■ Es un daño a la economía, la seguridad nacional y la relación con un aliado: la Casa Blanca
Revés para Bush y Uribe;
congela el Congreso el TLC con Colombia
■ La campaña de Hillary Clinton, afectada por la decisión de eliminar las reglas del fast track
■ La maniobra de la mayoría demócrata “se alinea con las metas de Chávez”, dicen republicanos
David Brooks y Roberto González Amador (Corresponsal y enviado)
Un experto inspecciona uno de los 20 cuerpos encontrados en una fosa común el pasado miércoles en Cali, Colombia, todos ultimados por paramilitares. Congresistas estadunidenses se oponen a un acuerdo comercial con el país sudamericano, entre otras cuestiones, por la impunidad que gozan los paras, luego de los acuerdos que alcanzaron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia con el gobierno de Álvaro Uribe
Washington, 10 de abril. Un enfrentamiento político con trasfondo electoral entre el liderazgo demócrata legislativo y el presidente George W. Bush hundió, por el momento, el Acuerdo de Libre Comercio con Colombia, en lo que significa una derrota para la Casa Blanca y el gobierno de Álvaro Uribe, al igual que severos daños colaterales para Hillary Clinton.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cumplió hoy con su amenaza de eliminar las reglas del llamado fast track que obligaba a la legislatura a votar sobre la ratificación del acuerdo comercial en un periodo de 90 días, como respuesta a la decisión unilateral de Bush de presentar la iniciativa sin llegar antes a un consenso sobre algunos temas en disputa.
Con ello, el acuerdo comercial queda congelado hasta que el liderazgo demócrata decida someterlo a voto. Algunas fuentes legislativas indicaron a La Jornada que esto podría implicar la muerte de esta iniciativa por lo menos todo este año.
Bush decidió presentar la iniciativa el martes, afirmando que más allá de su importancia económica era fundamental para “la seguridad nacional” de Estados Unidos, y como parte clave de su estrategia en la región para contrarrestar fuerzas antiestadunidenses, sobre todo la influencia de Venezuela.
Sin embargo, la Casa Blanca se sorprendió con la acción del liderazgo demócrata y Bush criticó hoy a la Cámara al declarar que el voto “daña nuestra economía, nuestra seguridad nacional y nuestras relaciones con un aliado importante”.
La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, afirmó que “desde la perspectiva de la política exterior y los intereses estadunidenses, tal vez no hay un acuerdo de libre comercio más importante en la memoria reciente…”. Desde ayer, Rice advertía de las consecuencias de la derrota de este acuerdo, y declaró que “ayer estaba con mis contrapartes de México y Canadá… y ellos estaban muy claros de que el fracaso de Estados Unidos en aprobar este pacto comercial tendría consecuencias muy serias, pues haría daño al interés estadunidense y a la credibilidad de nuestro país en la región”.
Al no aprobar el acuerdo, insistió, Estados Unidos no debe abandonar al gobierno de Uribe, “este amigo… que ha hecho todas las cosas correctas para llevar a su país a la estabilidad, la democracia y la prosperidad, y lo ha hecho como un firme aliado de Estados Unidos, luchando contra terroristas por un lado, tratando de desmovilizar paramilitares por el otro, y manteniéndose firme contra estados y fuerzas antiestadunidenses muy hostiles”.
Legisladores republicanos en la cámara también condenaron la maniobra como “chantaje político” y uno de ellos, David Dreier, dijo que esta acción legislativa de los demócratas “se alinea con las metas de Hugo Chávez y los narcoterroristas de Sudamérica”.
El acuerdo ya enfrentaba una serie de obstáculos –oposición feroz de sindicatos y organizaciones de derechos humanos, entre otros– que se magnifican en un año electoral, y donde cobran mayor peso de lo normal los sectores sociales que se oponen a este tipo de libre comercio (vale recordar que en algunas encuestas, la mayoría de los estadunidenses cuestiona o se opone al libre comercio y, de repente, los políticos necesitan sus votos).
Todo esto también despertó una vez más el gran debate sobre el libre comercio en este país, uno que tiene especial resonancia justo en medio de una recesión económica y en un ciclo electoral donde el tema provoca profundas divisiones. Diversas regiones de este país donde se ha sufrido la pérdida de algunos de los más de 4 millones de empleos manufactureros desde el inicio de este siglo, y donde los ecos negativos asociados con el TLC con México siguen nutriendo resentimientos, no son terrenos donde políticos, particularmente demócratas, desean promover el libre comercio.
