CAllE13

Disculpen la molestia

Eduardo Galeano

Página 12



Quiero compartir algunas preguntas, moscas que me zumban en la cabeza.

¿Es justa la justicia? ¿Está parada sobre sus pies la justicia del mundo al revés?

El zapatista de Irak, el que arrojó los zapatazos contra Bush, fue condenado a tres años de cárcel. ¿No merecía, más bien, una condecoración?

¿Quién es el terrorista? ¿El zapatista o el zapateado? ¿No es culpable de terrorismo el serial killer que mintiendo inventó la guerra de Irak, asesinó a un gentío y legalizó la tortura y mandó aplicarla?

¿Son culpables los pobladores de Atenco, en México, o los indígenas mapuches de Chile, o los kekchíes de Guatemala, o los campesinos sin tierra de Brasil, acusados todos de terrorismo por defender su derecho a la tierra? Si sagrada es la tierra, aunque la ley no lo diga, ¿no son sagrados, también, quienes la defienden?

Según la revista Foreign Policy, Somalia es el lugar más peligroso de todos. Pero, ¿quiénes son los piratas? ¿Los muertos de hambre que asaltan barcos o los especuladores de Wall Street, que llevan años asaltando el mundo y ahora reciben multimillonarias recompensas por sus afanes?

¿Por qué el mundo premia a quienes lo desvalijan?

¿Por qué la justicia es ciega de un solo ojo? Wal Mart, la empresa más poderosa de todas, prohíbe los sindicatos. McDonald’s, también. ¿Por qué estas empresas violan, con delincuente impunidad, la ley internacional? ¿Será porque en el mundo de nuestro tiempo el trabajo vale menos que la basura y menos todavía valen los derechos de los trabajadores?

¿Quiénes son los justos y quiénes los injustos? Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?

¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”?

Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.

Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina tres millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren quince niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?

¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?

¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.

Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.

En el mundo al revés, dan miedo hasta los más elementales actos de justicia y sentido común. Cuando el presidente Evo Morales inició la refundación de Bolivia, para que este país de mayoría indígena dejara de tener vergüenza de mirarse al espejo, provocó pánico. Este desafío era catastrófico desde el punto de vista del orden racista tradicional, que decía ser el único orden posible: Evo era, traía el caos y la violencia, y por su culpa la unidad nacional iba a estallar, rota en pedazos. Y cuando el presidente ecuatoriano Correa anunció que se negaba a pagar las deudas no legítimas, la noticia produjo terror en el mundo financiero y el Ecuador fue amenazado con terribles castigos, por estar dando tan mal ejemplo. Si las dictaduras militares y los políticos ladrones han sido siempre mimados por la banca internacional, ¿no nos hemos acostumbrado ya a aceptar como fatalidad del destino que el pueblo pague el garrote que lo golpea y la codicia que lo saquea?

Pero, ¿será que han sido divorciados para siempre jamás el sentido común y la justicia?

¿No nacieron para caminar juntos, bien pegaditos, el sentido común y la justicia?

¿No es de sentido común, y también de justicia, ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y de los médicos que pueden cobrarlo?

Lo mismo ocurre con otro escandaloso caso de negación de la justicia y el sentido común: ¿por qué no se legaliza la droga? ¿Acaso no es, como el aborto, un tema de salud pública? Y el país que más drogadictos contiene, ¿qué autoridad moral tiene para condenar a quienes abastecen su demanda? ¿Y por qué los grandes medios de comunicación, tan consagrados a la guerra contra el flagelo de la droga, jamás dicen que proviene de Afganistán casi toda la heroína que se consume en el mundo? ¿Quién manda en Afganistán? ¿No es ese un país militarmente ocupado por el mesiánico país que se atribuye la misión de salvarnos a todos?

¿Por qué no se legalizan las drogas de una buena vez? ¿No será porque brindan el mejor pretexto para las invasiones militares, además de brindar las más jugosas ganancias a los grandes bancos que en las noches trabajan como lavanderías?

Ahora el mundo está triste porque se venden menos autos. Una de las consecuencias de la crisis mundial es la caída de la próspera industria del automóvil. Si tuviéramos algún resto de sentido común, y alguito de sentido de la justicia ¿no tendríamos que celebrar esa buena noticia? ¿O acaso la disminución de los automóviles no es una buena noticia, desde el punto de vista de la naturaleza, que estará un poquito menos envenenada, y de los peatones, que morirán un poquito menos?

Según Lewis Carroll, la Reina explicó a Alicia cómo funciona la justicia en el país de las maravillas:

–Ahí lo tienes –dijo la Reina–. Está encerrado en la cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final.

En El Salvador, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero comprobó que la justicia, como la serpiente, sólo muerde a los descalzos. El murió a balazos, por denunciar que en su país los descalzos nacían de antemano condenados, por delito de nacimiento.

El resultado de las recientes elecciones en El Salvador, ¿no es de alguna manera un homenaje? ¿Un homenaje al arzobispo Romero y a los miles que como él murieron luchando por una justicia justa en el reino de la injusticia?

A veces terminan mal las historias de la Historia; pero ella, la Historia, no termina. Cuando dice adiós, dice hasta luego.




http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-124547-2009-05-08.html

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ABajo URIBE Y tODOs LOs CROmINALES QUE LO rODEAN
NO ALa REeLECCION...

La otra cara de la “seguridad democrática”

No todos los colombianos se llaman Ingrid

Paola Orozco Souël

Le Monde Diplomatique

Desde la liberación de Ingrid Betancourt, el 2 de julio de 2008, los otros rehenes secuestrados por la guerrilla colombiana desaparecieron de la agenda mediática. Sí se supo que el pasado 13 de enero el presidente colombiano Álvaro Uribe recibió en Washington, de manos de su homólogo estadounidense George W. Bush, la medalla presidencial de la libertad. Todo un símbolo, cuando la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe es sinónimo de importantes violaciones de los derechos humanos y constituye una barrera al desarrollo de la sociedad civil y a la resolución de la guerra interna que carcome a Colombia desde hace más de cincuenta años.

Centro de Bogotá. A la entrada de un rascacielos vigilado por cámaras, un guarda pregunta mecánicamente: piso, razón de la visita, documento, número de teléfono. A cambio, un pase autoriza a atravesar el hall, da derecho a un cacheo minucioso y permite el acceso a los ascensores. En el vigésimo quinto piso, otro guarda hace las mismas preguntas. Por último, dos puertas blindadas y una cámara de seguridad marcan la entrada a las oficinas: organizaciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos, partidos políticos, organismos independientes. A veces, además de los guardaespaldas, una ambulancia sigue los trayectos de un político de la oposición que se desplaza en auto blindado.

¿Será un mito la “seguridad democrática”, esa enérgica política del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien llegó al poder en 2002? Numerosos magistrados, miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicalistas, políticos o políticas e incluso algunos periodistas parecen pensar eso. Según Alirio Uribe, defensor de los derechos humanos, sólo algunos privilegiados –la elite, las empresas, las multinacionales– se ven beneficiados con dicha política. En cambio, “todos aquellos que critican la política del Presidente o se oponen a su régimen son satanizados”. Cuando no asesinados. En silencio: los medios están muy ocupados.

Muy ocupados cuando expresan una emoción legítima: “Ingrid Betancourt, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)” (desde el 23 de febrero de 2002), o un alivio compartido: “¡Ingrid liberada!” (el 2 de julio de 2008); cuando se entusiasman definitivamente: “Betancourt se encuentra con Sarkozy”, “‘IB’ Women World Awards 2008/2009”, “Santa Ingrid con el Papa”, “La ex rehén vuelve a Colombia” con una única preocupación (por lo demás, incuestionable): “¡No más secuestros!”. Las FARC todavía retienen a 28 “prisioneros políticos”, civiles, militares o policías, con la intención de cambiarlos por guerrilleros apresados.

Las otras víctimas

El 28 de noviembre de 2008, cientos de miles de manifestantes ostentando remeras blancas atravesadas con la inscripción “Colombia soy yo” desfilaron por las principales ciudades del país y por capitales extranjeras (París, Madrid, etcétera). Como en otras circunstancias, la manifestación, que gozó del apoyo (implícito) del poder colombiano y (explícito) de los medios nacionales y extranjeros, señaló con el dedo a uno solo de los protagonistas del conflicto colombiano: la guerrilla (1).

Curiosamente, el 6 de marzo de ese mismo año, una manifestación contra la violencia de Estado no se había visto beneficiada de la presencia de los reflectores ni las cámaras: “Marchamos para protestar contra las fosas comunes, las masacres, los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos de la población, pues se propagó la idea de que había que mostrarse más solidario con los rehenes, y con una rehén en particular, que con las víctimas del Estado y los paramilitares”, explica Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y los Desplazamientos (Codhes), una organización no gubernamental (ONG). Mientras José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar (el difunto barón de la droga) y asesor del presidente Uribe, calificaba a esta demostración como “marcha promovida por las FARC”, las Águilas Negras, nueva apelación de los grupos paramilitares, proferían amenazas de muerte contra los organizadores y los participantes. Sin embargo, convencidas de que la sociedad civil no debe flaquear “cada vez que los paramilitares o el Presidente las amenazan”, como exclamó un manifestante, más de 300.000 personas se movilizaron en Colombia.

