Familiares de victimas sospechan que busca tapar nexos con politicos locales
Uribe extraditó a trece paramilitares a EE.UU.
La medida sorprendió a propios y extraños. Los paras serán juzgados por narcotráfico, pero no por corromper el sistema político.
El presidente Alvaro Uribe se enfrentó a los paramilitares y extraditó ayer a 13 de sus máximos jefes. De mala gana, pero sin patalear demasiado, los líderes desmovilizados subieron esposados en medio de la noche a los aviones de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, rumbo a Florida. Uribe no le había avisado a nadie, ni a los abogados de los paramilitares ni a las víctimas que desde hace tres años esperan paz, verdad y justicia en los tribunales.
Recién a la tarde, el mandatario se dirigió a la nación y explicó, brevemente, sus razones. “Unos seguían reincidiendo en el delito, otros no cooperaban debidamente con la Justicia, y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”, aseguró. Las organizaciones que representan a las víctimas y la oposición coincidieron con el diagnóstico oficial, pero acusaron al mandatario de sacarse de encima a los principales testigos de la parapolítica. Ahora, en cambio, serán juzgados por narcotráfico.
Los ex jefes paramilitares extraditados eran el motor de las investigaciones por los vínculos entre los grupos armados de extrema derecha y los políticos. Sólo entre Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, habían señalado a más de cien diputados y senadores, ministros, gobernadores, alcaldes y concejales, la mayoría aliados, correligionarios, amigos y hasta familiares de Uribe. “La extradición de los cabecillas paramilitares evita que sus confesiones sigan incriminando congresistas de la coalición uribista e involucrando a integrantes de la rama ejecutiva en el proceso de la parapolítica”, denunció en un comunicado el Polo Democrático Alternativo, el principal partido de la oposición.
En los diez minutos que duró su discurso, Uribe no mencionó ese detalle. Tampoco hizo referencia a que Mancuso y Jorge 40 habían confesado en una audiencia con la Corte Suprema que mantuvieron varias reuniones con el actual vicepresidente Francisco Santos y su primo y ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, durante los años ’90. Esas confesiones cumplieron un año este mes. Nadie las investigó y los dos funcionarios, aliados incondicionales del presidente Uribe, siguen en sus cargos.
“No se avanzó con la reparación de las víctimas y la identificación de las fosas comunes porque la Fiscalía no está investigando. Y no está investigando porque el gobierno no le da fondos ni recursos. Hay jueces que tienen más de mil casos a su cargo”, explicó a Página/12 un investigador de la Fundación Arco Iris, una ONG colombiana que se dedica a investigar la parapolítica y la desmovilización de más de 32 mil paramilitares desde 2004. El sociólogo pidió no revelar su nombre por miedo a la represalias de los más de 32 mil paramilitares desmovilizados que están libres y sin proceso.
Hasta la extradición y después de cuatro años de entregar las armas al Estado, sólo 85 de los 32 mil paramilitares desmovilizados estaban procesados por la Justicia colombiana, y de ellos sólo 55 estaban tras las rejas. “Ahora quedan 40. La impunidad es de más del 95 por ciento. Y en eso, el presidente Uribe ha incumplido las órdenes de la Justicia”, sentenció Eduardo Carreño, abogado de las víctimas de la masacre de Mapiripán, ejecutada bajo las órdenes de Mancuso y el ex jefe paramilitar asesinado Carlos Castaño.
Al igual que el resto de las organizaciones que representan a las víctimas de los paramilitares, Carreño sostiene que las extradiciones no harán más que dificultar los juicios por crímenes de lesa humanidad. “Si las víctimas difícilmente podían ir a las audiencias acá en Colombia, ¿cómo será en Estados Unidos?”, advirtió el abogado.
Tanto Uribe como la Casa Blanca hicieron hincapié ayer en que la Justicia estadounidense ayudará a entregar los bienes de los paramilitares para recompensar a las víctimas en Colombia. “Lo que preocupa es que sólo hablan de bienes, de una recomposición económica. ¿Y la verdad?”, se preguntó el investigador de la Fundación Arco Iris.
Una fuente de la Fiscalía Nacional reconoció a este diario que la extradición, tal como fue concedida por el presidente Uribe, terminará beneficiando a los paramilitares. “Salen ganando porque van a empezar a cumplir sus penas desde el primer día. Entonces cuando terminen su condena allá, como siguen dentro de la Ley de Justicia y Paz, ya van a haber cumplido sus penas”, explicó, asumiendo que los tribunales estadounidenses les darán entre cinco y diez años, como mínimo. La fuente pidió no revelar su nombre porque no está autorizado para hablar con los medios.
La Ley de Justicia y Paz, impulsada por Uribe y aprobada por los mismos legisladores que hoy están presos o acusados de aliarse con los paramilitares, limita sus condenas a no más de ocho años de cárcel.
