.HH.
Colombia
sigue con sus víctimas
El informe anual de la CIDH señala que el proceso de desmovilización de los paramilitares no terminó con los asesinatos y las desapariciones de colombianos. Sucede porque la ley que enmarca el proceso es incumplida.
Desde Medellín
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó su informe anual en Medellín durante el reciente XXXVIII período ordinario de sesiones de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). El informe se presentó en un clima de inusual discreción y silencio, y sin anunciarse en la programación oficial de la Asamblea. A través de un mail, en vez de conferencia de prensa, la Comisión hizo llegar a los medios los reportes que presentan la difícil situación actual de los derechos humanos en el continente y la “grave escasez de recursos” por la que ahora atraviesa la entidad.
En su capítulo de Colombia, la CIDH reconoce los esfuerzos emprendidos por el Estado colombiano para la pacificación del país con el actual proceso de desmovilización de grupos paramilitares, enmarcado en la Ley de Justicia y Paz. Pero resalta que el conflicto armado continúa golpeando a los sectores más vulnerables de la población civil.
El informe señala que en Justicia y Paz “el 90 por ciento de los desmovilizados que pasaron por los circuitos jurídicos (aproximadamente 28 mil personas) no aportaron datos relevantes sobre acciones ilegales desplegadas o crímenes cometidos por los bloques paramilitares a los que pertenecían”, lo que viola el compromiso inicial para la obtención de beneficios jurídicos y estanca los propósitos de búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la guerra.
Aunque se destacan los pocos recursos y la situación de inseguridad en que se encuentran los fiscales colombianos en la investigación de crímenes (pues aún operan grupos paramilitares en el país y algunos ex combatientes se rearmaron en la nueva organización de ultraderecha colombiana, las Aguilas Negras), la CIDH pone particular atención en las víctimas. Según el organismo, éstas enfrentan una serie de obstáculos para participar en el proceso, en las que están “la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a quienes intentan beneficiarse de la Ley 975 sobre los hechos de su interés, en las distintas fases de la versión libre (...) este mecanismo indirecto restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima como una vía adecuada de alcanzar la verdad de los hechos”.
Para completar, las víctimas siguen “recibiendo amenazas y siendo blanco de actos de violencia e intimidación y control del territorio”. Ciudadanos que acudían a las versiones libres (sesiones donde los paramilitares narraban sus crímenes) o lideraban grupos a favor de las víctimas fueron asesinados y desaparecidos. Yolanda Izquierdo fue abaleada en enero de 2007, en Montería (Norte del país), mientras que Judith Vergara fue acribillada dentro de un bus intraurbano tres meses después. La CIDH “expresó repudio respecto de la muerte de Judith Vergara (...) quien era parte de varias organizaciones para la paz y el desarrollo social y había dado seguimiento a las diligencias de versiones libres llevadas a cabo en Medellín en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz”.
En esta ciudad, las denuncias de estos hechos se quedaron en el bajo perfil incluso, o especialmente, durante el encuentro de cancilleres, diplomáticos y políticos de los Estados americanos, aun cuando el evento se dio en recintos de convenciones rodeados por las calles y las montañas que la Comisión señala de territorio donde se violan los derechos humanos. Fuera de Colombia, el informe de la CIDH presta especial atención a Cuba y describe “una situación permanente de violación de los derechos fundamentales”. En Haití, la preocupación se da por “las deficiencias en la administración de justicia y una grave falta de acceso de la población a servicios sociales básicos”. Y respecto de Venezuela “se analizan aspectos relativos al ambiente hostil para el disenso político y la criminalización de la protesta social, entre otros temas”.
Sobre el trabajo institucional, la Comisión se enorgulleció de que 2007 fuera el año en que se recibieron el mayor número de denuncias (1456) en su historia, desde 1959, cuando se creó. “Estos números reflejan la creciente legitimidad y credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos”, dijo en Medellín el presidente de la Comisión, Paolo Carozza, lo que contrasta con la crítica situación de presupuesto con que cuenta la CIDH. “La Comisión simplemente no puede seguir respondiendo a las crecientes exigencias de que es objeto sin una acción decidida de los Estados miembro para abordar esta grave escasez de recursos”, afirmó Carozza.