Una semana después, seis organizadores de esa marcha fueron asesinados. Diez sindicalistas corrieron la misma suerte en el lapso de un mes. Único consuelo: “Aunque no tiene los apoyos institucionales, económicos y mediáticos de los que gozó la marcha contra las FARC, en la cual nosotros participamos, la marcha del 6 de marzo rompió con el unanimismo que se nos quiere imponer y con la idea de que la violencia proviene únicamente de las guerrillas”, cuenta un organizador.

Hostil a cualquier diálogo con la oposición armada, el jefe de Estado privilegió la vía militar desde su llegada al poder. Entre 2002 y 2007 murieron 13.634 civiles, víctimas de la violencia política (2). Según el Codhes, de las cuatro millones de personas desplazadas a la fuerza desde 1985, tres millones lo fueron durante el gobierno de Uribe (3).

Para el abogado Sergio Roldán, esos traslados de población no se deben en nada al azar: “Los campesinos que se niegan a cultivar la hoja de coca son desplazados en beneficio de los narcotraficantes. Vía estratégica de transporte de armas y droga, la tierra es a la vez limpiada de su población en beneficio de los grupos armados. A fin de cuentas, es una fuente de explotación comercial. Para las industrias nacionales e internacionales, su acumulación es un punto clave, en el que el Estado también está implicado”.

Marco Romero, presidente del Codhes, calcula que el número de hectáreas expropiadas o “vendidas ilegalmente por funcionarios corruptos” asciende a 6.800.000. En este sentido, el caso del Chocó, la región de la costa del Pacífico donde viven las comunidades afrocolombianas, es emblemático. Miles de campesinos, obligados a huir de la violencia, abandonaron sus tierras “a los megaproyectos previstos para el cultivo de la palmera africana, utilizada en la fabricación de biocombustibles” (4).

“El período ‘uribista’ –cuenta Daniel Maestre, desplazado de la comunidad Kankouamo– es el más represivo que nuestras comunidades (indígenas) jamás conocieron. Hacer valer nuestros derechos y territorios reconocidos en la Constitución de 1991 y en las Cartas internacionales es muy difícil.” Víctimas de los paramilitares, de la guerrilla y del ejército –implicado en más del 60% de los casos, según la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC)–, más de 1.200 indígenas fueron asesinados durante los últimos seis años. “La ‘seguridad democrática’ mató a más gente que a la que ayudó”, confirma Jairo Chicaza, un indígena Embera-Katio (5).
Unos 40.000 indígenas que exigían del gobierno “respeto por sus vidas y la apertura de un diálogo” se movilizaron a partir del 12 de octubre de 2008. Violentamente reprimida por las fuerzas del orden –cuatro muertos y un centenar de heridos en la comunidad “La María Piendamó”–, los indígenas desmienten las acusaciones del presidente Uribe que justifican la acción militar. “Nuestro movimiento es pacífico y no está aliado con las FARC –afirma Ayda Quilcue–. Si no, si todos los que sufren con la gran crisis social son delincuentes, guerrilleros, como dice el Presidente, ¡entonces todos los colombianos son miembros de las FARC!”

Jessica Hoyos, joven militante de la asociación Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, no dice otra cosa: “Debemos recordar quiénes eran nuestros padres, porque murieron en la indiferencia más absoluta. No eran terroristas sino gente que, por su trabajo o sus convicciones, querían mejorar este país. Es sólo que si uno se pronuncia contra Uribe, enseguida se convierte en un antipatria, un guerrillero; es por eso que hay tantos muertos y tanta gente obligada a exiliarse”.

El jefe de Estado se niega a admitir la existencia de un conflicto político en un país que padece una guerra interna desde los años ’50. La “amenaza terrorista” le alcanza como explicación. Para “pacificar” el país, el ejército pactó hace tiempo con los paramilitares, que combaten masivamente contra… campesinos, estudiantes, profesores, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y militantes políticos.

La “parapolítica”

Las familias de las víctimas que habían depositado todas sus esperanzas en las audiencias judiciales previstas por la ley llamada “Justicia y Paz”, adoptada en 2005 para “desmovilizar” a los paramilitares y echar luz sobre sus crímenes, enseguida se vieron desengañadas (6). Reunidas en torno al Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), hoy luchan contra el olvido y la impunidad “premeditada” del Presidente, quien extraditó a Estados Unidos a catorce de los jefes paramilitares más poderosos, donde serán juzgados por narcotráfico. En Colombia, acusados de crímenes contra la humanidad, podían hacer revelaciones incómodas sobre sus alianzas pasadas con la clase política.

Más de 170 funcionarios de Estado ya se han visto implicados en el escándalo de “la parapolítica”, un término que designa la colusión entre paramilitares, políticos y legisladores locales, cercanos o pertenecientes al movimiento del presidente Uribe. Entre ellos se encuentra Jorge Noguera, ex mano derecha del jefe de Estado y director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (7), detenido (y luego liberado) por haber puesto esa institución al servicio de los paramilitares y por haberles entregado una lista de dirigentes sindicales, profesores universitarios y opositores a asesinar (8); Guillermo Cossio, fiscal del departamento de Antioquia y hermano del ministro del Interior y de Justicia, relevado de sus funciones por sus vínculos “narcoparas”; Carlos García, presidente del muy uribista Partido U, etcétera.
Treinta y seis legisladores de la mayoría y dos ex presidentes del Senado están encarcelados, mientras que más de 65 diputados de la mayoría están siendo examinados. Fue arrestado el general Rito Alejo del Río, ex comandante de la 17ª Brigada con base en Carepa (comuna de Urabá, dependiente del gobierno de Antioquia, departamento gobernado por Uribe entre 1995 y 1997) y responsable, según el jefe paramilitar Ever Veloza (llamado “H.H.”), de la expansión del paramilitarismo en el país.

Paradójicamente, afirma Iván Cepeda, presidente del Movice, “estos acontecimientos vuelven nuestro trabajo más difícil todavía; el Presidente defiende a las personas vinculadas con los paramilitares y la mafia y nosotros nos convertimos en su blanco: veinte de nuestros dirigentes han sido asesinados desde 2005”. Sobre todo en los departamentos de Sucre, Antioquia y Córdoba, donde “al imponer un régimen del terror, los ‘paras’ deciden quiénes serán los representantes políticos, los decanos de las universidades, los funcionarios, etcétera. En una de esas zonas está la hacienda del Presidente, ubicada cerca de la de (el jefe paramilitar) Salvatore Mancuso. Podemos afirmar con seguridad que el que vive en la región, el que conoce la región, sabe lo que pasa allí”.

A pesar de la “desmovilización”, en 28 departamentos (de 32), actuarían estructuras paramilitares en toda libertad y con la bendición de las elites (9). Incluso en el exterior, informa Cepeda, las víctimas del Estado exiliadas o refugiadas ya no están seguras: “Acusadas de pertenecer a las FARC, son perseguidas por las dependencias diplomáticas de Colombia”.

Al igual que el diario El Tiempo, fuente de información de la prensa extranjera y propiedad de la familia del vicepresidente (Francisco Santos) y el ministro de Defensa (Juan Manuel Santos), los canales de televisión como RCN (Radio Cadena Nacional) y Caracol (Cadena Radial de Colombia) sirven como cajas de resonancia para la propaganda del poder.

Para aquellos que, en nombre de una prensa independiente, “luchan contra la visión falseada de la realidad, contra el unanimismo y el uribismo”, como Antonio Morales, quien regresó al país luego de seis años de exilio y dirige el nuevo diario Polo, las dificultades comienzan con las campañas “que impiden la distribución del diario y el acceso a la publicidad”. Acusados por el Ejecutivo de “favorecer los actos terroristas” porque cubren “las violaciones de los derechos humanos”, otros, como Holman Morris, periodista del programa de televisión Contravía, están amenazados de muerte. En suma, afirma este último, “no tenemos más alternativa que convivir con esas amenazas o practicar la autocensura”. No es necesario señalar que, en las zonas paramilitares, la libertad de expresión y el pluralismo político han desaparecido.
Sin embargo, observa el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Gustavo Petro, “aun cuando estamos todos amenazados de muerte y padecemos la voluntad de destrucción del Presidente, los partidos de izquierda o de oposición existen en las ciudades. Es difícil matar a todo el mundo en la calle o acompañar con un arma a la gente que va a votar”. Ello explicaría en parte la elección de alcaldes de la oposición en las tres grandes metrópolis del país: Bogotá, Medellín y Cali. “En las regiones de César y Magdalena –recuerda con orgullo el senador, al evocar esos feudos paramilitares donde no hay más que un candidato (¡el de ellos!)–, ganó el voto en blanco.”

Aunque las manifestaciones de resistencia pacífica de la sociedad civil se multiplican, el temor a las represalias sangrientas persiste. “Con un gobierno tan autoritario e intolerante como el de Uribe, la oposición política no armada corre riesgos muy grandes –afirma Carlos Gaviria, presidente del PDA–; el gobierno no nos ve como una necesidad, sino como una traba a la democracia.” Confrontado a los ataques del Presidente y a los múltiples asesinatos de sus dirigentes, este nuevo partido, que reúne a la izquierda del país, todavía recuerda el exterminio (4.000 muertos) de los militantes de la Unión Patriótica en los años ’80 (10). Ante ese hito de la historia política de Colombia, ¿cómo no se va a considerar que existe “una lógica de Estado que empuja a la sociedad civil a la lucha armada”?

