Dienstag, 22. April 2008

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ENTREVISTA

"A Ingrid hay que soltarla ya"

La senadora colombiana Piedad Córdoba medió con las FARC y presenció la liberación de los últimos rehenes. Desde hace tiempo, lucha por que su Gobierno alcance un acuerdo basado en el intercambio de insurgentes presos por civiles secuestrados.

YOLANDA GUERRERO - Madrid - 23/04/2008

La senadora Piedad Córdoba (Medellín, 1955) se declara infatigable en su búsqueda de la paz en Colombia. Fue mediadora ante la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presenció las recientes liberaciones de rehenes (entre ellos se encontraba Clara Rojas, compañera de cautiverio de Ingrid Betancourt) y ha viajado por medio mundo (incluido EE UU, donde ha visitado a dirigentes guerrilleros presos como Simón Trinidad y Sonia) en su búsqueda de un acuerdo negociado con el Gobierno de su país para lograr el canje de insurgentes presos por civiles secuestrados.





Esta semana, el destino de Córdoba (líder del ala izquierdista del opositor Partido Liberal) ha sido España, uno de los países amigos del proceso de negociación entre Bogotá y las FARC.

En Madrid y sobre este asunto habló el lunes con la secretaria de Estado para Iberoamérica de España, Trinidad Jiménez. Porque sólo le quedan las conversaciones oficiales, con interlocutores legítimos, después de que el presidente de su país, Álvaro Uribe, desautorizara su mediación y la del presidente venezolano, Hugo Chávez, ante la guerrilla.

Pregunta. ¿Cómo ve la distante Europa algo tan complejo como los contactos de una senadora con un grupo guerrillero que opera en la selva?

Respuesta. Con desinformación. Y no por casualidad ni por falta de elementos de juicio. Es una desinformación dirigida, para privilegiar una política de guerra y no la búsqueda de una solución negociada. Hay cierta impotencia, uno no sabe cómo llegar hasta aquí...

P. ¿Por qué rechazan las FARC los papeles que Francia y España intentan asumir como interlocutores en el diálogo de paz?

R. El asesinato de Raúl Reyes, que era una especie de canciller que recibía a las delegaciones de la negociación, supuso un golpe mortal a la confianza de las FARC en el Gobierno colombiano. Los guerrilleros aceptaron ir al lugar donde se suponía que se iban a reunir, porque confiaban en que Francia estaba actuando con discreción y con las mínimas garantías. Y creían que al Gobierno no le movía el ánimo de identificar dónde estaban para matarlos, sino para consolidar la entrega de Ingrid Betancourt. Por eso, desde entonces rechazan la mediación de Francia, España y la Iglesia católica. Francia ha sido la gran perjudicada, porque incluso ha enviado un avión, con los costes políticos que eso tiene, pero no significa que no se pueda continuar.

P. ¿De verdad cree que se puede?

R. Una de las estrategias del Gobierno consiste en vender al mundo la idea de que la guerrilla no quiere continuar, en demonizar a las FARC para avanzar en la política de guerra. Y lo que hay que lograr es la liberación de los secuestrados. Hay que recuperar el papel de España y Francia. Hay que recomponerlo todo y creo que no es demasiado tarde.

P. A veces, desde este lado, se percibe una oleada de pesimismo, de que es un proceso sin meta de llegada.

R. Y, sin embargo, hay mucha gente que, como yo, aspira a que tenga solución. Una de las vías más rápidas para conseguirlo es el acuerdo humanitario. Y, antes de eso, lograr la liberación de civiles, para, a partir de ahí, avanzar hacia cosas importantes.

P. ¿Más importantes que la liberación de rehenes?

R. Por ejemplo, erradicar el secuestro como instrumento de presión política, el uso de armas no convencionales... Y, por otro, que acaben las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. Si Colombia se pone esa meta de aquí a diciembre, avanzaremos enormemente.

