Dienstag, 18. November 2008

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Gustavo Esteva
gustavoesteva@gmail.com

Es hora de minga

El mensaje no puede ser más claro: es hora de minga –de tequio, del esfuerzo compartido por el bien común.

“El modelo económico y su TLC… el régimen de terror… sus actos de barbarie… las leyes para robar, empobrecer y despojar… el incumplimiento de la palabra empleada desde siempre para engañar…(todo eso) nos convoca y es un mandato.”

En su comunicado del 7 de noviembre, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN) se refiere a Colombia, pero sus palabras pueden igualmente referirse a México y a casi todas partes. Estamos en la Cuarta Guerra Mundial, de la que nos advirtieron hace tiempo los zapatistas: una guerra sin frente, la primera realmente total, guiada por la codicia sin límite, la rapacidad y la destrucción cínica de la naturaleza, la ética y la dignidad.

“El que manda y decide es el pueblo”, subraya la ACIN. “Son todos los sectores que concuerdan… con la decisión de tejer una agenda, de convertir un país con dueños en un país de los pueblos. Por eso la minga de los pueblos: aunque algunos pretendan otra cosa, no es la agenda de un sector, o de unos líderes, o de algunas instituciones o personas. No sería minga si ese fuera el camino. Sería a lo sumo remplazar a los que mandan por otros. Eso no es lo que dice la agenda… Si hay una sola persona o un solo sector que se sienta capaz de asumir toda esta tarea no ha entendido la minga, no reconoce la agenda, ni sus propias capacidades y limitaciones. A remplazar la mentira con los hechos. Minga para que podamos hacer minga.

“Quienes escribimos estas líneas desde un rincón orientado por el compromiso, la humildad y la decisión tomada, nos negamos a asumir la responsabilidad como indígenas de cargar con el peso de toda la lucha y rechazamos también a quienes pretenden liderar desde un sector y controlar la minga.

“Desde la capacidad, el dolor y la experiencia, desde la necesidad y la sabiduría, vamos a coordinarnos para que la minga sea el camino y los pueblos el medio para realizarla. Las mingas no tienen dueños. Son de los pueblos.

“Las palabras sin acción son vacías. La acción sin palabras es ciega. Las palabras y la acción por fuera del espíritu y mandato de la comunidad son la muerte.”

La ACIN circuló este mensaje con sentido de urgencia. “Solos no podemos”, subrayaron. “O hacemos minga o no cambia nada.” (www.nasaacin.org/noticias.htm?x=9103) De eso se trata hoy. En todas partes. Como puede verse, por ejemplo, en el riesgo Obama.

Durante el tercer debate con McCain, Obama señaló que los estadunidenses, como tantos otros pueblos, estaban hartos de las políticas y de la política, las policies y la politics, la orientación de la administración de Bush y el estilo dominante de hacer política.

Tiene razón. Los pueblos están enterrando al mismo tiempo el neoliberalismo y el estilo dominante de hacer política, con el ataque sucio a los contrarios, la exaltación acrítica de los propios y el abierto predominio de la mercadotecnia política, la falta de información y los “poderes fácticos”.

Consciente de ello, Obama inspiró y concertó una organización ciudadana sin precedentes en Estados Unidos: millones de personas, hasta entonces entregadas a la indiferencia cínica, apelaron a sus propias tradiciones para hacer una forma de minga y llevarlo al triunfo. Algunos lo hicieron sin rendirse al juego. Estaban convencidos de que, a pesar de sus notables habilidades, Obama no podría cambiar las cosas en Washington: nadie puede realizar, desde arriba, los cambios que hacen falta. Pero pensaban que, en la circunstancia, podría articular la organización en la base social e inspirar formas de movilización que tendrían la potencialidad de convertirse en movimiento. A eso le apostaron y en eso están.

Pero otros muchos se dejaron llevar por la fascinación de un líder carismático y el 4 de noviembre se retiraron, satisfechos, a esperar los resultados de la proeza a la que contribuyeron. Empezaron así a disolverla, a convertirla en su contrario. El propio Obama, en su espléndido discurso de esa noche, estaría respaldando una actitud que les ata las manos y lo lleva en la dirección equivocada al celebrar sin reservas ni matices un ejercicio democrático que ese mismo día había mostrado sus incontables deficiencias y al reiterar sin pudor elementos centrales del viejo discurso imperial de Estados Unidos.