Absolutismo presidencial

Deseoso de postularse para un tercer mandato, el Presidente sueña visiblemente con desmantelar la Constitución de 1991. Ya logró hacerla revisar, no sin antes comprar los votos de algunos parlamentarios, para hacerse reelegir en 2006 (11). Para Fernando Cifuentes, procurador de la República, “los métodos del Presidente, las violaciones al texto constitucional y la ‘parapolítica’ no respetan los principios fundamentales de la democracia. Si esto sigue, nos dirigimos a una dictadura totalitaria”.

Según los testimonios, la llegada de Uribe a la cabeza del Estado, en efecto, no sirvió de mucho para la Justicia. “El Ejecutivo ejerce una verdadera presión sobre nosotros por las vías económica y política –exclama Esperanza Delgado, presidente de Asonal Valle del Cauca (un sindicato de magistrados)–. Trabajamos con garras y dientes y la Justicia no es respetada. Algunos fiscales nombrados por el procurador general de la Nación, él mismo elegido por el Presidente, deben actuar como se les pide, porque si no se los destituye o se los asesina. En el ámbito de la ‘parapolítica’, la Corte de Justicia tiene las pruebas y los testigos para juzgar y condenar a los diputados. Pero en lugar de dejarla hacer su trabajo, el Presidente la ataca apenas tiene la oportunidad de hacerlo.”

Una intervención patente en el caso de Mario Uribe, senador y primo del Presidente. Acusado y condenado en abril de 2008, el vicefiscal general lo liberó cuatro meses después “por falta de pruebas”. El fiscal Ramiro Marín, que había ordenado su arresto, renunció, “no porque Mario Uribe haya sido liberado, sino porque, en el proceso, la independencia de la Justicia fue pisoteada y con ella mi honor personal, familiar y profesional. Para mí estaba claro que había una suficiente cantidad de pruebas reales como para proceder a un arresto” (12).

Mientras la Justicia utiliza la ley para tratar de luchar contra el absolutismo presidencial, las estrategias del Gobierno para deslegitimar a los funcionarios de la Corte Suprema emanan de la Casa de Nariño, el palacio presidencial. Desde hace algunos meses, se reúnen altos funcionarios del Estado y emisarios paramilitares. ¿Su misión? Buscar pruebas contra los “prevaricadores golpistas que les hacen el juego a la guerrilla y al terrorismo”. Es así como Uribe califica a esos magistrados y jueces de instrucción que hurgan en la “parapolítica”. “Esas acciones ponen en peligro nuestras vidas y toda la credibilidad de nuestra institución y nuestra acción –afirma Delgado–. ¡Si el jefe de Estado se burla de la Justicia, imagínese los delincuentes!”
En todo el país ya hubo huelgas generales de funcionarios del Poder Judicial y es tan fuerte la indignación que los bloqueos se intensifican. En septiembre de 2008, durante 44 días, un movimiento nacional a favor de la independencia de la Justicia y la revalorización salarial movilizó a más del 80% de los efectivos de la institución judicial. Cerrado a todo diálogo, el jefe de Estado replicó decretando el estado de emergencia.
Y cuando no es el ejército, es el terror anónimo el que neutraliza el descontento. La noche del 31 de agosto, una bomba destruyó el Palacio de Justicia de la ciudad de Cali. Además de costar la vida a cuatro personas, con el atentado se hicieron humo expedientes instruidos para la inculpación de criminales. “No nos sentimos seguros –dice una fiscal–. El Presidente se apresuró a decir que se trataba de un atentado de las FARC, pero no se sabe nada. Yo tenía expedientes sobre narcotraficantes, paramilitares y políticos. Las audiencias estaban previstas para esta semana. Ahora no tengo nada, mi oficina fue completamente destruida.”

Para los sindicatos, esta guerra encarnizada contra “el terrorismo” tiene como objeto camuflar los fracasos del poder: un desempleo en alza, una economía en baja, 70% de pobres y 27% de aumento de las plantaciones de hoja de coca (13). En semejante contexto, ¿por qué Uribe entablaría un diálogo o negociaciones con la oposición armada? “Sin las FARC –afirma el sindicalista Luciano Sanin–, su política no tendría ningún sentido. Debe mantener la amenaza terrorista para justificar sus medidas de ‘seguridad democrática’, los gastos militares (el 6% del PBI) y la ausencia de inversión social.”

Acusados por el Presidente de “desestabilizar el Estado”, los sindicalistas se sienten más amenazados que nunca. “La cultura política de Colombia siempre rechazó el sindicalismo –sigue Sanin–, pero es la primera vez que tenemos un régimen tan neoliberal y represivo.” Según la Escuela Nacional de Sindicalistas (ENS), 2.684 sindicalistas fueron asesinados en 22 años; de ellos, 473 lo fueron durante los dos mandatos de Uribe (41 en 2008).

La acción de los sindicatos en el Congreso estadounidense condujo a los demócratas a suspender la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia-Estados Unidos. Principal objetivo de Uribe, ese revés explicaría en parte la represión. Pero para el presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), Tarcisio Mora, “el Presidente (también) quiere hacer realidad el sueño neoliberal: disponer de una mano de obra barata, explotable a voluntad, sin derechos ni sindicatos”, según el modelo de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), donde los emplea¬dores se ven eximidos de cualquier obligación de negociación colectiva y de gastos en salud y jubilación.

Este sistema, que limita los derechos de los empleados y debilita la fuerza de los sindicatos, rige en el ejército de trabajadores de las empresas azucareras del Valle del Cauca. Sin ningún tipo de protección social, cortan la caña de azúcar con machete durante catorce horas por día, siete días a la semana, por poco más de 200 dólares mensuales. Durante una huelga iniciada el 15 de septiembre, cerca de 18.000 cortadores de caña exigieron condiciones de trabajo decentes y el fin del sistema de las CTA. Fue necesario un cese de actividades de 56 días para que pudiera llegarse a un acuerdo con el Ministerio de Protección Social que mejorara las condiciones de trabajo. Mientras tanto, como el Gobierno había presentado al movimiento como “una protesta de delincuentes infiltrados por las FARC”, el ejército había intervenido violentamente, causando más de cien heridos.

Los otros sectores económicos no escapan a esta realidad. “De 19 millones de trabajadores –señala Mora–, menos de cinco millones gozan de protección social. Apenas 850.000 están organizados y uno de cada cien dispone de un acuerdo colectivo.” En cinco años, según la ENS, el Ministerio de Protección Social se negó a registrar 515 nuevas organizaciones sindicales, lo cual confirma los dichos de Sened Niño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode): “En este país, es más fácil armar una guerrilla que un sindicato”.

Exponiendo su vida y la de sus familias, los sindicalistas colombianos ejercen en efecto una actividad suicida. “Tengo que esconderme, proteger mi vida y la de mis hijos, mudarme cada vez que saquean mi casa y recibir amenazas de muerte –cuenta una dirigente–. Para mi familia, ser sindicalista es lo peor que le puede pasar a alguien en este país.”

En cuanto a las mujeres, las salvajadas que padecen “se expresan por fuera de los esquemas que caracterizan la violencia política –analiza Pilar Rueda, profesora de la Universidad de La Salle–. Se las apuñala para que parezca un crimen pasional, son víctimas de abusos sexuales o trabajos forzados y representan el 70% de la población desplazada”. En pocas palabras, concluye Rueda, con el pretexto de combatir la guerrilla “los paramilitares combaten contra una sociedad civil no armada”.
Sin garantías para defender sus derechos, la lucha no violenta de la sociedad colombiana que quiere construir una verdadera democracia en un país en guerra parece una apuesta. Sin embargo, el país rebosa de iniciativas individuales y colectivas alimentadas por la esperanza de obtener algún día el apoyo de la comunidad internacional. “No podemos competir con los medios, las armas, el dinero o el poder –afirma Lilia Solano, defensora de los derechos humanos–, pero podemos perseverar en nuestra lucha. No sé si no estaremos sufriendo una locura colectiva, pero nunca dejaremos de resistir.” ♦

REFERENCIAS

(1) Sin embargo, la movilización fue mucho más débil que la manifestación anterior en apoyo a los rehenes, el 20 de julio: esta última había reunido a cuatro millones de personas.

(2) En Colombia, hay ONG que acusan al Estado de “la mayoría de las violaciones de los derechos humanos”, Le Monde, París, 27-9-08.

(3) Unas 305.000 personas fueron víctimas de los desplazamientos forzosos en 2007; 270.000 durante el primer semestre de 2008. Amnesty International, “La población civil, víctima del conflicto interno”, 28-10-08, www.amnesty.org/ es/for-media/press-releases/colombia-paz-conflicto-armado-datos-cifras-20081028

(4) El Nuevo Herald, Miami, 15-10-08.

(5) Según la ONIC, de 1.350.000 indígenas –102 pueblos, 64 lenguas y 4% de la población–, el 45% no tiene territorio, el 80% vive en situación de pobreza extrema y casi 54.000 fueron desplazados por la violencia.

(6) Según el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, de los 31.671 paramilitares desmovilizados, sólo 116 han sido llevados a juicio y ninguno fue condenado.

(7) A la vez, policía política y servicios de inteligencia.

(8) Por otra parte, en 2004 Noguera orquestó, con la ayuda del dirigente paramilitar Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, un plan de desestabilización de Venezuela; también, durante las elecciones de 2002, dirigió un gran fraude electoral sin el cual el presidente Uribe no habría podido ser elegido en primera vuelta.

