El pueblo colombiano resiste hoy al asalto global neoliberal, que consolida el poderío del capital financiero en este país y en Latinoamérica, acumulando utilidades de ficción, a costa del deterioro de la soberanía y de la vida de los pueblos y de la destrucción de la naturaleza.
La burguesía colombiana -aliada al capital estadounidense en crisis- escala una guerra contra la insurgencia armada y contra el movimiento popular y social, empleando insanas formas de coerción. Su estrategia es acrecer y proteger sus ganancias, a costa del empobrecimiento infinito, material y cultural, del pueblo trabajador, cerrando todo camino hacia la paz.
En 2007, después de un largo reflujo, la lucha de masas volvió a reactivarse en Colombia, desde las significativas movilizaciones estudiantiles de mayo, hasta las marchas y concentraciones campesinas de octubre, las retomas indígenas de tierras en el sur del país, y a través del ejercicio de la campaña electoral del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) a fines de octubre.
El control sobre la población expresado en detenciones, torturas, desapariciones, masacres y ejecuciones, y el fomento de la «guerra infinita», alentada por los EE. UU., han sido la constante de la historia colombiana desde la fundación de la república, sometida a un mandato bipartidista, en contravía de la justicia social, la democracia y la paz.
El lucro de transnacionales norteamericanas, asociadas a la dirigencia política de nuestro país, proviene de una aceitada maquinaria de guerra, para aplastar a las fuerzas insurgentes, someter por la violencia al pueblo colombiano e imponer el retorno a formas abiertas y «legales» de esclavitud laboral. El Congreso colombiano está en manos de barones electorales, 50 de los cuales fueron vinculados a procesos penales por paramilitarismo (con 23 llamados a juicio). Estos caciques eligieron con sus votos al actual Presidente, apoyados en intimidación y fraude.
Antecedentes
El 9 de abril de 1948 el pueblo se levantó contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, protestando por el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán. Una legión de niebla, medio millón de muertos, yacen desde entonces, en fosas comunes de campos y ciudades colombianas. Mediante el terror y la confusión, la dirigencia política bipartidista colombiana ha dividido, controlado y sometido al pueblo colombiano.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) surgieron como respuesta a las agresiones armadas estatales contra las organizaciones agrarias de colonos en El Pato, Guayabero, Riochiquito y Marquetalia.
Expresión de la resistencia de los campesinos, despojados secularmente de sus tierras por latifundistas y ganaderos (en 2005, 0.2% de los propietarios rurales poseía el 65% de las tierras cultivables) , las FARC, con un programa agrario y revolucionario, en una marcha signada de aciertos y errores, devinieron en una fuerza rebelde que ha firmado treguas y adelantado diálogos de paz con diversos gobiernos colombianos, confrontando por décadas al Ejército colombiano.
Cinco candidatos presidenciales fueron asesinados en Colombia entre 1987 y 1995 por sicarios paramilitares, lo que no sucedió nunca en ningún otro país del mundo. 5.000 integrantes del partido Unión Patriótica -fruto de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC, en 1984- fueron masacrados, incluidos dos candidatos presidenciales, congresistas, diputados, concejales y alcaldes.
Para no reconocer la naturaleza política de las fuerzas insurgentes colombianas, Uribe ha señalado, en diversos foros internacionales, que en Colombia no existe una guerra, sino una «amenaza terrorista», encarnada en las FARC. En tanto, el presupuesto para la guerra aumentó en 2008 a 22.21 billones de pesos (6.5% del PIB).
El conflicto interno colombiano no tiene aparente solución militar. El asesinato de Raúl Reyes y de 17 guerrilleros de las FARC en territorio ecuatoriano mientras dormían, a manos del Ejército colombiano -con asesoría militar y tecnológica norteamericana, desencadenó una crisis diplomática latinoamericana y la ruptura de relaciones de Ecuador, Venezuela y Nicaragua con Colombia, que compromete la estabilidad política de los regímenes progresistas de la región.
Esta crisis regional no tendrá salida y solución en el tiempo más que a través del comprometido apoyo internacional a la lucha resistente del pueblo colombiano. Se precisa una definitiva intervención diplomática internacional que presione al Estado colombiano por la concreción del diálogo de paz con las FARC. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado celebró una enorme marcha el pasado 6 de marzo, en más de 100 ciudades colombianas y extranjeras. Reivindicó así la memoria de los asesinados y desaparecidos. Se solidarizó con 4.000.000 de desplazados por la hecatombe. Y se opuso a la acción militarista del Estado, exigiendo el fin de la guerra y un diálogo político que devenga en un definitivo acuerdo de paz.
Pensamiento desencadenante
Las constantes, impunes masacres de agentes estatales y paramilitares, la manipulación mediática y la censura cómplice de los medios, hicieron posible dos décadas de autocensura de los intelectuales y artistas.