P. ¿Y cuál sería el primer paso a dar por el interlocutor oficial, el Gobierno?

R. Debería hacer un gesto de buena voluntad. Las fotos que ahora están en la Casa de América (en Madrid, en solidaridad con los secuestrados) se tienen gracias a dos mujeres que ahora están detenidas sin motivo. Una de ellas, de 20 años, tiene lupus y puede morir en cuestión de meses. La otra está embarazada y le han descubierto un cáncer maligno. Ambas están encarceladas, porque las acusan del secuestro de 16 personas. Pero su único delito es haber aportado pruebas de vida de esos 16 rehenes. Al parecer, en su pueblo les pidieron el favor de que entregaran un paquete en un determinado lugar, y en ese paquete iban las pruebas de vida. Ahora se enfrentan a una condena de entre 40 y 60 años. Por eso, así como yo exijo a las FARC la liberación de todas las personas que tienen como rehenes, también pido al Gobierno que libere a esas dos mujeres.

P. ¿Y cree que las FARC tienen un auténtico ánimo de diálogo?

R. Yo sé que las FARC no son un conjunto de arcángeles, pero sí sé que hay voluntad de liberar gente. La prueba está en que ya hay siete liberados. Pero si esto se oculta, la gente percibe que las FARC no tienen voluntad y que la única salida es la intervención militar. Y hay quien dice: "Pues que se sacrifique la familia de Ingrid, porque si toca que la maten, que la maten. Que maten a todos los rehenes, con tal de que maten a todos los guerrilleros". Y ésta es una conclusión muy poco ética. Si se habla, se puede.

P. Usted ha realizado una de las labores más comprometidas para una política de profesión. ¿Cómo se negocia con la guerrilla?

R. En los últimos 10 años, desde que se levantó la zona del Caguán durante el fracaso de la negociación emprendida bajo el Gobierno de Andrés Pastrana), no ha habido ninguna conversación y esto es muy lamentable. En estos 10 años no se ha acabado la guerrilla ni el narcotráfico. Y lo que es peor: ahora hay un proyecto paramilitar infiltrado en el Congreso en proporciones alarmantes. Jamás pudimos imaginar que llegaríamos a tener 32 congresistas en la cárcel y 62 investigados, en un caso (el de la parapolítica) que posiblemente llegue hasta la misma mesa directiva del Congreso. Si la única causa del problema de Colombia son las FARC, ¿por qué tenemos una sociedad tan corrupta? Hay cuatro millones de desplazados internos, 30.000 desaparecidos, 5.000 fosas comunes, cuatro millones de hectáreas robadas a los campesinos por los paramilitares? ¿Que cómo se negocia? Principalmente, no cerrando la puerta al diálogo. Pero no a nivel personal, porque la negociación se puede convertir en una tertulia. El Gobierno tiene que nombrar mediadores para reconstruir la confianza de las FARC.

P. ¿Ha continuado usted en contacto con la guerrilla, a pesar de la desautorización de Uribe?

R. No, porque ya no tengo la confianza del presidente. El Gobierno venezolano puede hablar con quien quiera, pero yo no. Más aun: acaba de salir un decreto por el cual, si alguien habla con las FARC, incurre en un delito de concierto para delinquir. Pero yo también tengo un mandato de los familiares de las víctimas. Por eso busco que se reactiven los canales de comunicación.

P. ¿Y Hugo Chávez?

R. No lo sé, pero creo que no. La gente cree que Hugo Chávez se beneficia de su papel en el acuerdo humanitario, pero es al contrario. El conflicto colombiano se ha regionalizado de forma preocupante. Por ejemplo, las fumigaciones en la frontera con Ecuador han causado daños enormes al país vecino, aunque fue tras el 1 de marzo [día en que murió Raúl Reyes] cuando el deterioro de las relaciones se hizo público. Además, muchos paramilitares se han adueñado de regiones enteras en la zona costera de Ecuador, algunos incluso se han entrenado en la zona boliviana de Santa Cruz para desestabilizar al Gobierno de Evo Morales? Es decir, en este momento, los países vecinos empiezan a exigir una solución al conflicto colombiano, porque todos sufren las consecuencias.

