No hay ninguna duda. La crisis política se profundiza en Colombia. Se ratificó algo que hace rato está en la mente de la gente sana y decente de este país: este gobierno es totalmente ilegítimo. La Corte Suprema de Justicia ha planteado con absoluta claridad, que el episodio legislativo que le dio legalidad a la reelección de Uribe fue aprobado mediante un acto delictivo. La condena por cohecho de Yidis Medina es la prueba categórica e irrefutable. Por ello le ha solicitado a la Corte Constitucional para que revise el acto que reformó la Constitución.
Por otro lado, la infiltración, complicidad, contubernio y maridaje del actual gobierno con el paramilitarismo es también más que evidente. La tercera parte de la bancada parlamentaria uribista está en la cárcel o investigada por la “parapolítica”. Sin embargo, el ejercicio autoritario del poder, la aureola de “pacificador” y el manejo mediático de la información, le han permitido al actual mandatario colombiano comprar la fidelidad de los jefes de las AUC (incluyendo su extradición), ha podido ocultar la verdad, y neutralizado parcialmente la justicia.
Pero la acumulación de problemas no le da tregua. Hoy se encuentra cuestionado internacionalmente por agredir a países vecinos con el pretexto de combatir el terrorismo; importantes organismos internacionales, entre ellos, la ONU, han discutido la validez y la conveniencia de la extradición de los “capos” paramilitares, denuncian al gobierno por no tener voluntad política para enfrentar el delito de la desaparición forzada, y le exigen garantizar el derecho fundamental de las víctimas del paramilitarismo a obtener verdad, justicia y reparación.
Frente a la gravedad de la sentencia de la Corte, el gobierno arremetió violentamente contra el máximo tribunal de justicia, señalándolo de no ser objetivo, de “aplicar una justicia selectiva”, y ha propuesto la convocatoria de un referendo popular para revalidar su ilegítima reelección. La precaria institucionalidad democrática está en vilo en Colombia. Uribe, preso de sus contradicciones, se desliza hacia una dictadura apoyado en su popularidad mediática y en la fuerza del imperio.
La dinámica corrupta y mafiosa que ha alimentado este gobierno no le permite medir por un instante las consecuencias de sus actos. Uribe no tiene marcha atrás. Los sectores poderosos beneficiarios de su proyecto político (transnacionales capitalistas, monopolios económicos nacionales, sectores reaccionarios del ejército, políticos corruptos de todo pelambre y sus aliados mafiosos) y los intereses estratégicos de los EE.UU. (vitales para el imperio en este momento de la vida política de América Latina) lo obligan a ir hasta las últimas consecuencias. Intentará no sólo legitimar su mandato sino que va a tratar de pasar por encima de las Cortes y de la precaria institucionalidad democrática del país. Hace rato inició ese camino, y por ahora, cuenta con la fuerza para avanzar en esa dirección.
Las fuerzas democráticas colombianas deben actuar con rapidez y contundencia ante este crítico panorama. Se debe tener claro que los delitos cometidos por este gobierno ya no le permiten dirigir a la nación. Tampoco se puede consentir que Uribe utilice el poder estatal para convocar un referendo legitimador de su conducta delictuosa. Por ello ya no se trata de construir el “germen” de un gobierno de Unidad Nacional. Definitivamente, para enfrentar la ilegitimidad del gobierno y su amenazante poder dictatorial, la tarea inmediata es iniciar el proceso de reemplazarlo.
El Polo Democrático Alternativo tiene hoy una oportunidad de oro. Debe tener claro que para derrotar a Uribe, y al imperio (en el terreno político), se requiere construir la unidad más amplia posible entre las fuerzas que se oponen a la dictadura uribista. Tiene que ponerse a la cabeza de las fuerzas democráticas proponiendo con fuerza y claridad un programa mínimo que le de vida a ese nuevo gobierno de transición, que servirá para despejar el camino hacia la elección de un verdadero gobierno democrático y la derrota de las políticas neoliberales.
Las fuerzas democráticas deben jugar y deben hacerlo bien. Algunos sectores de la burguesía no comprometidos totalmente con el régimen mafioso, o que se quieren deslindar de él para no deslegitimarse, van a tratar de recomponer su poder mediante los acuerdos burocráticos y las salidas legalistas (formales). La situación es de hecho: hay que salir del gobierno de Uribe. Antes de hablar de referéndum, asambleas constituyentes o cualquier otro mecanismo legal, hay que colocar el tema de quién tiene legitimidad para convocar. Ese gobierno de transición no puede surgir de una elección, debe ser el resultado de un gran acuerdo político SIN URIBE Y CONTRA ÉL. Ese es el meollo del asunto.
La principal tarea del nuevo gobierno de Unidad Nacional será rescatar la democracia colombiana sobre la base de retomar el espíritu participativo de la Constitución de 1991. El gobierno de transición que reemplace a Uribe debe revisar una serie de acciones gubernamentales aprobadas durante su mandato que también son ilegítimas, y debe comprometerse a consultar amplia y participativamente al pueblo sobre esos temas (TLC con los EE.UU., la ley de justicia y paz, la política “antidroga” impuesta por Washington, la extradición de los paramilitares, la política de paz, y otros).