(9) En 2007, la Comisión de Reparación y Reconciliación nacional mencionaba que ente 3.500 y 5.000 combatientes que pertenecían a grupos “disidentes, rearmados y recientes” operaban en 200 municipalidades (de 1.098), en 22 departamentos. Amnesty International, op. cit.

(10) Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz, “Vida y muerte de la Unión Patriótica Colombiana”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, mayo de 2005.

(11) Como la Constitución no permite que un jefe de Estado asuma dos mandatos sucesivos, Uribe habría corrompido a la congresista Yidis Medina para que votara a favor de la reforma. El texto fue aprobado gracias a ese voto.

(12) “Por qué renuncié”, Semana.com, 30-8-08.

(13) El sistema de medida del cultivo de la hoja de coca de las Naciones Unidas (Simci) informa, en junio de 2008, un aumento del 27% de la zona cultivada en 2007, lo cual representa un regreso a los niveles de cultivo obtenidos en 2002. Transnational Institute,“A propósito de las cifras de la coca”, Ámsterdam, septiembre de 2008.

http://www.eldiplo.com.pe/No-todos-los-colombianos-se-llaman-Ingrid

La godarria renacida

Por: Héctor Abad Faciolince

EN LAS FAMILIAS DE LOS CONSERVAdores no hay maricas. Nunca, ni uno solo, ni entre los primos lejanos, ni entre los tíos cercanos, y menos entre los hermanos, jamás.

A este pecado lo llaman pederastia y para ellos los liberales son eso: pederastas. Todas sus bodas son heterosexuales y felices, porque los godos no son infieles tampoco: los matrimonios les duran toda la vida, porque ellos nunca han deseado a la mujer del prójimo, ni fornican, ni se masturban, ni se les ocurren malos pensamientos. Además tienen muchos hijos: todos los que mi Dios les quiera mandar. Los neocons no beben; tal vez bebieron en la lejana juventud, pero ahora no se toman ni un vinito disuelto en agua bendita. No han probado la marihuana. ¿La coca? ¿Qué es eso? No les falta la corbata ni siquiera al desayuno: los godos siguen las formas, visten a la antigua, se reconocen entre ellos por los zapatos recién embetunados.

Los conservadores oyen misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Comulgan con la cabeza gacha. Y rezan el rosario. Y el Magníficat. Y los mil Jesuses. Dan limosna a los gritos. Se confiesan (¿pero de qué?) por Pascua de Resurrección. Los godos creen que lo que ha hundido a Colombia es la falta de valores, el alejamiento de la práctica de los sacramentos, el olvido de Dios. ¿La pobreza? La pobreza es (los godos saben inglés) “a blessing in disguise”, una bendición disfrazada, pues ya lo dijo Jesús en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos.

Los godos no tienen sexo antes del matrimonio; postergan el gustico. Llegan vírgenes a la luna de miel, hembras y hombres. Odian la píldora (que vuelve adúlteras a las mujeres) y el condón (que propicia la promiscuidad). Los conservadores quieren prohibir la dosis personal, que es causa de la perdición de nuestra juventud. Y creen que es conveniente que la gente permanezca en la clase en la que nació, sin pretender subir, sin que impuestos indebidos los hagan bajar. La herencia, el patrimonio, la tradición, la familia: ahí están los bastiones de la nación.

Los godos son antisemitas, porque detestan que muchos judíos tengan plata. Admiran los regímenes árabes teocráticos, porque allá sí se toma en serio la religión. Y odian el aborto, los métodos anticonceptivos, porque así se atenta contra la vida humana. Pero adoran la pena de muerte, eso sí. Y bendicen las armas, las defienden, y veneran al Ejército; ven un General y tienen una erección, le besan la espada como al obispo en anillo, y quisieran que todos los ciudadanos de bien (y ellos definen quiénes son los de bien) andaran armados, para defender el honor de la patria (los godos aman la palabra “Patria” y la pronuncian con mayúsculas) y para matar a tanto guerrillero que anda suelto por ahí.

Para resumir: lo que define a los godos es la hipocresía. Son hipócritas. Porque predican todo esto y viven en concubinato. O son tan infieles como cualquier otro. Y no salen del clóset porque son cobardes. Y van donde las putas a horas más oscuras, esperando que nadie los vea, y se ponen condón (porque saben que les previene la blenorragia). Y evitan los hijos cuando ya tienen dos. Y se emborrachan tanto o más que nosotros, pero se hacen los que no. Y han probado de todo, pero al escondido, y negándolo incluso por la santa cruz. Y adoran a los pobres, supuestamente, pero nada les interesa más que la plata, los negocios, y no sólo salir de la pobreza sino acrecentar por cualquier medio la riqueza. Y se creen impecablemente vestidos pero los pies les huelen y el cuerpo les suda, y van al baño, y hieden como cualquiera de nosotros, no son cuerpos gloriosos. Y hablan tan mal inglés como nosotros, pero disimulan mejor. Y les aprieta la corbata, y les estorba, pero las formas son las formas.

Y son antisemitas pero contratan a Yair Klein, que les enseña a matar, y no mueven un dedo por los palestinos. Y dicen amar la Patria, pero sacan de ella sus ahorros y sobornan a los funcionarios de Catastro, y capan impuestos. No llegan vírgenes al matrimonio. Y cometen adulterio. Y se hacen la paja. Y son tan humanos como nosotros, sólo que viven en un mundo ficticio: un mundo del deseo, del sermón moralista, de los grandes aspavientos éticos. Son una farsa asquerosa y en su carita de falsos santos se les ve. Como este hijo que le resultó al gran Legionario de Cristo. Basta escarbar un poco. No nos dejemos engañar.

• Héctor Abad Faciolince

Bien público… es público

por Cecilia Orozco Tascón Wednesday, Feb. 18, 2009 at 6:55 AM

17 Feb 2009 - De un plumazo, con rabia y hasta con displicencia, el Ministro de Defensa despachó un interrogante que Félix de Bedout le formuló, en ejercicio del periodismo fiscalizador que existe en las democracias, aun en precarias como ésta.

Félix le preguntó por el paseo de un hijo del Ministro con sus amigos a la finca de Santos. El asunto no tendría interés público, de no ser porque los adolescentes se transportaban en un helicóptero militar y eran asistidos por personal del Ejército. La respuesta del ejecutor del programa madre de este gobierno, vale decir la política de Seguridad Democrática, fue cortante: la revista Cromos, que reveló en su más reciente edición una serie de fotos de los chicos al lado y dentro del aparato, habría cometido el error de no incluir al Ministro en las gráficas. Como él tiene graves problemas de “seguridad”, sólo puede viajar por vía aérea, lo cual justificaría el traslado privilegiado de civiles a una casa de descanso.

Por su tono de voz, se diría que Santos se ofendió y que espera que le pidan perdón. Tras de cotudo con paperas, y disculpas de antemano antes de que me trague la tierra por la vulgar comparación. A ver: los ciudadanos que pagan impuestos para el sostenimiento del Estado; las empresas que se han metido la mano al bolsillo para financiar la guerra, y hasta el gobierno de Estados Unidos que buenos dólares ha aportado para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, tienen derecho a recibir explicaciones válidas, o mínimo consideradas, ni más faltaba.

Al margen de la confesión involuntaria que se le zafó al Ministro sobre el riesgo de andar por las carreteras del país pese a la Seguridad Democrática; al margen del dinero que nos cuesta a los contribuyentes su fin de semana, el manejo que se les da a los bienes públicos —con mayor razón a los bienes militares que presuponen mayor control—, es un tema tan delicado que en muchas legislaciones se tipifica su abuso como conducta delictiva. El Ministro debería saber, sobre todo si aspira a ser Presidente, que en el Título XV del Código Penal, de delitos contra la administración pública, hay un artículo, el 398, que se llama “Peculado por uso”. Allí se lee: “El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado… cuya administración se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 16 meses a seis años, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”.

Curiosamente, minutos antes de que De Bedout le hiciera el molesto cuestionamiento a Santos, una corresponsal de la cadena radial informaba sobre el lío jurídico y político que enfrenta una directora (e) de la DEA por haber alquilado un avión privado para venir a Colombia. Y eso que no se trataba de un paseo, sino de una visita oficial. Aquí los parámetros no son tan estrictos, seamos realistas. Por eso, sería un milagro que el Fiscal indague, que el Procurador repare en esa materia o que se active el Congreso.

La laxitud social con que se examina el comportamiento de algunos personajes es práctica extendida y, para ser precisos, no cubre únicamente a Santos. Pero al menos al Ministro se le podría pedir, primero, responsabilidad como padre con su propio hijo y los amigos de éste, no sea que los esté poniendo en la mira por transportarlos en una nave militar. Y segundo, más respeto, aunque sea en apariencia, con los colombianos que nos sometemos, con juicio, a los marcos legales.

© EL ESPECTADOR

¿Misión oficial?
por Cecilia Orozco Tascón Wednesday, Feb. 18, 2009 at 6:55 AM

¿Misión oficial?
por Cecilia Orozco Tascón Wednesday, Feb. 18, 2009 at 6:55 AM

¿Misión oficial?
por Cecilia Orozco Tascón Wednesday, Feb. 18, 2009 at 6:55 AM

Uribe, en siete años, dieciocho mil desapariciones forzosas, 7163 en los dos últimos años

cinoticias.com

Se fueron de sus casas porque les habían ofrecido trabajo en el Meta y otras regiones. Desde entonces nadie ha vuelto a saber de ellos, pero sus madres han recibido llamadas amenazantes.. Les dicen que si no denuncian en la Fiscalía seguirán vivas.