Es hora de minga. No es el tiempo de líderes carismáticos, vanguardias iluminadas o reacomodos institucionales. Sólo juntos, desde abajo y a la izquierda, podemos hacer frente a las innumerables catástrofes que nos agobian y se agravan continuamente.

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BASE DE UNA DEMOCRACIA DIRECTA


Minga de la resistencia indígena y popular



Por: Gloria Gaitán. 17/11/08

Violencia oficial, desplazamiento, despojo de tierras e irrespeto al Estado social de derecho, son ejes de la explotación ecónomica, el autoritarismo político y la marginalidad social. Concepciones de avanzada Nada tan de vanguardia como dos de los conceptos indígenas que han venido publicándose en la prensa en estas últimas semanas a raíz de la marcha de los indígenas colombianos. Se trata de la MINGA, vocablo que designa una reunión solidaria para hacer un trabajo en común y la concepción de LA MADRE TIERRA, como parte integral y orgánica de los seres humanos. El primer caso – el de la minga – corresponde a las acciones colectivas que son el fundamento y la base de una Democracia Directa, que se avisora como la estructura del Estado futuro y el planteamiento que encierra el término de madre tierra, que es el mismo que pregonan los ecologistas al hablar del respeto al planeta tierra, porque de él dependemos y a él nos debemos. A pesar de esta visión moderna, que es el fundamento mismo de la cultura indígena, “los blancos”, en su mayoría, siguen considerándose superiores a los indios. Incluso los mestizos, que en sus genes llevan dosis importantes de raza indígena, muchas veces los desprecian. Es una actitud que comparten todas las clases sociales. Tan es así que, un insulto común entre las clases populares, es decirle a alguien con desprecio y rechazo: “el indio ése”. Racismo vernáculo Es que el lenguaje traduce elementos del subfondo cultural, y bien sabido es que los grupos sociales que han antagonizado con las comunidades indígenas, han adoptado en su vocabulario gentilicios o adjetivos indígenas o nativos, a los que convierten en insultos. Así, en Bogotá, se utiliza el modismo de “guache” para señalar a alguien burdo y atrevido, cuando la palabra guache, en lengua chibcha, significa indio joven. De la misma manera, para señalar a un hampón, se dice “apache”, tomando abusivamente la expresión de la comunidad indígena norteamericana de los Apaches y, cuando decimos “cafre” para significar que hablamos de un hampón, nos estamos refiriendo a Kaffir que, en su sentido histórico, fue un término para describir al negro de Sudáfrica. Dos caras del problema Por ese sentimiento de superioridad de los blancos y mestizos frente a los indios, es que el actual enfrentamiento del gobierno de Álvaro Uribe con ellos, que claman porque se les cumplan las promesas de justicia que se les han hecho, encierra no sólo un enfrentamiento ideológico y conceptual, sino que – además y para agravar las cosas – tiene un trasfondo cultural que subyace en el subconsciente colectivo desde hace más de 500 años. Es entonces indispensable dar la batalla en esos dos frentes: el ideológico y el emocional y es por ello tan importante que los indígenas estén planteando que su camino hacia Bogotá trasciende su propia problemática para proyectarse a la totalidad de la situación colombiana, sin distingo de razas ni culturas. En la marcha caben no sólo los indios, sino los campesinos, los obreros, los estudiantes, las mujeres, los afrodescendientes, los blancos, los mestizos, los sacerdotes, los discapacitados, los jubilados, los niños y los viejos. Los cinco puntos que abarca su lucha nos incumben a todos y son una propuesta para una Colombia que se aleje del modelo excluyente y elitista que ha dominado al país desde la Conquista Española hasta nuestros días. Los cinco puntos Los cinco puntos que vienen poniendo los indígenas sobre la mesa, y sus acápites, demuestran una profunda seriedad conceptual. Los cinco puntos son: 1. FIN A LA VIOLACION DEL DERECHO A LA VIDA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS. Que es, no cabe duda, el tema que más aqueja a todos los colombianos. 2. FIN A LA AGRESION Y OCUPACIÓN TERRITORIAL. El desplazamiento masivo agobia a la población colombiana y es, sin duda, una de las preocupaciones centrales de nuestra sociedad. 3. ADOPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA o_nU SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Se trata de una necesidad histórica a fin de que se haga justicia con una raza que es la nuestra y que está a los orígenes de nuestra nacionalidad. 4. MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DEL DESPOJO QUE COLOCA EN RIESGO LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS. La violencia que padece el pueblo colombiano tiene, entre otros propósitos, desalojar a los campesinos, a los indígenas y a los afrodescendientes de sus tierras como mecanismo para la formación de inmensos latifundios, a su vez que se pretende despejar terrenos cuyo subsuelo es riquísimo en materias primas, cuya posesión codician las transnacionales. 5. ACUERDOS INCUMPLIDOS CON ORGANIZACIONES Y MOVILIZACIONES SOCIALES. La forma como viene resolviendo el gobierno los conflictos laborales, sociales y regionales es firmando acuerdos que nunca se cumplen, con lo cual el pueblo está entendiendo, poco a poco, que el camino del diálogo no constituye una vía para la solución de la problemática nacional. De lo indígena a lo nacional Violencia oficial, desplazamiento, despojo de tierras e irrespeto al Estado social de derecho, son los cimientos en que se erige la explotación predominante en la economía, el autoritarismo en lo político y la marginalidad en lo social. En los cinco puntos se resume esta problemática. Pero, para que los colombianos como un todo acojamos esta plataforma de lucha, se requiere un trabajo profundo en la conciencia colectiva que le dé el estatus de dignidad y grandeza que merecen esas comunidades de compatriotas. De ahí la importancia de negarse a aceptar el tono paternalista y campechano con que ha pretendido manejar la Minga el Presidente de la República. De ahí la necesidad de rescatar el orgullo nacional elevando el respeto hacia nuestros ancestros, nuestra historia y nuestros orígenes culturales. No basta la actitud de espectadores frente a la Minga, es indispensable hacerla nuestra, porque todos los colombianos somos descendientes de esa aleccionadora raza indígena. La lucha, entonces, debemos enfocarla no sólo frente al gobierno sino también en contra de nuestros prejuicios y preconceptos, que tánto daño le han hecho a nuestro orgullo nacional.

