a las figuras políticas y sociales
que sirvieron de mediadores
para el proceso de paz
El anuncio lo hizo el fiscal general de nación, Mario Iguarán, en una sorpresiva rueda de prensa ofrecida en Bogotá en horas de la tarde, en la cual precisó que los procesos se abrieron a raíz de las informaciones obtenidas de las computadoras supuestamente pertenecientes al asesinado comandante guerrillero Raúl Reyes.
"La Fiscalía de Colombia por el momento -porque el análisis de la información continúa- ha dispuesto, en lo que tiene que ver con lo tres congresistas, doctores Piedad Estela Córdoba, Wilson Alfonso Borja, Gloria Inés Ramírez, amparados por el fuero (...) compulsar de manera inmediata copias ante la honorable Corte Suprema", dijo.
Explicó que la medida se basa en el análisis realizado por la Policía Judicial "que indica vínculos con las FARC", aparentemente a través de la identificación de correos electrónicos.
Señaló que las demás personas investigadas son: "Amílcar Figueroa, venezolano, miembro del Parlamento Latino; María Augusta calle, ecuatoriana, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente; Iván Larrea, ciudadano ecuatoriano; el señor James Jones, ciudadano americano, profesor universitario".
Asimismo, "los periodistas Carlos Lozano, William Parra, la señora Liliana Patricia Obando, directora de una ONG, e igualmente el ex candidato a la Presidencia Álvaro Leyva y el (ex) asesor de paz, el señor Lázaro Viveros".
Carlos Lozano es miembro del Partido Comunista y editor del semanario Voz. Al igual que el ex candidato presidencial y miembro del Partido Liberal Álvaro Leyva, recibió del presidente Álvaro Uribe la encomienda de dialogar con la guerrilla para buscar reactivar los diálogos hacia un acuerdo humanitario.
William Parra es Director de Investigación de TeleSUR, mientras que Liliana Patricia Obando encabeza la organización no gubernamental Frunce Agro.
Por su parte, Lázaro Viveros aseguró a la versión digital del diario bogotano El Espectador que le queda "un sabor amargo" con la noticia de la Fiscalía, pero que se presentará para dar las explicaciones necesarias.
"Hay que tomarlo con mucha calma, porque todo lo que yo hice fue de cara al país y buscando la libertad de los secuestrados. El Gobierno siempre supo de mis gestiones y mis trabajos periodisticos fueron conocidos en todos los medios", dijo.
Viveros recordó que como asesor de paz permaneció casi tres años en el Caguán y lo único que hizo "fue dar luces" en el proceso de paz.
Por su parte, Carlos Lozano dijo al mismo medio que "no me sorprendió para nada la decisión de la Fiscalía, porque desde hace rato había mucha presión porque las investigaciones eran exclusivas de la parapolítica".
"Lo único que me llama la atención es que las personas nombradas sean gestores del proceso de paz, como si colaborar con el intercambio humanitario pudiera llegar a ser judicializado", añadió.El periodista colombiano y director de Investigación de Telesur, William Parra, acusado por el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, por su presunta implicación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), declaró este viernes ser víctima del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, por cubrir el tema del conflicto armado y el paramilitarismo.
En entrevista desde el programa En vivo desde el Sur, que transmite Telesur, Parra denunció que se encuentra inserto dentro de 'una cacería de brujas, un chivo expiatorio que se presenta para tapar el escándalo de la preventa de puestos a varios parlamentarios que se había dado con la campaña de reelección de Uribe'.
Indicó que esta persecución por parte del Gobierno colombiano no es reciente y que desde hace tres años y medio, a raíz de una entrevista realizada al dirigente de las Farc asesinado por el ejército colombiano, Raúl Reyes, para la agencia Reuters, ha sufrido diferentes atentados contra su vida.
“En Colombia, desde que Uribe llegó a la presidencia, casi todos los medios de comunicación han sido silenciados”, señaló Parra.
Precisó que en Colombia ya no se habla abiertamente del conflicto armado y que buscar la noticia en la fuente paramilitar implica ser acusado de cómplice.
Con respecto a la acusación formulada por el fiscal colombiano, dijo sentirse despreocupado y tranquilo con su conciencia.
“Llevo más de 20 años haciendo periodismo para mi país. Esperaré por lo que vaya a pasar, pero seguiré firme en la denuncia en cuanto al veto informativo que se sigue suscitando en relación al conflicto armado”, indicó el periodista neogranadino.
