Tribunal Internacional de Opinión
acusa a
Colombia por crímenes de Estado
Por: Agencia EFE - Elespectador.com
Un Tribunal Internacional de Opinión sobre la Desaparición Forzada en Colombia consideró que el Gobierno no garantiza la protección a la población expuesta al conflicto.
Foto: David Campuzano / Elespectador.com
El veredicto del tribunal, constituido por cuatro juristas de Estados Unidos, Bélgica, Canadá y Líbano, además de dos colombianos, fue difundido este lunes tras haberse reunido durante tres días en el Capitolio, donde se escucharon 47 testimonios de desapariciones forzadas durante los últimos 30 años.
Los actores responsables, según los testigos, son el Ejército, la Policía y los paramilitares, y todos ellos en connivencia los unos con los otros.
En Colombia existen nueve mil desaparecidos registrados en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) desde 1982, aunque la cifra real podría rebasar los 30 mil, según se desprende del fallo del tribunal.
En el documento emitido se culpa al Estado colombiano "por el incumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la protección y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por omisión, permisión y acción directa".
También se acusa al Estado por participar en la creación y ser cómplice de grupos paramilitares, a los que ahora se les ofrece impunidad mediante instrumentos legales, en referencia a la Ley de Justicia y Paz promulgada por el actual Gobierno, en la que se ofrece ventajas penales a los desmovilizados.
Además, se responsabiliza a los gobiernos electos de haber utilizado la desaparición forzada como "arma política" para eliminar a la disidencia, y a unidades del Ejército, Policía y de seguridad del Estado de perpetrar crímenes de lesa humanidad.
En un primer grupo de testimonios, 28 personas afirmaron que las víctimas "habían sido perseguidas por su pertenencia a organizaciones de izquierda" , tales como el Partido Comunista de Colombia, la Unión Patriótica o la Juventud Comunista Colombiana.
En otras categorías se recogen, por un lado, ocho testimonios identificados con movimientos sociales, sindicales, feministas y estudiantiles, y por otro se distingue un tercer género de víctimas sin filiación política, pero que vivían en zonas bajo control de las fuerzas ilegales.
En el veredicto también se hace patente la responsabilidad directa de los grupos paramilitares, así como a los terratenientes, grupos empresariales y multinacionales que los financiaron, y al Gobierno estadounidense por el apoyo a políticas militares del colombiano que han recrudecido el conflicto.
El Tribunal exige al Gobierno que cumpla su mandato constitucional de proteger a los ciudadanos y que se adhiera de inmediato a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU, que aún no ha entrado en vigor.
Por otro lado, se demanda enjuiciar a los responsables de desapariciones forzadas por medio del Código Penal y de acuerdo con las normas internacionales, y no por medio de leyes de excepción, así como se exige la creación de una Comisión de la Verdad para la investigación independiente de estos crímenes.
La constitución de este Tribunal Internacional de Opinión estuvo apoyada por la Asfaddes, el Proyecto Justicia y Vida (organización cristiana vinculada con los derechos humanos) y el senador Alexander López, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA).
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Colombia ''exagerósustancialmente'' informe sobre computadoras de las FARC |
| TeleSUR _ 28/04/08 - 20:05 CCS |
''Es de vital importancia que los medios de comunicación sean más críticos que lo que han sido hasta la fecha con su propia cobertura'', aseguran los 21 académicos, pues “ya se ha probado la falsedad o lo sospechoso de las acusaciones colombianas relacionadas con las computadoras portátiles''.
Un grupo de 21 académicos y expertos en asuntos internacionales denunció que el Gobierno colombiano "ha exagerado de manera sustancial" el contenido de las supuestas computadoras halladas tras un bombardeo a un campamento de la guerrilla en Ecuador, "quizás con fines políticos".
En una carta abierta divulgada el viernes pasado en Washington, el grupo reveló que Interpol hará público esta semana un informe sobre la "autenticidad" de estas computadoras, que el Ejército colombiano asegura haber encontrado luego del ataque en el que murieron 25 personas, entre guerrilleros y estudiantes mexicanos.