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■ Vinculan a los hijos del presidente Álvaro Uribe con el dueño de la empresa DMG


Colapso de pirámides revela estafa

y lavado de dinero en Colombia

■ El gobierno no ha podido precisar hasta ahora cuál es el monto del dinero invertido

■ La compañía dice tener 300 mil clientes y el año pasado facturó 31 millones de dólares


Bogotá, 14 de noviembre. El colapso de “pirámides financieras” en Colombia dejó a la vista pública un caso de estafa masiva por millones de dólares y un esquema de lavado de dinero en el que está involucrada la casa comercial de Bogotá, DMG, cuyo dueño aseguró hoy que algunos de sus presuntos socios son Jerónimo y Tomás Uribe, hijos del presidente Álvaro Uribe.

“No sé cómo será la relación del presidente con los hijos, pero definitivamente no está enterado de lo que hacen”, afirmó David Murcia, propietario de DMG, una empresa que ha ganado fama en el país por los altos rendimientos que ofrece, de hasta 150 por ciento cada seis meses, y por su capacidad para rembolsar el dinero de tarjetas de prepago y compras por catálogo.

Fuentes de organismos de seguridad pública han señalado la posibilidad de que los modelos de operación de DMG sirvan para blanquear dinero proveniente del tráfico de drogas, desde hace cinco años, aunque Murcia rechaza esas versiones.

Murcia afirmó en entrevista difundida por la radio local que en el pasado los hijos del mandatario hicieron una propuesta a un canal de televisión, que es de su propiedad, al responder a acusaciones lanzadas este viernes en el sentido de que DMG está vinculada al desmoronamiento de las pirámides en que participaban miles de personas, que habían acumulado unos 600 mil millones de pesos, según cálculos del diario El Espectador en su edición en Internet.

“Señor presidente, para que se entere, sus hijos están haciendo un programa muy bueno. Nosotros lo que estamos haciendo es apoyarlos con todo el equipo de producción, con las cámaras, sacando adelante este proyecto para que empiece a facturar luego con las marcas que quieran patrocinarlo”, dijo Murcia en referencia a la emisora de televisión por cable Body Channel.

Jerónimo Uribe negó cualquier relación comercial con los negocios de Murcia y explicó que en alguna ocasión se limitó a plantear una idea para realizar documentales a “un amigo” que trabajaba en la emisora, pero aclaró que se marginó del proyecto por recomendación del director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo.