Panamá acaba de encarcelar a seis de las FARC, y cuando Mireya Moscoso era presidenta hubo un gran desplazamiento de campesinos desde el Chocó (los echaron los paramilitares para poder plantar palma africana en sus tierras) a Panamá y no recibieron un tratamiento humanitario: los devolvieron y muchos murieron o desaparecieron. El conflicto colombiano se ha hecho inmanejable para los demás países de la zona. Colombia se ha vuelto un vecino incómodo.

P. El secuestro de Ingrid Betancourt también se ha internacionalizado. ¿No cree que hay una cierta manipulación de su inmenso dolor por parte de la guerrilla, del Gobierno de Bogotá e incluso de la comunidad internacional?

R. Sin la más mínima duda. Yo estuve secuestrada [por los paramilitares] y sé que la retención es muy dura: me disolvió la familia, me envió al exilio, mi hija estuvo desaparecida? Alguien que ha pasado por todo esto no puede pensar que Ingrid está bien de salud. Seis años retenida, sin sus hijos y sabiendo que su madre también sufre es muy duro. Pero creo que no está en las pésimas condiciones de salud que dicen. El Gobierno de Uribe dijo que se iba a morir y permitió que Francia enviase un avión sólo para tapar un escándalo político, porque el mismo día en que dijeron que Ingrid se moría habían apresado a tres parlamentarios colombianos acusados de relación con los paramilitares. Fue algo escandaloso. Hay una auténtica manipulación. Si yo tuviera la oportunidad de hablar ahora con las FARC, les explicaría que esto está siendo utilizado políticamente de la manera más perversa, descarada y cínica. A Ingrid hay que soltarla ya.

P. ¿Y por qué no lo hacen?

R. En enero hubo una reunión de los abogados de Simón Trinidad (encarcelado en EE UU) e Iván Márquez (dirigente de las FARC), conocida por el Departamento de Estado de Washington. Yo no estuve porque ya no estaba facultada por el Gobierno, pero sí supe que se explicó a las FARC cómo era la situación después de la condena a 60 años impuesta a Trinidad. Las cosas iban muy bien para la liberación de uno de los gringos secuestrados. Y en ese paquete iba también Ingrid. Pero todo quedó abortado por lo sucedido el 1 de marzo.

P. ¿Cómo dibuja usted el futuro del proceso de paz si Uribe resultase reelegido en 2010?

R. Veo complicado que eso llegue a suceder, porque a Uribe cada vez le resulta más difícil ocultar la crisis de la implicación con los paramilitares. ¡Pero si hay partidos que han desaparecido porque toda su gente está en la cárcel! Incluso su socio y primo Mario Uribe, cuya detención fue ordenada ayer, está siendo investigado. En realidad, Uribe está buscando una salida para todos los involucrados, porque los que están en la cárcel no están dispuestos a pagar solos por lo ocurrido. Tiene una papa caliente en las manos. Ya no es una crisis que se pueda arreglar y eso va a afectar a la reelección. Lo que tiene que decidir ahora es si va a pasar a la historia como el presidente del paramilitarismo o el presidente del acuerdo humanitario.

P. ¿Y usted? ¿Se plantea aspirar a la presidencia de Colombia?

R. En absoluto. Soy consciente de que en este momento soy una figura que polariza. Yo no soy de las FARC ni he sido guerrillera. Pero soy el personaje con el índice más alto de impopularidad en la historia de Colombia, según las encuestas. Curiosamente, no lo es (el jefe paramilitar Salvatore) Mancuso, que fue recibido en el Congreso como un héroe; incluso le cerraron las principales vías de Bogotá para que comprara sus zapatos Ferragamo de última moda. A mí me apedrean y me insultan. Hasta hay consignas para "matar a Piedad Córdoba". Pero para mí es mucho más importante trabajar en el acuerdo humanitario. Si aspirase a la presidencia, no podría decir las cosas que digo ni trabajar con tanta dedicación. Y tendría que negociar cosas que no estoy dispuesta a negociar.