"Considerando la cobertura previa por parte de la prensa de la incursión y de los documentos, es para nosotros de suma importancia que los medios de comunicación interpreten de manera muy cuidadosa los hallazgos hechos por la Interpol", expresa la misiva.
Añade que "durante la primera ronda de la cobertura del evento por los medios de comunicación, surgieron considerables problemas de inconsistencia precisamente como resultado de la brecha existente entre las exageraciones de Colombia y lo que realmente dicen los documentos".
La carta afirma además que, aunque se llegue a comprobar que las computadoras portátiles eran de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "no existe evidencia que indique que los documentos disponibles para el público pudieran servir de base para ninguna de las afirmaciones extremistas hechas por el Gobierno colombiano" contra Ecuador y Venezuela.
Los 21 intelectuales enfatizan que los distintos análisis independientes indican que el Gobierno colombiano "ha exagerado de manera sustancial el contenido de estos documentos, quizás con fines políticos".
Acusaciones fueron "desacreditadas"
Los académicos advierten que cualquier cobertura mediática de los hallazgos de la Interpol "deberá dejar en claro que muchas de las acusaciones colombianas ya han sido ampliamente desacreditadas".
Recuerdan que el propio secretario general de la Organización de los Estados Américanos (OEA), José Miguel Insulza, al rendir testimonio ante el Subcomité de la Cámara de Representantes para Asuntos del Hemisferio Occidental, indicó de manera inequívoca que "no existe evidencia" que vincule a Venezuela con los insurgentes colombianos.
"No obstante, esta afirmación de Insulza ha pasado virtualmente desapercibida para la prensa de habla inglesa", lamenta la carta.
Entre otras fallas en el discurso de las autoridades colombianas, el documento destaca el caso de los supuestos 300 millones de dólares que el Gobierno venezolano habría proporcionado a las FARC.
Lo cual se sustenta únicamente en el extracto de una carta en la cual se habla de "300", sin precisar lo que representan.
"Mientras los colombianos aseguran que se trata de una referencia a los 300 millones de dólares, igualmente podría tratarse de trescientos dólares o incluso trescientos rehenes. Nótese que esta carta tiene fecha del 23 de diciembre de 2007, dos semanas antes de la primera ola de liberación de rehenes por parte de las FARC", enfatizan los expertos internacionales.
Insistan igualmente en que "ya se ha probado la falsedad o lo sospechoso de otras acusaciones colombianas relacionadas con las computadoras portátiles".
Y destacan que las afirmaciones que indicaban que las FARC estaban conspirando para construir una "bomba sucia" fueron desechadas públicamente por el Gobierno de Estados Unidos y por expertos en terrorismo de toda la región.
Mentira tras mentira
La carta recuerda también la falsedad de las acusaciones de Colombia respecto al hallazgo en las computadoras de una fotografía que mostraba una reunión entre el comandante guerrillero Raúl Reyes y un ministro ecuatoriano.
El caso fue público y notorio, al confirmarse que no se trataba del funcionario en cuestión, sino de un alto dirigente comunista argentino.
Finalmente, los intelectuales, entre los cuales figuran Charles Bergquist, de la University of Washington; John Womack, de la Harvard University o Mark Weisbrot, del Center for Economic and Policy Research; afirman que en la discusión "se trata del apoyo al terrorismo por parte del Estado, y en el clima político actual nunca había habido tanto en juego".
"Es de vital importancia que los medios de comunicación sean más críticos que lo que han sido hasta la fecha con su propia cobertura", aseguran.
Y los 21 expertos y académicos finalizan que "cualquier cobertura imparcial del próximo pronunciamiento de la Interpol dejará en claro que la autentificación de las computadoras portátiles no implica la validación de las interpretaciones colombianas de su contenido".
TeleSUR - Vtv / sb - MC