Las versiones de que Murcia y sus empresas están vinculadas al lavado de dinero han circulado desde hace varios meses e inclusive la Superintendencia Financiera ordenó en octubre de 2007 a Murcia que devolviera 18 mil millones de pesos que captó de personas que adquirieron tarjetas de prepago.

Murcia fundó su empresa DMG en el departamento de Putumayo, en el sur del país, uno de los principales escenarios del conflicto armado, que además albergó la mitad de los cultivos de hoja de coca en el país, la base para la producción de cocaína.

Las acusaciones contra la familia Uribe se produjeron este viernes al agravarse la tensión en zonas comerciales de Bogotá, dos días después de que la Superintendencia Financiera intervino las operaciones de la pirámide DRFE (Dinero Rápido Fácil y Efectivo) y tomara posesión de sus bienes, con el fin de restituir el dinero de los inversionistas y frenar por completo cualquier operación nueva de captación de dinero.

Las autoridades sospechan que este esquema está vinculado a DMG, pero declinaron hacer afirmaciones contundentes en ese sentido, en tanto que no concluya las investigaciones.

El mismo presidente Uribe intervino en la polémica sobre las pirámides al pedir que la población deje de invertir su dinero en esos fondos, puesto que “es una fantasía que termina en la ruina de la gente”.

Unas dos mil personas salieron hoy a las calles de la capital colombiana para defender las pirámides y apoyar la actividad financiera y comercial de DMG, en cuya sede –en el norte de Bogotá– hubo gente manifestando su apoyo. La empresa dice tener unos 300 mil clientes y según Murcia, el año pasado facturó 31 millones de dólares y pagó dos millones 600 mil dólares en impuestos.

El derrumbe de pirámides afectó a residentes en unas 50 localidades del país. Esta semana, hubo algunas personas que se arremolinaron en las afueras de DMG para reclamar sus aportaciones, después de que comenzaron a circular informaciones sobre el quiebre de las empresas captadoras del dinero (usualmente los primeros inversionistas lo recuperan, pero los últimos en aportar son los que se encontraron con locales cerrados o con que los organizadores huyeron del lugar).

El gobierno no ha podido precisar hasta ahora cuál es el monto del dinero invertido en las pirámides. Uribe anunció hoy que su administración tratará de ayudar a la recuperación de los fondos. La quiebra no sólo ha causado la movilización de la gente en las calles, sino también el suicidio de un hombre residente en un pueblo del suroeste, que había vendido su casa para invertir recursos en una de las pirámides.

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El mundo
|Martes, 18 de Noviembre de 2008

En Colombia investigan 1155 muertes extrajudiciales

Morir como falso combatiente

El ejército busca generalmente indigentes o drogadictos: los secuestra, los traslada lejos de su zona y luego los registra como guerrilleros abatidos para evitar que alguien los reclame. Una práctica que parece ser generalizada.

Por Winston Manrique *


Desde Bogotá

De un día para otro, al muchacho que se ganaba la vida como estatua viviente en un parque de Neiva el ejército lo hizo aparecer como un guerrillero muerto en combate. Nadie ha salido del asombro en esta ciudad al sur de Colombia. Mientras, el país asiste horrorizado a la denuncia de 1155 víctimas de ejecuciones extrajudiciales como ésta, que investiga la Fiscalía General de la Nación por todo el territorio colombiano. Se acusa a las fuerzas públicas de registrar como guerrilleros caídos en combate a personas inocentes, llamados “falsos positivos”. Más de 3000 funcionarios de las Fuerzas Armadas son investigados, incluidos generales.

Un boomerang al que se enfrenta el presidente colombiano, Alvaro Uribe. El mandatario basó gran parte de su política de seguridad democrática para combatir a la guerrilla, primero, en un sistema de recompensas a civiles que informaran sobre guerrilleros, lo cual pudo haber generado una red de delincuencia o negocio de muertos, según advirtió el fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana; y, segundo, en la estrategia de privilegiar los incentivos militares según el número de bajas en combate.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció el domingo la destitución de otros trece militares por este escándalo, que se unen a los veintisiete miembros del ejército que ya fueron relevados hace tres semanas. Con estas destituciones y la renuncia del comandante del ejército, Mario Montoya (responsable de la operación en la que se liberó a Ingrid Betancourt en julio), el gobierno, afirma el fiscal, “ha pretendido salvar su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional”. “Pero si comprobamos que ésta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad”, añade.