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LOS tERROrIStAS



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Piden captura del primo de Uribe

Mario Uribe está procesado por supuestos vínculos con los paramilitares. Ayer se refugió en la embajada de Costa Rica para solicitar asilo político, que estimó “improcedente” el requerimiento del otrora juez en lo civil.



Por María Laura Carpineta

La Justicia colombiana ordenó ayer la detención del primo del presidente Alvaro Uribe por sus supuestos vínculos con los paramilitares, pero ya era muy tarde. Cuando el delegado de la fiscalía ante la Corte Suprema firmó el pedido de captura a primera hora de la mañana, el ex presidente del Congreso y ex operador político del Ejecutivo, Mario Uribe, estaba en camino a la embajada de Costa Rica. Para cuando la policía bogotana empezó a buscarlo, el ex senador y su abogado ya trabajaban en los argumentos que horas después presentarían ante la embajadora costarricense para solicitar asilo político en la pequeña nación. Anoche, después de un día de hermetismo total, la embajada costarricense estimó improcedente el pedido del ex senador Uribe. Afuera, un centenar de familiares de víctimas celebró la noticia detrás de la valla policial.

Apenas se conoció la noticia a la mañana, Iván Cepeda empezó a movilizar a su gente a la embajada costarricense. Cuando el líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado llegó al fondo de la calle sin salida, sólo hacían guardia los tres policías que suelen vigilar la casa de una planta que hace de embajada. Previendo los refuerzos que más tarde llegarían, él y sus compañeros se apuraron en decorar las rejas con fotos de algunos de los miles de asesinados y torturados por los grupos paramilitares. Cepeda contó que en el medio de las caras, “se destacaban las figuras de un hombre de traje y corbata y otro camuflado de pies a cabeza, con un brazalete con la sigla AUC (Autodefensas Unidad de Colombia)”.

Hace seis años, Mario Uribe y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se estrechaban la mano con una sonrisa similar a las de las figuras de las rejas. Según contó el propio Mancuso ante la Justicia, se reunió con el primo del presidente dos veces para negociar el apoyo de las AUC para las elecciones legislativas de 2002 en el departamento de Córdoba. “Le dimos los votos”, reconoció el ahora paramilitar desmovilizado. En aquellos comicios, los candidatos de Uribe (primo) en esa región arrasaron.

El ex senador Uribe ya habría probado la efectividad de los paras cuatro años antes, cuando le pidió a otro jefe de las AUC devenido en testigo estrella, Jairo Castillo, que lo ayudara a correr a algunos hacendados y campesinos que no querían entregar sus tierras en su natal Antioquia. Según explicó ayer su abogado, todas las denuncias son falsas y hacen parte de una “persecución política” contra su cliente, quien no obstante renunció a su banca no bien empezó la investigación el año pasado.

Ayer el senador opositor Gustavo Petro era uno de los pocos que se negaba a resignarse y aseguraba que, tarde o temprano, los Uribe verán el interior de una celda. “Hay dos razones para recibir asilo político: ser un perseguido político o haber cometido un delito político. ¿Cómo puede Mario Uribe ser un perseguido político si el presidente, su propio primo, no ha hecho más que defenderlo? Y, ¿cómo puede entender Costa Rica que los crímenes contra la humanidad que cometieron los paramilitares son delitos políticos?”, aseguró a este diario.

Cepeda tampoco se imagina a Mario Uribe como un perseguido político. “Es uno de los hombres más poderosos de los últimos tiempos”, sentenció el defensor de derechos humanos. Los que conocen la carrera de Mario Uribe desde sus primeros pasos como juez en lo civil aseguran que no se trata de un familiar más que creció a la sombra del mandatario.

A los 28 años su primo Alvaro lo convenció de que dejara el estrado y se metiera a la política con él. Diez años después los dos primos hacían fórmula para ingresar al Congreso nacional, él en Diputados y Alvaro en el Senado. La pareja demostró ser imbatible y lo repitieron hasta que su primo empezó a ascender más rápido que él, primero como gobernador y después como presidente. Sin embargo, Mario siempre estuvo ahí para apuntalarlo. El consiguió los votos para aprobar la reforma constitucional que le permitió la reelección presidencial en 2006 y redactó la Ley de Justicia y Paz, con la que su primo convenció a los paras de deponer sus armas a cambio de condenas mínimas en cárceles cómodas.