No es el momento de salidas jurídicas y formales, se necesita un gobierno de transición de hecho.
Fernando Dorado, integrante de base PDA Cauca.
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Convocó a un referéndum para seguir gobernando Colombia más allá del 2010
Uribe se juega por la
re-reelección
Ante un fallo de la Corte Suprema que puso en duda la legalidad de su triunfo electoral del 2006, porque una legisladora que votó por él admitió haber sido sobornada, Uribe dobló la apuesta y la oposición se le fue encima.
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, anunció que le pedirá al Congreso tramitar un proyecto de ley de referéndum para que se convoquen elecciones y se repitan los comicios de 2006, después de que la Corte Suprema de Justicia pidió investigar la reelección del jefe de Estado. El anuncio del jueves por la noche desencadenó fuertes críticas de diversos sectores e incertidumbre sobre los detalles del proyecto de ley que presentará al Congreso. A su vez, la oposición de izquierda acusó ayer al presidente colombiano de “dictador” y “tirano”.
El sorpresivo anuncio de Uribe se produjo luego de que la Corte Suprema pidió a la Corte Constitucional y a la Procuraduría que revisen la eventual ilegalidad de la reforma que permitió la reelección, tras una presunta “desviación de poder”. Uribe –quien tiene el más alto índice de popularidad de la gestión–, en su alocución acusó a la Corte de “presionar indebidamente, mediante abuso de poder y usurpación de competencias” y de aplicar “una justicia selectiva”. De prosperar la iniciativa, el mandatario podría continuar en el poder más allá del 2010 cuando vence su actual período, sin necesidad de que se apruebe una nueva reforma constitucional que facilite su segunda reelección consecutiva y de la cual desistió en distintas oportunidades en los últimos meses.
La expresión de la Corte se produjo horas después de que el tribunal condenó a tres años y cuatro meses de prisión a la ex parlamentaria Yidis Medina, acusada del delito de “cohecho” al admitir haber aceptado cambiar su voto contrario a la reelección por la promesa de beneficios ofrecidos por el gobierno. La denuncia de Medina, quien dijo actuar porque el oficialismo no cumplió con las dádivas políticas prometidas, involucra a varios funcionarios del gobierno de Uribe y para la Corte pone en duda la legalidad de la enmienda constitucional que permitió la reelección presidencial.
El pedido de Uribe al Congreso, conducente a repetir las elecciones generales de 2006 en las que ganó con el 62 por ciento de los votos, fue reprobado ayer por el principal partido de oposición, el opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), que calificó como una “monstruosidad” la propuesta. Carlos Gaviria, el ex candidato presidencial del PDA en las elecciones en que Uribe consiguió su actual mandato, afirmó que el pronunciamiento del mandatario colombiano es insólito y demuestra que es “incapaz de gobernar en un estado de derecho”.
“Uribe utiliza al pueblo como un dictador utilizaría al ejército o a la policía. Está inaugurando una dictadura populista”, afirmó Gaviria tras sostener que la voluntad popular no puede autorizar al presidente a “pasar por encima de la Constitución”. Rafael Pardo, precandidato presidencial del Partido Liberal, opositor, afirmó que a un fallo judicial no se le puede responder con un referendo y que la propuesta de Uribe es “una exageración” que puede llevar a la “desestabilización del país”.
Por su parte, el senador del PDA Gustavo Petro, uno de los más duros críticos de Uribe y quien destapó el escándalo de la “parapolítica”, que tiene bajo investigación por nexos con paramilitares a unos 60 congresistas, en su mayoría oficialistas, aseguró que se está construyendo una tiranía. “Generalmente los tiranos buscan plebiscitos para tratar de relegitimar sus actos, cosa que el presidente está intentando hacer con el referendo, pero eso no tapa, no oculta, lo que ya pasó, que fue que la reelección se hizo a partir de un crimen”, afirmó Petro.
Entretanto, el portavoz del Partido Liberal, Héctor Rojas, rechazó la iniciativa de Uribe y añadió que a lo que conduce esa propuesta “es a una dictadura” que no pueden patrocinar “desde ningún punto de vista”. “Aquí hay una gran confusión, ¿cómo vamos a repetir unas elecciones? ¿Con los mismos candidatos? ¿En las mismas circunstancias? No, aquí lo que hay es una amenaza del presidente de que si el fallo no es conforme a sus intereses nos amenaza con el pueblo”, afirmó.
El analista político Pedro Medellín afirmó que esa propuesta es de una gravedad institucional y jurídica sin precedentes en la historia de Colombia y que está antecedida por un grave señalamiento de parcialidad e incapacidad del sistema judicial por parte de la primera autoridad del país.
El jueves por la noche, Uribe dio un mensaje al país en el que rechazó la decisión de la sala penal de la Corte Suprema, de pedirle a la Corte Constitucional que estudie la forma en que el Congreso aprobó en 2004 la reelección presidencial en medio de denuncias de irregularidades.
“Convocaré al Congreso para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006, con idénticas o mayores restricciones para el presidente que aquellas que en su momento impuso la Ley de Garantías Electorales”, dijo Uribe en una locución radio-televisada.
Uribe recordó que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó antes de ser extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo que los “paras” tenían infiltrada a la Corte Suprema.
