¿De dónde viene entonces el 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados, los favorecidos por este gobierno.
Por Antonio Caballero
Fecha: 04/26/2008 -1356
Al cabo de seis años de gobierno, las encuestas muestran que el presidente Álvaro Uribe tiene una popularidad del 84 por ciento, y sigue creciendo. Se impone una pregunta: ¿por qué?
Dejemos de lado el tema de la legitimidad, puesta bajo sospecha por el origen paramilitar y forzoso de un buen tercio de los votos populares del uribismo tanto en la primera como en la segunda elección, y también en el caso de ésta por la turbia componenda de los votos parlamentarios de Yidis y Teodolindo que la hicieron posible. Una ilegitimidad de origen puede verse políticamente compensada y perdonada por el éxito práctico. Pero resulta que más evidente aún que su ilegitimidad de origen es la absoluta falta de éxito de los gobiernos de Uribe en todos los campos imaginables: en lo político, en lo económico, en lo administrativo, en lo moral. Mírese como se mire, salta a la vista que al 84 por ciento de los colombianos no les ha ido bien en este sexenio, y tampoco a Colombia tomada en su conjunto. La pobreza persiste, la violencia no ceja, la corrupción aumenta (aunque no hasta el punto de que puede favorecer a 84 de cada 100 colombianos). Y aumenta también el desempleo, salvo en el rubro de la politiquería: cada político uribista tiene por lo menos un hijo embajador, y hasta a la modesta Yidis le prometieron tres puestos y un consulado (aunque le pusieron conejo). Todo va mal, y va para peor. ¿Por dónde empezar?
Esos funcionarios nombrados por Uribe, de ministro para abajo: ineptos, o dañinos, o en el mejor de los caos inocuos. Al cabo de tres cancilleres sucesivos, de los cuales la primera hablaba inglés, la segunda francés y el tercero no sabe, no contesta, el aislamiento diplomático de Colombia es mayor que nunca en su historia. Rodeada de vecinos hostiles (Venezuela, Nicaragua, Ecuador), sólo le queda la alianza moribunda de los Estados Unidos, que no le ha servido ni siquiera para que sea aprobado el tan anhelado (por Uribe) Tratado de Libre Comercio. Sesenta y tres parlamentarios de los dos partidos y los dos precandidatos presidenciales del partido demócrata critican a Uribe, que los califica de ignorantes, y hasta el embajador de Bush le hace censuras y advertencias. Al cabo de tres ministros de Hacienda sucesivos el crecimiento de la economía colombiana es el más bajo de la región, y el desempleo es el más alto (pese a que crece el río de la emigración, que ya ha llevado a la décima parte de la población del país a buscar trabajo en el extranjero). Con un Ministro de Agricultura recomendado por el presidente Uribe como el líder del futuro el sector agropecuario ha venido hundiéndose, ha expulsado hacia las ciudades a otra décima parte de la población, ha convertido al país, de exportador que era, en importador de alimentos. En el agro sólo crecen los cultivos ilícitos (y tal vez sería cosa de empezar a prohibir y perseguir el maíz, a ver si mejora). Dos ministros de Medio Ambiente, una perjudicial y otro anodino, les han entregado los bosques a las empresas madereras y han fumigado los parques naturales. Un inamovible Ministro de Transporte ha hecho mal todas las licitaciones de obras públicas, ensartando a la Nación en costosos pleitos perdidos, y ha sido incapaz de terminar (o aun de empezar) una carretera o un puerto o un puente o un túnel.
¿La seguridad democrática, tal vez? ¿La defensa, el orden público? Sí. Sin duda es ese aspecto el que más ha hecho por mantener por las nubes la popularidad del presidente Uribe. Una fanfarronada de matón de barrio como fue el bombardeo de un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano halagó los más bajos instintos del patrioterismo, y de paso logró un "positivo cierto" dentro de la catarata de "falsos positivos" que venía presentando el Ministerio de Defensa: la muerte de uno de los miembros del Secretariado de las Farc. Con un costo diplomático descomunal, resultado de la violación del principio panamericano del respeto de las fronteras. A un costo moral inconmensurable, la mano cortada a cambio de un premio en metálico, se dio de baja a otro miembro del Secretariado. El costo económico de la guerra contra la guerrilla ha sido también considerable: en pie de fuerza, en armamento, en sobornos, en subvenciones para desertores. Y del lado de enfrente ha sido también inmenso, en dinero y en erosión de la justicia, el tratamiento del paramilitarismo, que sigue sin embargo casi intacto. Había doce mil paramilitares, se entregaron cuarenta mil y quedan ocho mil más, cuya violencia sigue.