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La Base de Manta y la estrategia de militarización en América Latina

Decio Machado

En los últimos quince años, Estados Unidos consolidó su sistema de bases militares en un nuevo sistema global de control planetario. Según datos del Pentágono, hay más de 735 bases militares estadounidenses en 130 países, lo cual constituye una estrategia global de expansión y control de naciones, recursos naturales y seres humanos. En este listado, no se incluyen instalaciones proporcionadas por otras naciones en el exterior, por lo cual si se tomara en cuenta todas las bases, el ejército estadounidense contaría con más de 1000 bases en otros tantos países. Según denuncia el presidente del Japan Policy Research Institute, Chalmers Johnson (1), las bases extranjeras tienen 5 misiones:

- Mantener la supremacía militar absoluta en el mundo.
- Interferir comunicaciones.
- Intentar controlar el mayor número posible de fuentes petroleras.
- Dar trabajo e ingresos al complejo industrial militar.
- Asegurar que los militares y sus familias vivan con comodidad.

Bajo su “ Programa de Transformación de Defensa ”, EE.UU. ha convertido el noreste asiático en una gran plataforma para sus operaciones militares globales y regionales, y en la actualidad tiene la mayor concentración militar en el Golfo Pérsico y en el área andina en América Latina.

La militarización de América Latina

Richard Burton, estratega del Comando Conjunto de Estados Unidos, señalaba en los años 90 que existían 16 áreas de “ real trouble ” (verdaderos problemas) en el mundo, y comenzaba su lista por aquel entonces con Haití, Colombia y Brasil-Argentina.

Quizás por eso, EE.UU. mantiene una compleja red de instalaciones militares y de operaciones en América Latina y el Caribe, denominada por el Comando Sur estadounidense, como su “ arquitectura del teatro ”. Desde allí desarrolla la lucha antinarcóticos, no enfrentándolo como un problema de salud pública, sino como un ataque a la oferta. Desde mediados de los 80, se comenzó a transformar la lucha antinarcóticos en la región andina en un asunto de orden militar. Para ello se utilizan los Forward Operanting Locations (FOL, Centro Operativos de Avanzada), antes considerados simplemente bases militares.

En el norte de América Latina y en el Caribe las instalaciones militares estadounidenses son oficialmente reconocidas:

- 17 sitios con instalaciones de radar (principalmente Colombia y Perú).
- 4 bases miliares FOL, situados en Ecuador, El Salvador, Aruba y Curazao.
- La base de “Tres Esquinas” en Colombia juega un papel fundamental en la implementación del Plan Colombia.
- La base Puerto Buchanan en Puerto Rico.
- 2 bases militares: Guantánamo en Cuba y Toso Cano/Palmerola en Honduras.

La estrategia militar estadounidense hacia América Latina y el Caribe se controla desde el Comando Sur con base en Key West, Florida. Este Comando Sur tiene más empleados trabajando sobre América Latina que la suma de los Departamentos de Estado, Agricultura, Comercio, Tesoro y Defensa.

La presencia militar directa en la región se ha incrementado desde el cierre en 1999 de la Base Howard (Panamá) que utilizaba el ejército de los EEUU para las operaciones anti-drogas. EEUU instaló 4 FOL, hoy redefinidas bajo el eufemismo de Puestos de Seguridad Cooperativa (CSL), entre las cuales se incluye Manta. A esto se suma la Base de Guantánamo (sin fecha de expiración), Cuba, como base logística para operaciones antinarcóticos, y hoy universalmente conocida como uno de los espacios donde se han cometido mayor número de violaciones de los Derechos Humanos en el planeta (2).

Pero los FOL/CSLs tienen objetivos más allá de la lucha contra las drogas, e incluyen la migración, el “ terrorismo ” y una estrategia de control sobre la zona. En efecto, en las FOL/CLSs funcionan la DEA (Departamento Anti-narcóticos), la Guardia Costera y la Aduana de EEUU.