Por su parte, en un enlace especial para la entrevista, el abogado judicial colombiano Reynaldo Villalba señaló que esas supuestas pruebas que relacionan a Parra y a 11 personas más colocan en entredicho la gran labor a favor de la paz, la democracia y el entendimiento que la mayoría de ellos han realizado durante tantos años en el país.
Igualmente, cuestionó la veracidad de estas pruebas: “Si no hubo cadena de custodia a nivel judicial para esos computadores, no se puede tener certeza de las declaraciones dadas hasta el momento, viéndolo a la luz de las leyes colombianas”.
Para la senadora colombiana Piedad Córdoba, del Partido Liberal, manifestó que las acusaciones de la Fiscalía General de Colombia hacen parte de una maniobra para quitarle notoriedad a los graves escándalos de la narcoparapolítica que involucran al presidente Álvaro Uribe.
De acuerdo a las declaraciones ofrecidas en exclusivas a TeleSur, a Córdoba no le sorprende la apertura de investigaciones sobre supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), anunciada, este jueves, por la información encontrada en las supuestas computadoras del líder guerrillero Raúl Reyes, quien fuera asesinado por tropas colombianas en territorio ecuatoriano, el pasado 1 de marzo.
La senadora concuerda con lo afirmado por el periodista comunista Carlos Lozano, en torno a las acusaciones contra tres congresistas, tres periodistas, un ex candidato presidencial, una activista y tres extranjeros, lo cual es parte de una maniobra para quitarle notoriedad a los graves escándalos de la parapolítica en Colombia, donde más de la mitad de los parlamentario están acusados de mantener nexos con los paramilitares.
Lamentó que el Gobierno no quiera reconocer “que hay un derecho de guerra” pero consideró que lo ocurrido será una nueva oportunidad para luchar por la justicia, “a ver si se le acaban las excusas al Gobierno para esconder la verdad”.
Según dijo a TeleSUR, en un contacto telefónico desde Bogotá, la noticia “no es sorprendente ni es sorpresiva, es apenas fruto natural del proceso que está viviendo internamente el país, con un Gobierno que fue calificado de régimen mafioso, en una circunstancias que cada vez más lo ponen contra la pared”.
“Yo me atengo a la verdad a lo que he hecho, a lo que el país conoce. Me atengo, afortunadamente, a quien respeto, que es mi poder natural, de Justicia y como dice el dicho popular: amanecerá y veremos”, manifestó.
“Ésta es una tarea difícil, pero no es la primera batalla ni es la última para quienes, como revolucionarios, reivindicamos una sociedad distinta y diferente y pensamos que Colombia merece una suerte mejor”, añadió.
Aseguró que uno de los próximos ataques orquestados desde el Gobierno vendrá de la guerrillera recientemente desmovilizada Karina, con quien cree que intentarán vincularla.
“Ya Karina está también declarando contra nosotras, es una señora que yo no conozco bajo ninguna circunstancia”.
Nuevamente, la senadora defendió la posibilidad de que países de América Latina “con sus presidentes, a la cabeza el presidente Chávez, (Rafael) Correa, Cristina Kirchner, Evo Morales, el nuevo presidente de Paraguay, con Brasil”, conformen un grupo de naciones facilitadoras del acuerdo humanitario en Colombia.
Dijo que no detendrá su labor “para recuperar la libertad de los civiles, para comenzar el acuerdo humanitario”, y se puso un plazo “de aquí a diciembre para que podamos estar obteniendo por parte de las Farc, en una oportunidad única en la historia, que termine el secuestro y que salga del conflicto interno como forma de lucha política”.
El presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, Amilcar Figueroa, al referirse a las acusaciones que en su contra hizo el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, en Bogotá, dijo que es una patraña más para tapar la cercanía que tiene el presidente Álvaro Uribe con la parapolítica y el narcotráfico.
El Fiscal General de Colombia anunció ayer que el gobierno de Colombia abrirá una serie de investigaciones judiciales preliminares en contra del parlamentario venezolano, que surgen a raíz de las informaciones obtenidas de las supuestas computadoras del asesinado ex líder guerrillero colombiano Raúl Reyes por tropas colombianas que invadieron territorio ecuatoriano, el pasado 1 de marzo.
En el programa En Confianza que transmite Venezolana de Televisión, Amilcar Figueroa comento ante las acusaciones desde Colombia que “Hemos actuado bajo total legalidad”.
“Yo entiendo que lo de ayer (jueves) trata de cubrir varios objetivos, en primer lugar el conflicto interno que tiene Colombia con todo el tema de la cercanía que tiene el presidente Uribe en cuanto a los nexos con la parapolítica y el narcotráfico”.