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Extraditan a los principales cabecillas del paramilitarismo
A las 3 de la tarde del lunes 12 de mayo se dio la orden en la Casa de Nariño de iniciar los operativos necesarios para extraditar a los principales jefes del paramilitarismo en Colombia. A la medianoche se inició el traslado de los cabecillas desde sus correspondientes cárceles de alta seguridad de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Aviones de la DEA, escoltados por helicópteros artillados, los transportaron a la base aérea militar de Catam en Bogotá. A las 6:45 a.m. del 13 de mayo volaban rumbo a EE.UU., con escala técnica en Guantánamo. La razón: haber incumplido con el proceso de Justicia y Paz.
Fueron extraditados por narcotráfico y lavado de activos 14 capos entre los cuales se encontran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’), Diego Fernando Murillo (‘Don Berna’), Hernán Giraldo y Ramiro ‘Cuco’ Valoy entre otros. Lo más granado y tenebroso del narcoparamilitarismo en Colombia. Lo último que se le escuchó a ‘Jorge 40’ fue: “¡Nos traicionaron hijueputas!”(Darío Arizmendi, Caracol-radio)
Mancuso había dado varias declaraciones a la prensa. Sostenía que todas las esferas del Estado habían sido permeadas por el narcoparamilitarismo y que el 35% de los congresistas había sido impuesto por ellos. Naturalmente a través del terror, la intimidación y la compra de votos. Un reciente libro de carácter académico, Parapolítica, de la Fundación Arco Iris, sostiene: “La investigación de la corporación Arco Iris llegó a la siguiente conclusión: En una gran ola de expansión, los paramilitares ganaron varias guerras y en ese proceso lograron modificar sustancialmente el mapa político en 12 Departamentos, transformar parcialmente el de otros, establecer una gran bancada parlamentaria, influir en las elecciones presidenciales, capturar el poder local en diversas regiones del país y entrar en un proceso de negociación con el Estado.” Negociación que se plasmaría en la “refundación de la patria” por parte de la mafia y sus organizaciones mercenarias a través de los parapolíticos (el pacto de Ralito) y luego a través del proceso de Justicia y Paz que pretendía originalmente “castigarlos” con dos o tres años de cárcel y soltarlos luego con sus capitales intactos y legalizados ante la sociedad. Es evidente que la frustración de esta negociación condujo a la actual extradición como se verá más adelante.
Se afirma en Parapolítica que en el libro que escribió Mancuso con la colaboración de la periodista Glenda Martínez se dice: “Con las Convivir (organizaciones de autodefensas creadas por Uribe Vélez cuando eran Gobernador de Antioquia) y la posibilidad de replicarlas entre los ganaderos que le habían pedido apoyo en Cesar y Sucre, Mancuso se concentró en fortalecer su propia organización (su propia Convivir). Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) sería la cabeza en el Cesar, mientras que Diego Vecino se encargaría de Sucre…” Es de anotar que las enormes haciendas de Mancuso y de Uribe (‘El Ubérrimo’) en Cordoba colindan entre sí.
En estos días Mancuso le había concedido una entrevista al periodista Steve Kropft para el programa ’60 minutos’ de la cadena CBS y en ella había dicho que las multinacionales bananeras nunca pagaron por presiones sino que lo hicieron con total libertad.
El diario El Espectador (13-05-08) trascribe parte de la entrevista: “No, no es cierto que hayan sido presionados –dijo Mancuso-. Ellos pagaban impuestos porque eran como un Estado en la zona, y porque se proporcionaban la protección que les permitía seguir haciendo inversiones y su beneficio económico “. Comprometió a la Chiquita Brands a la Dole Food Company y Del Monte Fresh Produce, todas gringas. Sobra advertir que estos “impuestos” que generosamente pagaron las multinacionales a los ejércitos ‘paracos’ sirvieron para realizar múltiples genocidios, descuartizamientos, desplazamientos, etc.
Es decir, algunos jefes paramilitares estaba ‘cantando’ mucho y otros amenazaban con ‘cantar’. Se ha dicho que sólo entre las confesiones de ‘Macaco’ -reciente e intempestivamente extraditado- y Don Berna tumbarían el gobierno y pondría a temblar el establecimiento que está seriamente comprometido. El mismo Mancuso contó cómo Bavaria y Postobón, empresas de los distinguidísimos magnates Julio Mario Santo Domingo y Ardila Lule también pagaban impuestos a los ‘paracos’. Todos untados de sangre.