Base de Manta (Ecuador).

Ecuador ha sido un lugar estratégico para el control del Pacífico desde hace dos siglos. En 1812, EEUU estableció en las Islas Galápagos una primera base naval para atacar a barcos ingleses en el Océano Pacífico. Luego quiso comprar o arrendar las islas, y, en la Segunda Guerra mundial, levantó allí una nueva base militar, que abandonó en 1946.

Manta es el segundo puerto más grande de Ecuador, con una población de 200.000 habitantes, ubicada en la provincia de Manabí, se encuentra a solo 20 minutos en avión de la frontera colombiana, país en el cual se implementa el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y la insurgencia.

Como decía anteriormente, Manta forma parte de un estructura militar estratégica de interrelación entre Centros Operativos de Avanzada (FOL/CSL), junto a Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz en Aruba; y Hato Rey en Curazao. Así, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, “ los cuatro sitios juntos cubren un área geográfica más grande que la Base Aérea Howard… y ofrecen una cobertura más profunda ”.

Manta forma parte de las estrategias de control desarrolladas por el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de proteger sus intereses e inversiones militares y comerciales a nivel mundial.

La mayor inversión entre las cuatro FOL/CSL antes mencionadas, se realizó en Manta, con un montante de 80 millones de dólares, habiéndose convertido el aeropuerto de la base aérea en uno de los mejores equipados de América Latina.

En la región andina, el Plan Colombia es el que define las operaciones militares, como se evidencia en la interrelación entre la Base de Manta y la frontera ecuato-colombiana. Desde 1999, la Base de Manta se constituyó en un enclave ilegítimo de militares estadounidenses, que gozan de inmunidad y cuyas acciones vulneran la soberanía nacional. Desde 2002, se crearon 16 nuevos puestos militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, para la vigilancia fronteriza, los cuales aún se mantienen. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, en 2003, se unificaron las operaciones aeronavales que establecían a Manta como un “ nuevo eje de seguridad de la frontera norte ”. EE.UU. aprobó fondos en ese mismo año para la adquisición de 18 helicópteros, 150 vehículos y la construcción de una base antidrogas en Manta, en un lateral de la pista de la FOL/CSL.

La Base de Manta es muy importante dentro del Plan Colombia. Estamos muy bien ubicados para operar en esta área ”, declaró el teniente coronel Javier Delucca, Comandante del Puesto de Avanzada de Operaciones de EEUU en la Base Aérea Ecuatoriana de Manta (17 de agosto de 2006).

Afirmaciones como la del coronel Jorge Brito reafirman esta cuestión: “ la Base de Manta es como los ojos y los oídos del Plan Colombia. Con el sofisticado sistema integrado de inteligencia electrónica, la base proporciona los datos de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de la guerrilla de las FARC para que sean utilizados por los tres batallones contrainsurgentes que está entrenando EE.UU. y que estarían integrados por 1000 hombres cada uno ”.

Implicación de la Base de Manta en el asesinato de Raúl Reyes.

Los últimos sucesos acaecidos en el pasado primero de marzo, en el que fueron asesinados casi una treintena de guerrilleros mientras dormían, entre ellos el número 2 de las FARC, el comandante Raúl Reyes, y el comportamiento posterior del mandatario colombiano vienen a determinar que EE.UU. se mantiene firme en sus objetivos de internacionalizar el conflicto interno de Colombia.

La continua provocación del presidente Uribe a su homólogo ecuatoriano, viene a indicar que EE.UU. pretende un mayor involucramiento del Ecuador en el conflicto colombiano y para ello intentará desplegar todos los medios posibles.