De hecho, los dos precandidatos demócratas se han visto obligados –al buscar los votos de sus bases en estados como Ohio y ahora Pennsylvania– a pronunciarse en contra del acuerdo con Colombia y criticar, hasta el punto de proponer la renegociación, y hasta anulación del Tratado de Libre Comercio con México.
El asunto es tan potencialmente tóxico para los políticos demócratas, que ya ha causado severos daños a la candidatura de la senadora Hillary Clinton en las últimas dos semanas, llegando a tal nivel que la obligó la renuncia de su principal estratega político e íntimo amigo Mark Penn la semana pasada, al revelarse que cabildeaba la aprobación del acuerdo pagado por el gobierno colombiano justo mientras Clinton expresaba una y otra vez su oposición en los actos electorales.
Pero no acabó ahí: en los últimos días se reveló que Bill Clinton ha recibido decenas de miles de dólares de agrupaciones colombianas pro comercio libre para dar discursos, y se recuerda que Uribe le otorgó un premio hace un año para apreciar su trabajo en mejorar la imagen internacional de Colombia. A la vez, varios asesores y amigos de los Clinton trabajan en firmas de relaciones públicas contratadas por el gobierno Colombiano para promover el acuerdo, reportó el New York Times esta semana.
No se descarta que la Casa Blanca y el liderazgo demócrata en el Congreso lleguen a un acuerdo para rescatar el pacto comercial, pero por el momento todo queda congelado y cada día se hace más remota la posibilidad de un acuerdo este año.
LOS DEMOCRATAS SUSPENDIERON LA VOTACION DEL ACUERDO COMERCIAL EN EL PLAZO DE 90 DIAS
El TLC con Colombia no sale del Capitolio
El debate sobre el Tratado de Libre Comercio se hará sin tiempos establecidos, según votaron en la Cámara de Representantes. Los demócratas quieren que Bogotá primero muestre progresos en materia de derechos humanos.
La decisión sobre cuándo será abordado el TLC queda ahora en manos de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia quedó cajoneado ayer después de la decisión de la Cámara de Representantes de eliminar los 90 días de plazo establecidos para decidir si aprueba el acuerdo. La decisión de los representantes, aprobada por 225 votos a favor y 194 en contra, supone que el TLC puede ser considerado ahora cuando la presidenta del organismo lo disponga, y no en el plazo estipulado cuando el pacto fue negociado.
El miércoles, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció su intención de suprimir el plazo de 90 días, después de que el presidente George W. Bush enviara el lunes el TLC al Congreso para su ratificación pese a la oposición de los demócratas. Estos, que controlan el Congreso, habían advertido reiteradamente a Bush que no enviara el pacto al Legislativo, porque la mayoría opositora no está dispuesta a aprobarlo hasta que Colombia muestre mayores progresos en materia de derechos humanos.
Sobre todo, los demócratas argumentaron que no permitirían al presidente decidir su agenda tratando de forzar una votación sobre el TLC, toda vez que, según esgrimen, querían continuar dialogando sobre el polémico pacto antes de que les fuera remitido. El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Charles Rangel, afirmó durante el debate que precedió a la votación que el presidente Bush había violado los protocolos. “Usted cambió procedimientos, nosotros defendemos las reglas de la Cámara”, añadió Rangel dirigiéndose a Bush. La medida “daña la misma idea de democracia y libre mercado”, estimó por su parte el republicano David Dreier.
La decisión de la Cámara deja ahora en stand by al TLC entre Estados Unidos y Colombia, el principal aliado de Washington en la región y principal destinatario de ayuda norteamericana del continente. La decisión sobre cuándo será abordado el Tratado que enfrenta a republicanos y demócratas queda ahora en manos de Pelosi. Los demócratas han señalado que no aprobarán el acuerdo con Colombia hasta que el gobierno de Alvaro Uribe no muestre mayores progresos en la protección de sindicalistas y en las investigaciones de las relaciones entre autoridades y legisladores colombianos con paramilitares de extrema derecha.
La paralización fue aprobada en momentos de gran incertidumbre económica para Estados Unidos, que los demócratas, sindicatos y grupos afines han utilizado como munición para oponerse al TLC y exigir más protecciones para la estrujada clase media estadounidense. La clase media, dijo el demócrata Rahm Emanuel, afronta un alza en el costo de vida, en los precios de combustible, en el costo de cuidado médico y de la educación universitaria, “pero el ingreso medio en este país se ha reducido en 1100 dólares”. “El comercio puede ser algo bueno, pero si no tienes una agenda para que los estadounidenses ganen en esa globalización, la clase media se sentirá estrujada y resistirá los esfuerzos por abrir mercados”, explicó.