Recordó Figueroa que las amenazas en su contra por parte del gobierno de Colombia vienen realizándose desde hace más de un año. “Hace más de un año José Vicente Rangel dijo que justamente el ahora Ministro de la Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, había ordenado mi muerte”.
Entra tanto, el parlamentario venezolano comentó que “el presidente Uribe busca meter a Venezuela en el conflicto interno colombiano, tratar de establecer supuestos nexos entre nuestro país y la insurgencia colombiana”.
El presidente Uribe “está montando una provocación contra Venezuela”, esto se evidencia cuando “sus tropas incursionan en territorio venezolano”, apuntó Figueroa.
Agregó Figueroa que, en este sentido, “está claro que el presidente Uribe tiene una vocación guerrerista, el presidente Uribe es básicamente un guerrerista, en este caso estamos enfrente de un militarista, un guerrerista que se empeña en ponerle obstáculos a las luces de la construcción de la paz en Colombia”.
“Ahora me acusa a mí, yo sí he dicho que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) es un actor político en Colombia y que para construir la paz tienen que sentarse los distintos actores políticos y este tipo de ideas se criminalizan por parte del gobierno de Colombia... como han criminalizado la lucha sindical, las protestas sociales e incluso el periodismo”, sostuvo el presidente alterno del Parlamento Latinoamericano.
Sobre este punto aclaró que “eso no ha logrado que uno deje de expresar lo que uno piensa del conflicto colombiano”.
Argumentó Figueroa que “si en América Latina funcionaran realmente los organismos internacionales deberían presionar a Álvaro Uribe a que renuncie al gobierno, que es absolutamente separador de cualquier legalidad internacional y que actúa como un gobierno forajido”.
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Carlos Lozano, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja tienen varias cosas en común. Son integrantes de la Junta Nacional del Polo Democrático Alternativo, pertenecen al Comité Central del Partido Comunista Colombiano, son sobrevivientes del exterminio contra la Unión Nacional de Oposición ejecutado en los años 1974 al 80. del Genocidio contra la Unión Patriótica y el PCC sobrevivieron a amenazas y atentados.
Ahora a los tres se les quiere procesar bajo la acusación de pertenecer a la guerrilla de las FARC.
Carlos Lozano ha sido citado a indagatoria por el Fiscal General quien a su vez solicitó a la Corte Suprema de Justicia que iniciara investigación contra Gloria Inés y contra Wilson, en razón de su fuero de parlamentarios. También ha sido incluida la combativa senadora Piedad Córdoba. Opositora al gobierno y trabajadora incansable por el Acuerdo Humanitario y la paz. Álvaro Leyva y Lázaro Viveros, trabajadores por la paz y la funcionaria de Fensuagro, Liana Obando, también han sido vinculados.
Bajo la presión del gobierno, al cual siempre ha pertenecido, el Fiscal Iguaràn, ha iniciado de esta manera el tan publicitado proceso de la farcopolitica. Nunca antes ningún espectáculo ha sido anunciado con tanto despliegue. Mediante editoriales, artículos de prensa de la extrema derecha, delirantes declaraciones del Vicepresidente Santos, ofensas incendiarias de Uribe y amenazas diarias del ministro de defensa, también del clan de los Santos, se ha venido preparando el montaje. La campaña publicitaria de expectativa del show es digna de contratar por los grandes empresarios y multinacionales para promocionar sus productos y servicios.
El parauribismo, sumido en la profunda crisis que le provoca la parapolitica, esta si real, cruel y sanguinaria, y los escándalos de corrupción que rodearon la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección fraudulenta de Uribe, busca tender ahora una cortina de humo. Un distractor. Un falso e inexistente equilibrio. Quizás busca a largo plazo una “Ley de punto final”.
Pero se equivocan.
Hay algo con que no han contado, además de la inocencia de los inculpados. Que ellos conocen perfectamente. Y que seguramente solo son el inicio de una masiva cacería de brujas.
El mundo se levantará indignado y solidario.
Con la solidaridad que no ha tenido Uribe, que lo que tiene son socios ávidos de ganancias y expansiones. Y adhesiones producto de su aparato de propaganda y la sumisión de los medios.
La solidaridad que no han tenido los parapoliticos. Quienes al contrario han sentido la indiferencia y la condena de sus correligionarios y sus obligados votantes.
La solidaridad con los dirigentes de la oposición y el movimiento popular, victimas de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, ahora convertidos en acusados será el principio del fin del régimen mafioso del uribismo.