Los 22 jóvenes de Engativá hacen parte de una extensa lista de desaparecidos, entre ellos los más recientes de Soacha, y sus madres rezan para que estén vivos. Pero según las estadísticas, de cada 1.000 desaparecidos solo 10 sobreviven. Además, pocos de los que tienen familiares desaparecidos logran establecer a dónde fueron a parar sus restos.

Según las estadísticas, de cada 1.000 desaparecidos solo 10 sobreviven.

Rubiela Beltrán vio por última vez a su esposo Gilberto Arias, de 45 años, el 27 de mayo de 2007. Salió de su casa de El Tunal, en el sur de Bogotá, rumbo a Soacha, donde iba a hacer un negocio de finca raíz. “Después de varios días de búsqueda una persona me dijo que lo había visto con unos hombres que lo mataron y lo tiraron a una laguna cerca de Soacha -relata Rubiela-. Me fui a buscarlo y encontré la ropita con sangre, pero el cuerpo no aparece”.

Otras familias llevan hasta 20 años de espera. Por ejemplo, la de Jorge Soto Gallo, desaparecido el 15 de julio de 1985, y la de Jaime Enrique Quintero, cuyo rastro se perdió el 1º de marzo de 1995, cuando tras presentarse en las instalaciones de la IV Brigada de Medellín para definir su situación militar, fue trasladado y desde entonces no se supo más de él.

Las desapariciones han aumentado en forma dramática entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008

Así lo refleja un informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la cual hacen parte el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos De-saparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas. En el período mencionado se registraron 7.763 desapariciones, de las cuales 3.090 ocurrieron este año. La Comisión estableció que del total, 1.686 fueron forzadas. Del resto nada se sabe.

Según el informe, en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal hay reportadas hasta la fecha 12.284 desapariciones, 95 de las cuales ocurrieron en octubre de este año. “No estamos hablando en todos los casos de desapariciones forzadas pero son cifras alarmantes”, sostiene Gloria Gómez, coordinadora de Asfaddes.

5.507 de las desapariciones reportadas ocurrieron en Bogotá, muy por encima de otras

Agrega que en el país se registraban antes entre dos y cuatro desapariciones cada día pero hoy la cifra puede ascender a ocho casos diarios. Lo más alarmante es que ciudades y de Cundinamarca, donde hay reportados 381 casos. “Se requiere una investigación a fondo para establecer por qué tantas desapariciones en estos dos últimos años”, advierte Gómez, quien señala que a pesar del miedo y la intimidación a las familias ha sido posible detectar el aumento.

Camilo González Posso, director de Indepaz, dice que de acuerdo con investigaciones hechas por su equipo, cinco factores inciden en el incremento de las desapariciones. El primero, positivo, tiene que ver con la creación de la Comisión, que adelanta una búsqueda activa y tiene un registro de desaparecidos que antes no existía. Los otros factores son negativos: las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, el reclutamiento forzado, la trata de personas y un desplazamiento invisible hacia las fronteras. “Visto en conjunto, significa que hay un deterioro de la seguridad y de una u otra manera un incremento de conflicto”, explica González

Por su parte, Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, considera que las desapariciones han reemplazado a crímenes como las masacres y los homicidios selectivos y es urgente investigar cuáles de las reportadas son forzadas. “No esclarecer los móviles y causas de esas desapariciones es otro tipo de impunidad”, dice Cepeda.

Los más vulnerables

Cualquiera puede ser víctima de desaparición pero hay sectores más vulnerables: los miembros de grupos políticos, los líderes sindicales, comunitarios o indígenas, los integrantes o ex integrantes de grupos armados, y algunos comerciantes. Y según la Comisión de Búsqueda, la población más vulnerable son los hombres entre 20 y 30 años. “Antes, la desaparición forzada tenía mucha relación con la militancia política, de izquierda o de derecha, y con ser familiar de algún insurgente -afirma Yolima Quintero, representante de víctimas en Medellín-. Hoy desaparecen a cualquiera… jóvenes, mujeres, adultos”.

Según la Comisión de Búsqueda, la población más vulnerable son los hombres entre 20 y 30 años.

Un investigador del CTI de la Fiscalía consultado, afirma que cada día desparecen enpromedio entre 20 y 25 personas y que hallarlas “es difícil si no existe un perfilclaro de por qué desaparecen, si no se sabe si se trata de un hecho criminal o de una ausencia común, es decir, si la persona decidió irse por su voluntad para no pagar una deuda, terminar una relación sentimental, huir de la casa”. Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Santander y Valle son los departamentos que registran un mayor número de desapariciones, además de Bogotá.

Muchos casos no son denunciados porque las familias no saben cómo hacerlo o porque presumen que la persona quiso irse. Según Medicina Legal, hay 20.000 cadáveres clasificados como N..N. que no han sido reclamados porque sus familiares no se atreven a identificarlos o los siguen buscando porque los presumen vivos. “Hay un miedo a la muerte y la esperanza no se pierde -dice un médico forense de la institución-.. La familia se niega a encontrarlo muerto”.

El informe no señala responsables porque apenas está comenzando la tarea de investigar y poner en práctica el Plan Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo es dar con el paradero de los desaparecidos, identificarlos, establecer las circunstancias y el contexto en que se dieron los hechos, determinar posibles autores, móviles y patrones criminales, lo mismo que la eventual participación de servidores públicos. Mientras tanto, más de 12.000 familias viven con la secreta esperanza de que algún día sus desaparecidos aparezcan. Aunque sea solo sus restos, para hacer el duelo y de alguna manera poner fin a su sufrimiento.

DELITO DE LESA HUMANIDAD

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y por tanto no prescribe. Constituye una violación de derechos humanos establecida en la Ley 589 de 2000 y tipificada en el Código Penal.

Es también una violación a pactos y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana obre Desaparición Forzada, ratificadas por Colombia.

http://cinoticias.com/2009/02/13/uribe-en-siete-anos-dieciocho-mil-desapariciones-forzosas-7163-en-los-dos-ultimos-anos/

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Frente al rescate militar de los rehenes en manos de las FARC, sólo se impone el Acuerdo Humanitario

Hugo Paternina Espinosa

Rebelión

1. Siempre insistir en nombre de la paz

Los hechos que derivaron en la operación humanitaria y en la que las FARC de modo unilateral entre el 1 y el 3 de febrero liberaron a cuatro miembros de la Fuerza Pública y también a dos civiles, entre quienes estaban – Alan Jara, exgobernador del Meta y Sigifredo López, Exdiputado de la Asamblea del Valle---, a petición, por cierto, de la singular intervención del Movimiento autodenominado de Colombianos/as por la Paz, organización ésta encabezada por la incansable Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Jorge Enrique Botero y una lista importante de otras personalidades, nos han permitido conocer una vez más el avieso, pendenciero y atrabiliario comportamiento del Presidente Álvaro Uribe, ese que dice ser Presidente de Colombia. Razones suficientes tengo y tienen, me imagino, muchos/as colombianos/as para pensar de este modo de quien funge como primera autoridad de la nación.

En este sentido, resulta inadmisible que mientras se estaban dando los preparativos para la liberación de los rehenes, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, – me imagino, que con la autorización de la Presidencia, --- había autorizado los sobre-vuelos de la zona en donde se produciría el encuentro entre los comisionados de las FARC y la Comisión de Garantes, integrada por la senadora Piedad Córdoba, los periodistas Daniel Samper Pizano y Jorge Enrique Botero, y también por miembros de la Cruz Roja Internacional. Y no solamente fueron los sobre-vuelos, que por cierto empezaron a primeras horas del día primero de febrero, incluso, en presencia de la Comisión de Garantes, sino que fueron los hostigamientos y las órdenes impartidas por partes de altos mando militares quienes pedían identificar por tierra las coordenadas en donde podría estar el helicóptero que el Gobierno de Brasil había facilitado para el éxito de la operación humanitaria.

Ante los constantes sobre-vuelos y por el temor y la desconfianza que de ello se derivara en el seno de las FARC, el periodista Jorge Enrique Botero decide denunciar a través de Tele-sur en vivo y en directo el comportamiento traicionero y obstaculizante del gobierno de Uribe para que se concretizara estas liberaciones. Todo esto resulta más indignante y repudiable, sin duda, como quiera que el Gobierno había garantizado al Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), en particular a Christopher Barry, que para facilitar el gesto humanitario del Secretariado de las FARC no se procedería a realizar durante el cumplimiento de la operación ningún sobre-vuelo. Hasta aquí está bien claro que quien rompe con el protocolo de lo acordado y además con premeditada felonía es el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, quien parece sentirse más cómodo con el hecho que cientos de colombianos se encuentren en manos de las FARC, que con el hecho de que ésta organización de un gesto de buena voluntad y de modo unilateral decida liberar a varios rehenes.