Los republicanos llamaron a la resolución “la regla de Hugo Chávez”, sugiriendo que un rechazo del TLC alentaría la posición anti-estadounidense que promueve el mandatario venezolano. Insistieron en que el pacto comercial robustecerá las exportaciones y “nivelará el terreno” para la economía nacional. La oposición señaló que la votación era un mero trámite legislativo para impedir que Bush les obligue a votar sobre el TLC antes de fin de año.
El plazo indefinido de aprobación al que queda ahora expuesto el acuerdo podría permitir a los demócratas incluso introducir nuevas modificaciones al texto como las que promovieron el año pasado en materia laboral y ambiental. La ley comercial de Estados Unidos exige que el Congreso apruebe o rechace un pacto comercial sin hacerle cambios, pero también permite que se cambien las reglas del juego.
La Casa Blanca criticó duramente el miércoles la decisión de la oposición, en una rueda de prensa encabezada por la secretaria de Estado Condoleezza Rice acompañada por el secretario del Tesoro, Henry Paulson; el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, y la Representante de Comercio Exterior Susan Schwab, entre otros altos funcionarios. En un comunicado, Susan Schwab insistió en que la Casa Blanca realizó extensas consultas con el Legislativo y la maniobra demócrata sólo “convierte en perdedores a los trabajadores, agricultores y proveedores de servicios” en este país.
Los dos precandidatos a la investidura presidencial demócrata, Hillary Clinton y Barack Obama, se han manifestado en contra del acuerdo con Colombia, mientras que el candidato republicano John McCain lo ha defendido.
El desplazamiento en Colombia, una catástrofe
Germán Uribe
Con el destacado titular del diario El Tiempo de Bogotá en primera página hace pocos meses, "Desplazados en el país se redujeron a la mitad", el desprevenido lector, extranjero o nacional, no puede menos que aplaudir los ingentes esfuerzos del gobierno del presidente Uribe, vislumbrando de paso que este resultado no es otra cosa que la "Seguridad Democrática" dando frutos. Pero como estos mismos lectores seguramente no se tomaron el trabajo de leer la letra menuda de la noticia, ni de investigar a fondo en esa o en otras fuentes, es precisamente a ellos a quienes dirijo estas pocas líneas, haciendo por sacarlos del error en el que pudo hacerlos caer esa ya manida trampa mediática en donde en el titular comúnmente campean el sesgo y la inclinación ideológica del medio.
Pues, bien, veamos. Todo lo que viene ocurriendo en este país en materia de injusticias, desequilibrio social y un orden público desbordado e incontrolable, nos duele profundamente. Nos duelen las fosas comunes, los secuestros, las torturas y desapariciones y los embates de la naturaleza, pero en lo que a mí respecta, no hay nada que pueda causar mayor aflicción y cólera, y al que pueda verle un más alto contenido de iniquidad, que al drama de los desplazados.
Sabemos, y lo sabemos muy bien constatándolo a diario, del manejo despreocupado, un tanto displicente, o en todo caso "relajado" que se le ha dado a esta catástrofe brutal. Y no es requisito imprescindible tomar como fuente de información de este fenómeno la valerosa preocupación de la Corte Constitucional, quien luego de una sonora sentencia, denunció un “estado de cosas inconstitucional", llevando a su presidente a expresar que "no se le podía seguir tomando el pelo a los desplazados por la violencia, cuyas necesidades no han sido atendidas por el gobierno", y al magistrado Manuel José Cepeda a decir que "es espeluznante la impunidad en el delito de desplazamiento, porque se debe garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición". No. Es que el espectro del desplazamiento interno forzado de los más de 3 millones de colombianos se siente y se vive en todos los rincones de nuestra patria. Sin requerir nuestro "desplazamiento" hacia áreas especialmente sensibles, bástenos un recorrido por las grandes ciudades, para constatar que apiñados por montones en los semáforos, o hacinados en barrios periféricos casi todos ellos de invasión, su tragedia diaria nos está enrostrando y reclamando por la más descarada y perversa de las vergüenzas nacionales.