No son casos aislados. En Neiva, cubierto de blanco de la cabeza a los pies, Miller Andrés Blandón acudía al Parque Cívico a ganarse la vida como estatua humana. Hacía poco había salido de un centro de desintoxicación de drogas y convertido la Casa de Apoyo al Habitante de la Calle en su refugio, dice el coordinador del programa, Antonio Torres. El 17 de julio, Blandón acudió allí a comer. Cuando los indigentes terminaron, llegaron dos hombres en una moto y les ofrecieron trabajo como recolectores de café. Sólo tres de ellos se creyeron el cuento y se fueron a juntar café.

Al día siguiente, las noticias del mediodía dijeron que tres guerrilleros habían caído en combate en las selváticas montañas de los Andes del municipio de San José de Isnos.

Al atardecer, uno de los miembros de la fiscalía que hizo el levantamiento de los cadáveres encontró en la cartera de una de las víctimas su documento de identidad, a nombre de Miller Andrés Blandón, y apuntado un número de móvil. Llamó, y la segunda esposa de su abuelo, Silvia Segura, negó que ese muchacho de 24 años fuera guerrillero.

Los otros dos indigentes siguen enterrados como no identificados. Igual que en muchos de los casos investigados en catorce departamentos, ya que se buscan personas que no sean de la región, las secuestran, las trasladan lejos de su zona y luego el ejército las registra como guerrilleros caídos en combate para evitar que alguien las reclame.

Colombia se ha convertido en un territorio minado para Uribe, ante la continua denuncia de estas ejecuciones extrajudiciales. Según la analista política Claudia López, estos hechos dejan en evidencia la ineficacia del control y mando del gobierno frente a sus instituciones militares y de los comandantes frente a sus subalternos y la negligencia frente a las denuncias de violación de derechos humanos.

El país es observado. Días antes de su elección como presidente de Estados Unidos, el 4 de noviembre, Barack Obama aseguró en uno de los debates de la campaña que no firmaría con Colombia el Tratado de Libre Comercio mientras no haya garantías de derechos humanos.

Son 1155 muertes que investiga la fiscalía –como el caso de Miller Andrés Blandón–, de indigentes, drogadictos o marginados, más otras 2000 denunciadas por otras instituciones. Todo para cumplir con los resultados pedidos, obtener ascensos, condecoraciones o, simplemente, para disfrutar de permisos en días especiales. Ocurrió el Día de la Madre de 2007, cuando en el Batallón de Infantería 31, el soldado Luis Esteban Montes advirtió infructuosamente a su comandante de que la persona que habían secuestrado sus compañeros con el fin de hacerla pasar por un guerrillero muerto era su hermano.

Desde la llegada de Uribe al gobierno, en 2002, se han denunciado casos de “falsos positivos” por parte de familiares u organizaciones de derechos humanos que lo único que recibían del presidente eran descalificaciones o acusaciones.

Un presidente que en su primer acto público, el 8 de agosto de 2002, anunció su política de estímulo y recompensas a civiles, y la pretensión de convertir a Colombia en un país de informantes. Lo que ha generado muchos debates y casos asombrosos. El semestre pasado, el guerrillero alias Rojas se presentó ante un comando del ejército con la mano de su jefe Iván Ríos, del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como prueba, y diciendo dónde estaba el cadáver. Yacía junto al de la novia de éste, a la que también había matado. Tras una polémica nacional sobre la legalidad y moralidad de que Rojas recibiera la recompensa, finalmente le fue concedida.

Según las estadísticas del propio gobierno, cuando Uribe llegó a la presidencia, en Colombia había 15.000 hombres de las FARC. Según esas mismas fuentes, en estos seis años se han desmovilizado, han sido capturados o han muerto en combate 55.000 guerrilleros. Las cuentas no cuadran. “Una prueba –reflexiona Claudia López– de la obsesión por justificar resultados absurdos.”

Aunque en Colombia nadie niega que la seguridad del país ha mejorado, que hay más confianza por parte de los inversores extranjeros y que las FARC parecen heridas, cuarenta y cinco millones de colombianos se preguntan perplejos si acaso, para solucionar el conflicto armado, todo vale.

* De El País de Madrid. Especial para PáginaI12.