2. Errores que matan, mentiras que hieren.

Esta maniobra del Presidente Uribe y su burocracia guerrera, léase el Ministro Juan Manuel Santos, General Freddy Padilla y el mismo Comisionado de Paz, no fue un acto fortuito ni un error de buena fe como de modo cínico y miserable quiso presentarlo hace algunos días atrás el Ministro Santos acosado por las explicaciones que sobre el particular le pedían quienes integraban la Comisión de Garantes. Y si las explicaciones de un Error de Buena fe del Ministro Santos resultan insuficientes para justificar tamaño oprobio y traición a lo previamente acordado entre el CICR y el Gobierno – qué se puede esperar de éste gobierno si en un acto de perfidia y con total impunidad utilizó los emblemas de esta organización para propiciar la operación Jaque--, lo expuesto por el mismo Ministro en relación con el comportamiento asumido por el General Freddy Padilla en este caso, y a quien parece echarle la culpa de todo, termina siendo más ruin aún. Al respecto anotó “ El general Padilla decidió que por razones de seguridad para la operación de liberación y para controlar pistas clandestinas, era necesario realizar sobre-vuelos de control por encima de 20 mil pies para no romper el límite establecido" [1]

Así, estas declaraciones resultan no sólo un insulto a la inteligencia, sino una falta abrumadora de criterio a la hora de actuar por las consecuencias. Frente a este pueril y engañoso argumento cabría preguntarse si el General Freddy Padilla es tan autónomo como para actuar como cualquier rueda suelta y poner en peligro la vida de un centenar de personas que se suponen que estaban en una misión humanitaria y en donde se habían definido unos acuerdos con organizaciones de carácter internacional, pues es de recordar que el Ministro Santos encabezó las conversaciones con el CICR y que de por medio estaba también el gobierno de Brasil como garante de la operación humanitaria. No es extraño que Juan Manuel Santos y Uribe actúen de este modo, ellos tienen poco apego a la legalidad internacional y han hecho de la mentira, el insulto y la agresión contra los países vecinos –Ecuador, Venezuela—su más emblemática forma de actuar.

3. Violento con el vecino

En relación con Venezuela, es de público conocimiento los insultos proferidos en todo tipo de espacios por parte de Juan Manuel Santo contra el gobierno legítimo de Hugo Chávez, tampoco es mentira el apoyo que brinda y ha brindado éste a Pedro Carmona, Ex presidente de la Cámara de Comercio de Venezuela y quien profirió el golpe de Estado a Hugo Chávez hace ya unos años atrás, ello para no hablar de la cobertura que brinda a todo tipo de antichavista, incluido, por cierto, a militares golpistas. También es justo recordar que del centro de Caracas miembros de los cuerpos de inteligencia de Colombia secuestraron en diciembre de 2005 a Ricardo Granda, miembros de las FARC, y hecho éste que negó el Presidente Uribe hasta más no poder.

Cuando la mentira se hizo insostenible por las abrumadoras pruebas que lo desmentían, entonces como buen ganadero salio al mejor estilo de George Bush ha justificar el secuestro con el argumento que a los “terroristas” había que perseguirlos allá donde se encontraran y que no podía haber santuarios para el terrorismo. Otras agresiones contra Venezuela no se han hecho esperar, pues se sabe hoy que Jorge Noguera, el Exdirector del para-militarizado DAS y defendido en su día a capa y espada por Uribe, tramó operaciones contra el gobierno de Venezuela. Y de Ecuador, ni hablemos, pues sabemos que el binomio guerrerista Uribe y Santos decidieron incursionar en territorio ecuatoriano y bombardear un improvisado campamento de las FARC, lo que ha degenerado en una grave crisis y en donde el gobierno del Presidente Rafael Correa se mantiene reticente a reanudar las conversaciones precisamente por la desconfianza que genera un gobierno como el de Uribe. Otras agresiones se han presentado contra importantes poblaciones indígenas y campesinas del Ecuador, ello producto de la fumigación con glifosato de los cultivos de coca que existen en la frontera entre ambos países.

4. Carrusel de Mentiras .

En el argumento expuesto por Santos acerca de que los sobrevuelos autorizados al parecer por el díscolo y no informado General Padilla se produjeron para garantizar la seguridad de la operación de liberación no es defendible de ningún modo. Y no lo es, sin duda, porque lo único que garantizaba la seguridad de la Comisión de Garantes y la vida de los rehenes que supuestamente tanto le preocupan al patriota Uribe, era el que cumpliera su gobierno con no realizar los sobrevuelos denunciados y menos el que se diera la orden de encontrar por tierra la zona donde se produciría la liberación de los tres policías y un miembro del Ejército el día 1 de febrero. Los sobrevuelo, tal y como se ha demostrado no eran una invención de Jorge Enrique Botero, ni de Piedad Córdoba y mucho menos del resto de los integrantes de la Comisión de Garantes.

Los hostigamientos existieron y producto de ello hubo una escaramuza en donde murió y está desaparecido un miembro de las FARC. En relación con los detalles no vistos de la operación ahora circulan unas importantes imágenes y en ellas se aprecian cómo el Comandante de las FARC, Jairo Martínez, da a conocer a los miembros de la Comisión de Garantes la intercepción de la comunicación al Ejército y en ella se percibe de modo claro que la intención era golpear a las FARC y propiciar que la operación fracasara para luego salir a decir ante la opinión pública que la organización guerrillera no tenía ninguna vocación de cumplir con lo acordado.

Y si la justificación de los sobre-vuelos para garantizar la seguridad de la operación humanitaria es espuria, pues eso no estaba dentro de la agenda, más turbio resulta decir que las operaciones áreas se llevaron a cabo para proteger las pistas clandestinas. De cuando acá y más en unos momentos como ese iban a vigilar tales pistas, si en otros instantes y de eso da buena cuenta la prensa, los paramilitares de la zona sacaban y siguen sacando con la anuencia de sectores del ejércitos ingentes cantidades de Coca. Esta claro que, este pobre argumento del General santos —perdón,- Ministro Santos, es tan pobre como bellaco y tan infantil como criminal.

De este modo, atrapado el gobierno en su carrusel de mentiras y como es su costumbre ya el tratar de empatar una situación cuando le es adversa, Luis Carlos Restrepo, ---Alto Comisionado de Paz--- empezó a señalar que el periodista Jorge Enrique Botero había roto el protocolo de Garante al informar a Telesur lo que estaba aconteciendo, y no sólo ello, sino que se atrevió a decir que sobre la zona habilitada – del Caquetá-- para la entrega de los rehenes no se había producido ningún sobrevuelo. Esta situación hizo que sobre la media tarde del día domingo 1 de febrero Iván Cepeda, miembro impulsor del Movimiento de Colombianos/as por la Paz y Presidente Nacional del Comité de Víctima de Crímenes del Estado, de modo enérgico y categórico le demandara al Comisionado y al Gobierno Nacional el cumplimiento de las garantías otorgadas para el cumplimiento de dicha operación. Cepeda que se encontraba en la ciudad de Villavicencio, lugar definido para que llegaran una vez estuvieran liberado los cuatro integrantes de la fuerza pública, encaró al Comisionado como lo demandaba la situación, quien se reafirmó en el criterio que no habían sobrevuelos y que el periodista Botero había incumplido el protocolo de silencio.

5. Masificar la operación jaque es la lógica de Uribe.

Ante todo ello cabe la pregunta ¿Quién es el que rompe el protocolo frente a la entrega de los rehenes, quién autoriza los sobrevuelos y en un acto demencial llama a buscar a los guerrilleros por tierra – con lo que ello hubiera representado---, o quién decide poner en consideración de la opinión pública un hecho real? A mi juicio, sin lo primero no hay lo segundo, y quizá si llegó a existir una imprudencia por parte de Botero fue para evitar que la entrega de unos rehenes no terminara convertida en un nuevo baño de sangre en donde y como siempre el gobierno se saldría con la suya.

Hasta aquí está claro que el gobierno al autorizar los sobrevuelos perseguía varios objetivos: a) deslegitimar al Movimiento de Colombianos/as por la Paz como interlocutor válido y como expresión de la sociedad civil en la búsqueda a mediano y largo plazo de una resolución al conflicto en Colombia, y, a corto plazo, evitar que dicho movimiento se convierta en un espacio que aglutine a diversas expresiones sociales y que termine presionando el Acuerdo Humanitario, un inamovible al parecer para el actual gobierno. b) Propiciar la no concesión de ningún espacio político en lo real a la insurgencia de las FARC y, por tanto, negarles o evitar al máximo que cualquier actor, nacional o extranjero, pueda contribuir a abrirle espacios interlocución política. c) Evitar que las FARC puedan dar su particular visión del conflicto y que se difunda el contenido programático de su propuesta, d) Enviar un mensaje al grueso de la sociedad y es que frente a la FARC no existe otra salida como no sea la derrota militar, lo que reafirma la Política de Seguridad Democrática y la idea de que sin Uribe ésta no será igual. Finalmente, f) Propiciar que las liberaciones se sigan produciendo a través del mecanismo de las deserciones de miembros de las FARC, de operaciones tipo Jaque o presionando aquellas zonas donde se sabe que puedan estar los rehenes.

Quien mejor define la verdadera intención de Uribe frente a esta parte es sin equívoco alguno, su médium, José Obdulio Gaviria, cuando dice: “No habrá intercambio humanitario (…) Para liberar secuestrado las vías son una Operación Jaque, un cerco humanitario o una mezcla de ellos” [2] . Esta postura si algo refleja y a las claras es el total desprecio que Uribe, su Ministro de Defensa y los militares que el acompañan tienen por la vida de las personas que están aún en manos de las FARC. Su excesivo triunfalismo y la falsa idea de que su gobierno hará implosionar a las FARC a punta de deserciones, sin duda, no es más que un animoso deseo y una forma inhumana y miserable de jugar con la vida de cientos de personas, que quiérase o no, lo único que las podría traer de vuelta a casa es un intercambio humanitario o la voluntad unilateral de las FARC de liberarlas como ha sucedido en esta ocasión y, ello, gracias al concurso y la tenacidad probada de Colombianos/as como Piedad Córdoba, Carlos Lozano, Iván Cepeda y una lista de personas que han hecho posible la liberación de los miembros de la fuerza publica y de Alan Jara y Sigifredo López. Odas a estos Colombianos/as cuya grandeza al ponerse al lado de la Paz dejan al descubierto las miserias políticas y humanas de quien mal gobierna al país en estos momentos y también de quienes sabiéndose uribistas aspiran a sucederle, como no, a costa de presumibles éxitos militares en el futuro contra las FARC.