Pero como asuntos de tanta magnitud y consternación histórica demandan extremo cuidado en su juicio, es inevitable echar mano de estudios que ofrezcan plena confiabilidad de ésta que fue mencionada no hace mucho como "la peor tragedia humanitaria del hemisferio occidental". Y la oportunidad es precisa cuando se retoma, como lo hacemos ahora, el informe de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (Acnur) denominado "Tendencias globales 2006" que, simplificando, resalta que 3 de los 13 millones de desplazados que reconoció en todo el mundo son colombianos. Es decir, que este 23% del total que Colombia "ostenta", nos colocó como uno de los países más indolentes del planeta.
Es necesario, además, en el intento por diseccionar este engendro y verlo como corresponde desde una óptica globalizada, advertir que contamos con más "refugiados internos" o "desplazados" que Irak, Pakistán, Sudán y Afganistán, sólo siendo superados por Uganda, Darfur y la República Democrática del Congo, según la misma declaración.
En este punto cabe señalar que mientras Acnur o La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, se reafirman en la cifra de los 3 millones, para el actual gobierno la cifra alcanza, si acaso, 1,5 millones.
Lo inconcebible es que para nadie es un secreto que el origen de esta movilidad creciente y en veces masiva de sectores campesinos hacia los centros urbanos no es otro que, como dice el periodista Fredy Muñoz Altamiranda, "el desequilibrio en la distribución del ingreso, el aumento del latifundismo a expensas de la acción armada del paramilitarismo, la desaparición paulatina del estado de derecho, la precarización laboral y la corrupción administrativa". E igualmente, tampoco es un secreto que la impunidad, como en toda clase de delitos, abona el terreno para el crecimiento delincuencial. Entre 2004 y 2006, la Fiscalía inició 6.500 procesos relacionados a los desplazamientos y apenas 32 casos llegaron a los tribunales, y según un resumen de Colprensa, de los casos que llegan a la Fiscalía sólo el 0,49 por ciento llega a juzgados penales, de estos el 40 por ciento se convierten en sentencias, es decir, que la justicia penal con los desplazados alcanza el 0,002 por ciento de efectividad, y en ese mismo periodo se han registrado 83 asesinatos de personas desplazadas, se produjeron 200 mil desplazamientos por año y de 600 mil desarraigados, sólo en 13 casos se han dado sentencias condenatorias.
Y es que el propio representante de la Acnur, Roberto Mignone, en la reciente lectura desde Medellín de un balance actualizado -motivo de mención triunfalista en la primera página del diario colombo-español-, decía que se trataba el actual de un "un panorama de luces y sombras", advirtiendo la persistencia de la impunidad "pues solamente van 13 personas procesadas por desplazamiento, mientras que las víctimas de este crimen en tres años suman 619 mil".
Últimamente, y como consecuencia de variadas lecturas sobre nuestra historia continental, he venido reflexionando sobre lo inconcebible que es que, mientras la mayoría de los conflictos civiles y los gobiernos de facto en Latinoamérica han venido siendo, mal que bien superados, las fallas estructurales de estos mismos Estados y sus instituciones, estuvieran no extirpando, sino nutriendo las causas que ocasionan que las gentes humildes de diversas naciones se vean constreñidas a un éxodo marcado por la negación al más elemental respeto a sus derechos humanos, tornándolos en extraños en su propia tierra, y todos ellos, los "desarraigados internos", condenados sin esperanza a una vida de zozobra y miseria sin otro destino que el de una vil extinción a corto o mediano plazo muy parecida al genocidio, pero esta vez por la criminal omisión de quienes pudieron impedirlo.
CODHES, una seria y acreditada ONG en nuestro país, refiriéndose a su propia labor, describe así el crudo contexto de su razón de ser: "Los indicadores, las estadísticas son por excelencia datos fríos que, sin embargo, adquieren otra dimensión cuando registran dramas humanos como el que implica la huida intempestiva de quienes buscan protección y seguridad, de quienes van de un lugar a otro, como si fueran parias, en silencio, ocultando su tragedia, como si hubieran sido descertificados en su propia patria".
Ningún colombiano tiene derecho a decir o a sentirse que vive en paz, o con la conciencia tranquila. Y mucho menos, a vanagloriarse de estar apropiadamente gobernado y bajo el cobijo de unas instituciones sólidas y respetables, así esté amparado por la comodidad y el privilegio de no ser uno más de aquellos infelices.
Aquí, en todo caso, todos somos responsables de esta "hecatombe", pero en grado sumo, el establecimiento y la clase política con cualquiera de los gobiernos que estos dos, ricos y politiqueros confabulados, nos han venido imponiendo.
Y, naturalmente, también nosotros, la sociedad civil en pleno, debemos responder por todo ello.