Algunos asumieron posiciones oportunistas o francamente de derecha. Otros se declararon «neutrales» ante el conflicto, fundados en la idea de que se debe ser crítico del Estado, de la izquierda revolucionaria y de la insurgencia armada «por igual».
También se produjeron exilios, «inxilios» o un obstinado mutismo, cuando no una temerosa complicidad con el Establecimiento por parte de algunos «iconos» de la intelectualidad colombiana.
Dos encuentros nacionales de artistas e intelectuales -en 2006 y 2007- visibilizaron una corriente cultural que desea un futuro gobierno del PDA, y difundieron declaraciones contra la política de terror del régimen, suscritas por centenares de artistas e intelectuales de 80 países.
Se reabrió el debate entre divergentes posiciones intelectuales y académicas y comenzó a gestarse un movimiento cultural por la paz en nuestro país. Esta proyección desató la ira de sectores de derecha en los medios de comunicación, y un proceso de calumnias y delación por parte de para-intelectuales, espejo de la guerra sucia que vive el país en el plano ideológico.
El Encuentro de Intelectuales Populares y de Izquierda, realizado en Quito, en noviembre de 2004 señaló: «El proceso de acercamiento entre los intelectuales y la izquierda debe enfocarse hacia la creación de lo que Gramsci denominó la hegemonía, es decir la construcción de una nueva cultura ética-política que anteponga los intereses del conjunto de la humanidad a los intereses materiales de los grupos o las clases, bajo la dirección de las clases dominadas, articuladas en un nuevo bloque histórico».
El papel de los artistas e intelectuales es vital en el desarrollo de la lucha actual. Es preciso emplear el pensamiento sistemático y la imaginación creadora, en ejercicio inaplazable de la libertad de expresión, en un país intolerante.
Las fuerzas democráticas apelan al humanismo de los artistas para desarrollar una revolución cultural y una honda transformación educacional. La resistencia cultural es una tarea estratégica de la izquierda colombiana.
El III Encuentro Nacional de Artistas e Intelectuales por la Paz de Colombia (5 a 7 de septiembre, 2008) convocará la solidaridad de la comunidad mundial de los artistas e intelectuales y reflexionará sobre la necesidad de la creación de un Movimiento de los pueblos y de los gobiernos del mundo, para presionar la abolición de la pesadilla de la guerra en Colombia y en la región suramericana, a través de la reapertura de los diálogos entre el Estado y las fuerzas insurgentes, y de la lucha del pueblo colombiano por un país democrático, justo y pacífico.
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La prueba es Montería
A la sombra del puente que mandó a construir el presidente Uribe, y que lleva a su hacienda, en las riberas del río Sinú habitan miles de desplazados en la miseria. Vienen de sitios como Tierralta y Valencia. El Comité Civil de Víctimas del Departamento de Córdoba, Comfavic, agrupa a 7.800 familias. Muchas tienen más de un asesinado o desaparecido por los grupos paramilitares. Es obvio que para quien viviera o visitara la ciudad o las haciendas vecinas era imposible ignorar la realidad de esos crímenes. ¿Cómo desconocer que se estaban perpetrando miles de asesinatos, y no ver a los desplazados? ¿Cómo ignorar quiénes eran Mancuso y el clan de los Castaño en una ciudad en la que todo se sabe y se comenta en voz baja?
Finalmente llegamos a la Universidad de Córdoba. Los empleados y estudiantes han comenzado un movimiento para exigir que renuncie el actual rector, Claudio Sánchez Parra. También reclaman verdad y justicia. Desde 1995, 19 personas pertenecientes a la Universidad han sido asesinadas. El 18 de febrero de 2003, Mancuso citó a profesores y empleados a Santa Fe de Ralito, y les advirtió que de no asistir deberían atenerse a las consecuencias. En la reunión estaba presente el delegado del Gobierno, Félix Manssur Jattin. Luego de leer las hojas de vida de los profesores que habían sido sacadas de los archivos de la Universidad, Mancuso les presentó a Sánchez Parra y les dijo: “Éste que está aquí a mi lado es mi amigo, y en la universidad debo tener a mis hombres de confianza”. El nuevo rector designó a familiares de Mancuso en puestos de dirección. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría adelantan investigaciones en su contra, sigue en la rectoría. Esta semana el Movimiento de Víctimas dirigirá una petición al Gobierno y hará una campaña internacional pidiendo su destitución inmediata.
Tal vez existan fotos, testigos o grabaciones de los encuentros de los terratenientes, políticos y militares con Mancuso, mientras miles de personas estaban siendo asesinadas o desplazadas. Pero más allá de esos elementos fácticos, todo el orden social, la vecindad espacial de las grandes haciendas y los centros de la alta sociedad en Montería, muestran la realidad de un poder criminal: la prueba es la ciudad misma.