La salud está en quiebra: cerrados los hospitales, las EPS en manos de los narcoparapolíticos, y al borde de la privatización incluso el Hospital Militar.
¡Ah! Y lo del DAS.
¡Ah! Y lo del primo y los otros sesenta uribistas presos.
Y entre tanto, el Presidente ha conseguido enemistarse casi con todo el mundo en el país. Con los altos tribunales de justicia. Con los estudiantes y los maestros. Con los parientes de los secuestrados. Con los partidos de la oposición. Con los sindicatos. Con la prensa.
¿De dónde viene entonces ese 84 por ciento de popularidad? No son tantos, sumados los favorecidos por este gobierno: delatores recompensados, politiqueros con contrato, empresarios (nacionales y extranjeros) beneficiados por subsidios y exenciones de impuestos y contratos de "estabilidad jurídica" por los que pactan ventajas tributarias y aduaneras. Serán, echando por copas, unas cien mil personas.
Los demás del 84 por ciento no son uribistas de convicción, sino uribistas de fe. Fe es creer lo que no vemos.
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Tras haber permanecido refugiado por más de 12 horas en la embajada de Costa Rica en Bogotá, en espera de respuesta a una solicitud de asilo que finalmente fue rechazada por “improcedente”, el ex senador colombiano Mario Uribe Escobar, primo del presidente de su país, Álvaro Uribe Vélez, fue arrestado la noche del martes por sus presuntos nexos con la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en uno de los más notables escándalos a raíz de las pesquisas judiciales en torno a la llamada parapolítica.
Unas horas más tarde, el propio jefe de Estado reconoció públicamente que ha sido señalado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso por su posible participación en los preparativos para la masacre en la localidad de El Aro, perpetrada en 1997 por militares y paramilitares que torturaron y asesinaron a 15 campesinos, quemaron sus viviendas y se robaron sus pertenencias. Mancuso informó que ha tenido reuniones, además, con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y con su primo, el vicepresidente Francisco Santos. Aunque Uribe niega su parte en el señalamiento, su declaración parece ser una clara estrategia de control de daños, es decir, ha preferido hacer público el dato él mismo, para evitar que la información se diera a conocer como revelación de la prensa.
A fin de cuentas, ambos datos contribuyen a fortalecer los señalamientos sobre los vínculos familiares y personales del mandatario con los grupos armados ilegales que desde la década de los 70, al amparo de una pretendida “autodefensa” de las acciones guerrilleras, emprendieron una sangrienta campaña de persecución, tortura y asesinato de integrantes de movimientos opositores. Además de los paramilitares, los Uribe han sido acusados de mantener nexos con el narcotráfico. Al respecto, es de destacar el testimonio de Virginia Vallejo, ex amante del desaparecido líder del cártel de Medellín Pablo Escobar, quien afirmó que el difunto narcotraficante había proporcionado su helicóptero para trasladar al padre del presidente colombiano, quien había resultado herido de muerte tras un ataque atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Resulta esclarecedor el informe de 1991 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) que describía a Uribe como un estrecho colaborador del cártel de Medellín y “amigo cercano” de su extinto cabecilla Pablo Escobar Gaviria, así como los reportes de prensa de la década anterior sobre el helicóptero que ese capo prestó al hoy presidente cuando el padre de éste fue asesinado.
A mayor abundamiento, Uribe ha sido señalado por recibir, durante su primera campaña presidencial, ayuda financiera de la empresaria Enilse López, sospechosa de relaciones con el narcotráfico, en particular con el cártel de Medellín, y enfrenta una acusación pública por presunto tráfico de cargos.
En suma, los elementos de juicio parecen indicar que Álvaro Uribe es un delincuente y que su equipo de colaboradores y sus círculos político y familiar están estrechamente relacionados con las fuerzas paramilitares de ultraderecha y con el tráfico ilegal de estupefacientes. Tal es el hombre al que Washington defiende como “paladín de la democracia” en América del Sur, el instrumento de la Casa Blanca en las campañas de desestabilización y hostigamiento contra Venezuela y Ecuador: un hombre de la mafia.
En tanto no despeje y esclarezca los abundantes y graves indicios de responsabilidad criminal, de él y de muchos de sus colaboradores, el gobernante colombiano carece del menor margen de autoridad moral y de credibilidad para formular caracterizaciones ofensivas de los cuatro jóvenes mexicanos asesinados por las fuerzas armadas de Colombia en la incursión del primero de marzo contra un campamento de las FARC que se situaba en territorio ecuatoriano. Y, por supuesto, las profesiones de legalismo y espíritu democrático de Uribe resultan, a la luz de su turbio y escandaloso historial, plenamente inverosímiles.