Entre las negociaciones con el Estado se encontraba la ley de Justicia y Paz, concebidamente originalmente para legalizar vida, obras y capital de los narcoparamilitares en un dos por tres. De la verdad, justicia y reparación, parámetros en los cuales debía moverse este proceso, apenas se les exigía una inocente declaración de sus crímenes no sujeta a ninguna sanción en caso de mentir. “Una declaración libre” como se dijo en esa época. De 8 a 5 años de cárcel reducibles a dos o tres por buena conducta y de la reparación lo que quisieran dar (han entregado neveras, motos, cachivaches, algunas tierras que han ido a parar de nuevo a los mafiosos). Sólo que la Corte Constitucional modificó el proyecto original y exigió, entre otras cosas, que a quien se le comprobara que mentía perdía los beneficios de la ley y sería sometido a la justicia ordinaria que establece penas hasta de 40 años de cárcel. Con estas modificaciones ya quedaba muy difícil cumplir lo pactado y comenzó a deteriorarse el negocio original. Y como si fuera poco el 35% de congresistas que el narcoparamilitarismo tenía como cuota en el Parlamento comenzó a caer como resultado de las denuncias que valientemente hizo el Polo Democrático y la respuesta eficaz que la Corte Suprema de Justicia dio a estas denuncias. Hoy dos cárceles de “alta seguridad” están abarrotadas con todos estos personajes, a despecho de que los atiendan a cuerpo de rey, Pero, bueno, algo es algo…De todas maneras el proceso marchaba, afloraba la verdad, así fuera a pedacitos, miles de fosas se encontraron, las víctimas tuvieron la oportunidad de encontrar los restos de sus seres queridos.
Con la extradición de los grandes jefes del paramilitarismo se rompió el proceso de Justicia y Paz. Se supeditaron los crímenes de lesa humanidad al narcotráfico, delito que, como se ha repetido hasta la saciedad, es un delito menor frente a las atrocidades cometidas. El deber del Estado era entregarlos a la justicia ordinaria en caso de que incumplieran la ley de Justicia y Paz, hacer prevalecer los intereses de las víctimas sobre los intereses del imperio al que únicamente le interesa llegar a acuerdos con los capos para que les entreguen rutas de narcotráfico a cambio de una nueva identidad y gran parte de sus fortunas colosales o, en el mejor de los casos, dejarlos confinados en sus mazmorras siniestras, pero confinada también la verdad y la reparación, garantizada para siempre la impunidad y en consecuencia la violencia que nunca cesará mientras persista aquella.
Hoy mientras las víctimas lloran, respiran tranquilamente los parapolíticos y el establecimiento. Excepto que actuemos, que nos movilicemos, que activemos la solidaridad internacional.
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Colombia extraditó a 14 paramilitares pese a estar acusados de crímenes de lesa humanidad
El Gobierno colombiano extraditó la madrugada de este martes a Estados Unidos, por narcotráfico y lavado de archivos, a 14 cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha), a pesar que estos paramilitares debían responder ante la justicia del país neogranadino por más de 200 masacres y 49 mil desapariciones forzosas.
Los paramilitares, que según el ministro de Interior y Justicia colombiano, Carlos Holguín, "ya están volando" hacia Estados Unidos, fueron recibidos en el aeropuerto El Dorado, cercano a Bogotá, por agentes de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA).
Holguin se abstuvo de explicar las razones por las que Colombia decidió tan sorpresivamente la entrega de estos colombianos y adelantó que será el presidente conservador, Álvaro Uribe, quien este mismo martes detalle los motivos en una rueda de prensa.
Entre los paramilitares extraditados, quienes estaban presos en diversas cárceles del país, se encuentran Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo (alias "Don Berna"), Francisco Javier Zuluaga (alias "Gordolindo") y Rodrigo Tovar Pupo (alias "Jorge 40").
Estos colombianos afrontaban peticiones de extradición en cortes de Miami (sureste), Nueva York (noreste), Houston (sur) y Washington (noreste), acusados de tráfico ilícito de drogas, lavado de archivos y financiación de actividades terroristas.
La extradición de estos líderes paramilitares fue precedida por la de Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", quien abandonó el país el pasado 7 de mayo, luego de una fuerte contienda judicial encabezada por las víctimas de la facción que lideraba este hombre, el Bloque Central Bolívar, que fue el más grande de las AUC y al que se le atribuyen unos 10 mil asesinatos.
En un fallo que luego fue revocado por el Consejo Superior de la Judicatura, un tribunal de Bogotá había ordenado que Jiménez debía permanecer en el país hasta que fuera enjuiciado y reparara a sus víctimas.
El envío de "Macaco" fue demorado por cerca de un mes.
Las AUC son amparadas por la Ley de Justicia y Paz, la cual establece la supuesta desmovilización y desarme de este grupo, cuyos miembros debían colaborar con la justicia, reparar a las miles de víctimas y no volver a delinquir, a cambio de penas mínimas de máximo ocho años.
Sin embargo, en meses pasados fueron descubiertos miles de dólares en varias de las cárceles donde se encontraban recluidos destacados miembros de las AUC, que también están implicadas en negocios con bananeras estadounidenses.
A este grupo armado ilegal también se le ha vinculado con más de 60 congresistas del partido de Uribe, que llegaron al poder u obtuvieron grandes extensiones de tierra gracias a la ayuda de las AUC, en lo que se conoce como el "escándalo de la parapolítica", que tiene sumido al Congreso en una profunda crisis institucional.
En este escándalo ha sido vinculado, incluso, el primo hermano del presidente Uribe, Mario Uribe Escobar.
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