6. Ataque contra Morris, Botero y el Movimiento de Colombianos/as por la Paz.

Pese a todo, la liberación se produjo y los militares pudieron llegar sanos y salvo ese mismo 1 de febrero por la tarde a Villavicencio. Desde ese momento ya el Gobierno preparaba toda una cruzada contra Jorge Enrique Botero, Hollman Morris – periodista que ya estaba en la zona por su propio trabajo investigativo--- y algunos miembros del Movimiento de Colombianos/as por la Paz. El Presidente Uribe y los suyos al enterarse que el periodista Morris, corresponsal de Radio Francia Internacional y del Programa televisivo Contravía estaba de modo previo en la zona de operaciones donde se había producido la liberación, se fue lance en ristre contra el comunicador, al cual empezó a acusarle de connivencia con el terrorismo, hecho que no hacía otra cosa como no fuera recordar o reeditar viejas acusaciones y que le tildaban más o menos de lo siguiente “amigo del terrorismo” de hacerle “apología al terrorismo” y de ser “cómplice del terrorismo”.

El único delito que ha cometido este importante periodista es mantener una postura ética frente al conflicto, no asumir una postura servil frente a la fabricación de mentiras oficiales y oficializadas y denunciar y visibilizar desde una postura crítica todas las voces del conflicto. De este tipo de periodistas no gustan efectivamente en la Casa de Nariño, y, por supuesto, tampoco en importantes “empresas noticiosas” que hacen parte del establecimiento informativo, que como sabemos, difunden sin distancia crítica y sin reparo alguno todo lo que se dice desde el poder.

A Morris, desde la Casa de Nariño se le empezó a decir que se había prestado para la manipulación periodística a favor de las FARC y que en este sentido había realizado entrevistas a los militares bajo coacción. Lo curioso de todas estas acusaciones es que Morris no ha hecho ninguna edición del material y no ha dado a conocer nada sobre el particular. Lo único cierto de todo esto es que los militares liberado una vez en la Casa de Nariño el mismo primero de febrero por la noche y como si de un libreto se tratara – dijeron que – habían sido entrevistados por miembros del Semanario Voz, hecho desmentido por Carlos Lozano, pues este periódico no había sido invitado para cubrir este acto humanitario.

Esta manera de propalar acusaciones contra los miembros del Comité de Colombianos/as Por la Paz sería la preparación del terreno para desconocer a este importante grupo de cara a la liberación que se produciría el día lunes 2 y 3 de febrero – es decir, el día de la liberación de Alan Jara y la de Sigifredo López, respectivamente. De hecho, bien pasada las 12 de la noche del día domingo 1 de febrero, el Presidente Uribe y los suyos daban por concluida la labor del Grupo de Colombianos/as por la Paz para seguir con la mediación, hecho que terminó subsanándose, pues los familiares de los rehenes próximos a liberar llamaron a Presidencia inconformes con la decisión, hecho que llevó al Presidente el día lunes 2 de febrero a rectificar la posición y a reconocer que se suspendería todo tipo de vuelos sobre la zona en que se produciría la entrega de Alan Jara y Sigifredo López. Hasta aquí es muy diciente que lo que no quiere Uribe es que la sociedad civil se inmiscuya en los menesteres de la Paz, pues ello no es conveniente a su política de abierta y aviesa guerra con la que pretende él --- o su pupilo, si no sucumbe antes a la idea de un tercer periodo—quedarse en el poder presidencial y seguir manejando los asuntos de la paz y la guerra como si éstos fueran patrimonio suyo.

El día lunes dos de febrero, sin embargo, lo que si se conoció fue la detención del periodista Holman Morris, del camarógrafo Leonardo Acevedo y del reportero Camilo Reynoso por parte de miembros de la Brigada XII. La detención se produjo en la zona denominada Unión de Peneya, la cual está ubicada entre el municipio de Paujil y Cartagena de Chairá (Departamento del Caquetá). Este grupo estuvo retenido por espacio de seis horas y su material quiso ser incautado, hecho que configura un delito y una vulneración a la libertad informativa. Pero lo peor contra Hollman Morris y Jorge Enrique Botero vendría el mismo lunes por la noche cuando el presidente desde la Casa del recién liberado Alan Jara acusó a este par de periodistas de que se “ se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo” .Además, de forma cínica, les acusó de poner en grave riesgo la integridad de los liberados. Aquí cabría preguntarle al señor presidente ¿Quién ponía en peligro a las personas que iban ser liberadas, el Ejército, quien actuando con orden de gobierno sobrevolaba una zona, o los periodistas que informaban sobre lo que estaba sucediendo? Está claro que el gobierno en su sed de sangre estaba buscando un golpe de mano, a costa, incluso, de la vida de los soldados y policías que dice defender.

7. Qué ética, qué periodismo.

Todo lo sucedido en lo relativo a esta operación humanitaria, además de traer a los liberados a casa, gracias a la voluntad política de las FARC, a la insistencia del Movimiento de Colombianos/as por la Paz, al gobierno de Brasil, a los familiares de los liberados y al cuestionado CICR, también ha dado lugar para conocer una vez más cual es la verdadera posición del Gobierno de Uribe al respecto del Acuerdo Humanitario: está por el rescate y operaciones tipo Jaque. Pero no sólo ello, ésta operación dio lugar igualmente para que algunos estén hablando y con mucha enjundia de la ética y el periodismo.

Al respecto llama la atención que Enrique Santo Calderón, Consejero de Contenidos del Diario El tiempo y Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa cuestione la conducta de Hollman Morris y Jorge Enrique Botero – aunque no justifica el trato dado por el gobierno y menos por el presidente Uribe a éstos--- y se olvide que mientras él fue Director del Diario El Tiempo, Francisco Santos, Vicepresidente de la República y accionista del mismo Diario, decía qué había que titular en su periódico y que no. En alguna ocasión llegó a decir que a la FARC no había que darle cubrimiento noticioso.

¿Donde estaba usted Señor Enrique Santos cuando esto se presentaba? ¿No era acaso usted el Director del Tiempo cuando esto pasaba? ¿Dónde ha estado usted durante todo este tiempo cuando el gobierno de Uribe ha vertido toda suerte de mentiras? ¿No ha contribuido acaso y contribuye el Medio al que usted ha estado vinculado a ocultar las mentiras de éste y otros gobiernos? ¿De qué ética me habla? ¿De qué ética periodística puede hablar Juan Gossaim, la Gurisatti………? Es decir, RCN, Caracol y muchos otros medios cuando ellos contribuyen a la intoxicación permanente y efectiva. Si, hablemos de ética en el periodismo, es necesario, sobre todo para develar qué dicen y hacen las grandes empresas comerciales del periodismo en Colombia, sumisas como sabemos ante Uribe y aduladoras ante los desafueros oficiales. Bienvenido el tema de la ética y el periodismo.

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[1] Para comprobar que los sobrevuelos existieron ver la página de la Secretaría de la Presidencia de la República en donde se hace expreso reconocimiento del hecho. Febrero 06-2009. Ver Link http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/febrero/06/05062009.html

[2] Sobre el particular puede verse su declaración en el siguiente link. http://www.colombia.com/actualidad/autonoticias/politica/2009/02/08/DetalleNoticia34878.asp

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Uribe insiste con estrategia militar y rechaza acuerdo con las FARC

PÚLSAR

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció este viernes que “intensificará la presión sobre” las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para lograr la liberación de secuestrados. Volvió a rechazar un posible acuerdo humanitario.


Uribe aseguró que el ejército y la policía aumentarán la presión sobre las FARC para concretar la liberación de soldados y efectivos policiales.

De este modo, el presidente completó lo dicho el jueves, cuando negó toda posibilidad de avanzar en un acuerdo humanitario solicitado por la guerrilla.

"El único acuerdo humanitario que se acepta es que liberen unilateralmente y de inmediato a todos los secuestrados", indicó Uribe.

Las FARC proponen un intercambio de 22 policías y militares en su poder por 500 guerrilleros presos, incluidos los detenidos en Estados Unidos, los llamados "Simón Trinidad" y "Sonia".

Las FARC liberaron en las últimas semanas en forma unilateral a tres policías, un soldado y dos políticos.

Por su parte, la senadora Piedad Cordoba, referente del grupo "Colombianos por la Paz", se mostró optimista sobre un posible intercambio humanitario para el mes de mayo.

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¡Que se vayan todos!

Naomi Klein

The Nation

Viendo a las multitudes en Islandia blandiendo y golpeando ollas y cacerolas hasta hacer caer a su gobierno me acordaba yo de una popular consigna coreada en los círculos anticapitalistas en 2002: "Ustedes son Enron; nosotros, la Argentina".