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por crímenes atroces
En estado de alerta se declararon diversas organizaciones multilaterales, entre ellas la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la posible impunidad por crímenes atroces y de lesa humanidad cometidos en Colombia por fuerzas paramilitares tras la extradición a Estados Unidos de 14 integrantes de esas fuerzas ilegales armadas, entre ellos sus máximos cabecillas.
Tras enterarse de la extradición de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre quienes se encuentran Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano, Rodrigo Tovar, Ramiro Vanoy y Hernán Giraldo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por esta decisión, ordenada por el presidente Álvaro Uribe de manera intempestiva, que podría dejar impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta organización armada durante los últimos 20 años.
"La Oficina alerta sobre el riesgo de que las extradiciones debiliten las posibilidades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario", señaló la ONU, y enfatizó que el Gobierno nacional debe satisfacer los derechos de las víctimas y sus familiares a "la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición".
El Presidente Uribe ordenó en la noche del 12 de mayo la extradición hacia Estados Unidos de 14 integrantes de las Auc recluidos en diversas cárceles colombianas y acogidos a la Ley de Justicia y Paz, para que fueran juzgados por narcotráfico, contrabando de archivos y financiación de actividades terroristas, con lo cual le dio mayor trascendencia a esos delitos que a los procesos judiciales por más de 200 masacres y la desaparición forzada de por lo menos 49 mil personas.
Frente a este hecho, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que los extraditados "han admitido su responsabilidad por haber ordenado, participado o cometido graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario" y resaltó que "en muchos casos, estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y, en ocasiones, se perpetraron con la aquiescencia, tolerancia o complicidad de agentes del Estado".
La ONU manifestó que las normas internacionales catalogan dichos delitos entre los más graves y establecen que son imprescriptibles y que no pueden ser objeto de amnistías o indultos. El presidente Uribe explicó que la extradición de los paramilitares se había dado "porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".
A la voz de alerta de la ONU se le sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): "La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares".
Coincidió la CIDH con la Organización de Naciones Unidas en advertir que la extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. "También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares".
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, organización que representa Iván Cepeda, también se unió a las voces de rechazo de la extradición de los ex jefes de las Auc y consideró que "es un elemento adicional que revela el fracaso de la Ley de Justicia y Paz, y constituye una nueva afrenta contra las víctimas, así el actual Gobierno presente, ante la opinión pública, la extradición como un favor a las mismas".
Aseveró el Movimiento que la extradición por razones de narcotráfico desconoce la prioridad que tiene la investigación y juzgamiento de los responsables de la comisión de crímenes contra la humanidad. "Esta decisión quiere ocultar que el paramilitarismo ha constituido un instrumento que ha favorecido la sistemática y masiva violación de los derechos humanos, estrategia en la que el Estado tiene una decisiva e inocultable responsabilidad".
En una inusual petición, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado le exigió al Gobierno norteamericano que "devuelva a las autoridades colombianas a los jefes paramilitares para que sean procesados por la justicia ordinaria y no bajo el marco de la Ley de Justicia y Paz", en razón de que "no han contado toda la verdad, no han reparado integralmente a las víctimas y no han desmontados sus estructuras criminales".
Además, le solicitó a la administración de justicia colombiana el traslado a la justicia ordinaria de todos los procesos que se tramitan en el marco de la Ley de Justicia y Paz que se siguen contra los jefes paramilitares extraditados, así como todos los procesos que se adelantan en este marco normativo, "dada la evidente ineficacia e inoperancia del mismo".
Por su parte, la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) estimó que con la decisión de Gobierno del presidente Uribe de extraditar de forma masiva a los jefes del paramilitarismo a los Estados Unidos, "las víctimas nos quedamos sin verdad, sin justicia y sin reparación integral".
Recordaron las mujeres agrupadas en esta Alianza que el juzgamiento de los líderes de las Auc alude al delito de narcotráfico, pero los graves delitos de lesa humanidad y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH cometidos por los paramilitares en Colombia seguirán en la impunidad.
"Si las razones que tomó el Gobierno para la extradición masiva es que los líderes paramilitares seguían delinquiendo desde las cárceles, esto demuestra aún más la ineficiencia de la justicia colombiana", indicó IMP, organización que adelanta un proceso de acompañamiento psicojurídico a víctimas de la guerra en Colombia.
Esta iniciativa de mujeres propuso que si el Gobierno colombiano acudió a la justicia norteamericana para hacer juzgamiento a los líderes de las Auc por narcotráfico, "a las víctimas y a las organizaciones que las acompañamos nos queda otra opción: llevar los casos ante los organismos de Justicia Internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional".