Su mensaje era suficientemente simple. Ustedes –políticos y altos ejecutivos amalgamados en alguna que otra cumbre comercial— son como los temerarios estafadores ejecutivos de Enron (claro que entonces no sabíamos ni la mitad de lo ocurrido)—. Nosotros –el populacho mantenido al margen— somos como los argentinos, quienes, en medio de una crisis económica misteriosamente parecida a la nuestra, salieron a la calle con ollas y cacerolas al grito de: "Que se vayan todos". Forzaron la dimisión de cuatro presidentes en menos de tres semanas. Lo que hizo única la rebelión argentina de 2001-2002 fue que no iba dirigida contra ningún partido político concreto, ni tampoco contra la corrupción en abstracto. Su objetivo era el modelo económico dominante: fue la primera revuelta de una nación contra el capitalismo desregulado de nuestros días.

Ha tomado su tiempo, pero, finalmente, desde Islandia hasta Letonia, pasando por Corea del Sur y Grecia, el resto del mundo está llegando al mismo resultado: ¡que se vayan todos!

Las estoicas matriarcas islandesas que sacaban sus cacerolas mientras sus hijos buscaban proyectiles en el frigorífico (huevos, desde luego, ¿también yogures?) reproducen las tácticas que se hicieron famosas en Buenos Aires. Un eco de la rabia colectiva contra unas elites que destruyeron un país otrora próspero pensando salir de rositas. Como dijo Gudrun Jonsdottir, una oficinista islandesa de 36 años: "Estoy hasta el moño de todos esto. No me fío del gobierno, no me fío de los bancos, no me fío de los partidos políticos y no me fío del FMI. Teníamos un país estupendo, y se lo han cargado".

Otro eco: en Reikiavik, los manifestantes no se conforman con un mero cambio de rostros en la cúspide (aunque la nueva primera ministra sea una lesbiana). Exigen ayudas al pueblo, no a los bancos; investigación penal de la debacle; y una profunda reforma electoral.

Parecidas exigencias pueden oírse en Letonia, cuya economía ha experimentado la contracción más drástica dentro de la Unión Europea y en donde el gobierno se halla al borde del precipicio. Durante semanas, la capital se ha visto sacudida por protestas, incluidos unos disturbios en toda regla el pasado 13 de enero. Como en Islandia, los letones están indignados por la negativa de sus dirigentes a aceptar la menor responsabilidad por la catástrofe. Preguntado por la Televisión Bloomberg por las causas de la crisis, el ministro de finanzas letón soltó displicentemente: "ninguna en especial".

Pero los disturbios letones sí son especiales: las mismas políticas que permitieron al "Tigre Báltico" crecer a una tasa del 12% en 2006, están ahora causando una violenta contracción que se estima del 10% para este año: el dinero, emancipado de toda barrera, viene tan prontamente como se va, tras rellenar, eso sí, algunos bolsillos políticos. No es casual que muchas de las catástrofes de hoy sean los "milagros" de ayer: Irlanda, Estonia, Islandia, Letonia.

Pero todavía hay algo más argentinesco en el aire. En 2001, los dirigentes argentinos respondieron a la crisis con un brutal paquete de austeridad dictado por el FMI: 9 mil millones de dólares de recorte del gasto público, señaladamente en sanidad y educación. Lo que se reveló un error fatal. Los sindicatos de los trabajadores realizaron una huelga general, los maestros sacaron sus clases a la calle, y por doquiera proseguían las protestas.

Esa misma negativa de los de abajo a ser inmolados en la crisis es lo que une hoy a muchos manifestantes de todo el mundo. En Letonia, buena parte de la cólera popular se ha centrado en las medidas gubernamentales de austeridad –despidos masivos, recorte de servicios sociales y brusca disminución de los salarios en el sector público— tomadas para hacer méritos ante el FMI, de quien se espera un préstamo de urgencia: no, definitivamente, nada ha cambiado. Las revueltas del pasado diciembre en Grecia fueron desencadenadas por el asesinato a tiros por la policía de un adolescente de 15 años. Pero lo que las mantiene vivas, con los agricultores recogiendo el testigo de los estudiantes, es la general cólera que desierta en el pueblo griego la respuesta del gobierno a la crisis: se ofrece a los bancos un rescate por valor de 36 mil millones de dólares, mientras se recortan las pensiones de los trabajadores y se da a los campesinos poco más que nada. A pesar de las molestias causadas por el bloqueo de carreteras de los tractores, el 78% de los griegos opina que las exigencias de los agricultores son razonables. Análogamente en Francia, en donde la reciente huelga general –desencadenada en parte por los planes del presidente Sarkozy de reducir espectacularmente el número de profesores— se atrajo el apoyo del 70% de la población.

Acaso el hilo más robusto que atraviesa a toda esa revuelta global sea el rechazo a la lógica de la "política extraordinaria", por emplear la expresión acuñada por el político polaco Leszek Balcerowicz para describir el modo en que los políticos acostumbran ahora a ignorar las disposiciones legislativas para avilantarse a "reformas" de todo punto impopulares. Un ardid que está dejando de funcionar, como acaba de descubrir ahora el gobierno de Corea del Sur. En diciembre pasado, el partido gobernante trató de servirse de la crisis en curso para lanzarse a un más que discutible acuerdo de libre comercio con los EEUU. Llevando a nuevos extremos la política de puertas cerradas, los legisladores se cerraron a cal y canto en la Cámara para poder votar en privado: defendieron la puerta con mesas, sillas y butacas. Los políticos de la oposición no se dejaron impresionar: con martillos percutores y sierras eléctricas, echaron la puerta abajo y entraron en el Parlamento organizando una sentada que habría de durar doce días. Se aplazó el voto, a fin de permitir un mayor debate. Una victoria para un nuevo tipo de "política extraordinaria".

Aquí, en Canadá, la política es notoriamente menos pronta a escenas chocarreras que terminan en YouTube, pero tampoco ha estado exenta de sorprendentes acontecimientos. El pasado octubre, el Partido Conservador ganó las elecciones nacionales con un programa sin ambición. Seis semanas después, nuestro primer ministro tory se sacaba de la chistera un proyecto presupuestario que privaba del derecho de huelga a los trabajadores del sector público, abolía la financiación pública de los partidos políticos y no contenía el menor atisbo de estímulo económico. Los partidos de oposición replicaron con la formación de una coalición histórica, que no consiguió hacerse con el poder sólo porque se suspendió abruptamente la sesión parlamentaria. Los tories han regresado ahora con un presupuesto revisado: las políticas extremistas de derecha han desaparecido, y hay un paquete de estímulos económicos.

La pauta es clara: los gobiernos que responden a la crisis creada por la ideología de libre mercado con una acrecida dosis de la desacreditada medicina, no sobrevivirán al intento. Como están gritando en la calle los estudiantes italianos: "No pagaremos por vuestra crisis".

Naomi Klein es autora de numerosos libros, incluido el más reciente The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism .

Traducción para www.sinpermiso.info : Roc F. Nyerro

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El mundo|Sábado, 7 de Febrero de 2009

La buena fe de Uribe

Una vez cumplida con éxito la liberación de seis rehenes en poder de las FARC y ante denuncias de mediadores de que el sobrevuelo de aviones militares puso en riesgo la operación, el gobierno de Alvaro Uribe admitió el hecho pero dijo que fue “un error de buena fe”. El jueves fue entregado el ex diputado Sigfredo López al Comité Internacional de la Cruz Roja, completándose la liberación de seis rehenes anunciada por las FARC. El domingo habían liberado a tres policías y a un soldado, y el martes, al político Alan Jara, capturado en 2002. Pero pasaron naves militares sobre el área pactada para la primera entrega, lo que estuvo a punto de arruinar el operativo, según el periodista Daniel Samper, miembro de la comisión de garantes en la liberación. “El gobierno cometió una transgresión muy delicada, muy grave de las normas del protocolo (de seguridad) con los sobrevuelos sobre el área de las liberaciones”, señaló Samper. El periodista, miembro del grupo Colombianos por la Paz –que lidera la senadora opositora Piedad Córdoba y sirvió como garante de la liberación de seis rehenes– narró que las FARC llegaron a cancelar las entregas el domingo. “El momento más crítico fue cuando la guerrilla canceló la misión debido a los sobrevuelos. ¿Cómo puede ser que se piense que con sobrevuelos militares se pueda hacer una operación tranquila de recibir a unos rehenes? Eso no se le pasa por la cabeza a nadie”, precisó. En un comunicado, el Ministerio de Defensa admitió los sobrevuelos pero dijo que se trató de un error de buena fe del comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla. “El ministro (Juan Manuel Santos) consideró que los sobrevuelos fueron un error de buena fe, tal vez producto de la falta de definición de lo que podría ocurrir por encima del límite aprobado y así se lo hizo saber al CICR. Esto quedó totalmente aclarado para las dos liberaciones siguientes.” El martes, el ministro Santos había asegurado que el sobrevuelo de aviones militares se dio a más de 3000 metros de altura y que había sido pactado con el CICR. El funcionario admitió que el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christophe Beney, se comunicó con él el domingo para denunciar la situación, que dijo desconocer, y que se comprometió a resolver de inmediato. En medio de la polémica, el vocero del CICR en Colombia, Ives Heller, dijo que “sí hubo sobrevuelos y eso creó tensión. El señor Beney llamó al ministro Santos y le expresó su preocupación y los sobrevuelos cesaron inmediatamente”, agregó.