Aunque el director de prensa de la embajada estadounidense, Michael Geernnald, decía que la base de Manta nada tenía que ver con el operativo militar colombiano, fue el comandante de la FOL/CSL –Base de Manta-, el coronel Bud Leonard, quien aseguró que una avión C 130 de la Base de Manta se encontraba en el aire en el momento de la operación colombiana. El comandante Leonard dijo que efectivamente el FOL/CSL proporciona información a los estamentos militares y reconoció que esa información es recabada por un “ centro de inteligencia en Dey West, Florida, donde tienen acceso diferentes departamentos del gobierno estadounidense y se la entrega en caso de ser requerida a 14 países latinoamericanos ”.

Existen muchas posibilidades que las labores de información y localización del campamento clandestino de la FARC en territorio ecuatoriano hayan sido facilitadas por ese C 130 que se encontraba en vuelo. Lamentablemente este tipo de operaciones de información no dejan rastro, lo que excluye la posibilidad de poder demostrar tal actuación, lo que significaría la implicación del Ecuador en el conflicto. Si se diera este caso, la soberana Asamblea Nacional Constituyente actualmente en vigor en el Ecuador, tendría la posibilidad de determinar la salida inmediata de las fuerzas militares estadounidenses de Manta.

Antecedentes históricos del acuerdo para la utilización estadounidense de la Base de Manta.

El año 1999 fue clave para el norte de Sudamérica, pues en este año, los Estados Unidos inician una arremetida político-militar para consolidar su hegemonía en la región; éste es el año de la implementación del Plan Colombia, con el afán de desarticular a los movimientos subversivos colombianos; paralelamente, en el plano comercial, se intenta consolidar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); también se inician conversaciones en Centroamérica para la implementación del denominado Plan Puebla Panamá, como una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que vinculaba a México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de la ofensiva de EE.UU. en el plano comercial, perdía terreno en el geopolítico (consolidación del régimen de Chávez y emergencia del PT en Brasil). También pasaba a ser indispensable buscar una compensación a la pérdida de la Base Howard (pese a los esfuerzos de última hora, los norteamericanos se vieron obligados a abandonar esta referencial base militar) para mantener su presencia militar en la zona.

Tras una serie de visitas y evaluaciones, donde especialistas militares norteamericanos consideraron las posibilidades de ubicar la base militar diferentes puntos estratégicos, se miró al Ecuador, dominado entonces por el conservador partido Democracia Popular, y con Jamil Mahuad en la presidencia de la República. Además de Manta, se consideró la posibilidad de ubicar la base en el puerto de Guayaquil y la base de Salinas. En enero de 1999 se inician conversaciones entre miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y algunos oficiales ecuatorianos. Este primer sondeo resultó positivo para los estadounidenses y, en febrero, ya el cabildeo involucró a la Cancillería ecuatoriana, el Ministro de Defensa y la Embajada de los Estados Unidos. El 19 de febrero estaba listo un borrador de acuerdo que fue avalado por el embajador estadounidense Richard Brown, Negociador Especial de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El primer acuerdo de acceso estadounidense a la Base de Manta se firmó el 1 de abril de 1999. Hasta entonces, todo el proceso se había mantenido en secreto, tan solo con notas diplomáticas en las que la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos acordaban firmar un primer documento, que tendría vigencia por seis meses y en el que se concedía el acceso y uso de las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro, de Manta, a militares y personal civil estadounidense, con el fin de realizar una serie de operaciones incluyendo la operación de aeronaves para controlar el narcotráfico.

El acuerdo que logró Estados Unidos con Ecuador y Holanda para acceder a las bases de Manta, Aruba y Curazao se diseñó con el fin de reemplazar a la Base Howard y mantener sus operaciones militares en la región. En los acuerdos se hablaba de Puestos de Operaciones de Avanzada (FOL – Forward Operating Location), y no de una base militar; esto se hizo con el fin de evitar que dichos convenios pasasen a revisión de los Congresos de los países implicados, tal y como lo establecían los principios constitucionales.

Así, el 12 de noviembre de 1999 se firmó el convenio entre ambos países que otorgaba al ejército estadounidense el acceso a la Base de Manta por diez años, renovables. Dicho acuerdo se estableció con suma rapidez, con el fin de sortear las voces disidentes de varios oficiales del ejército ecuatoriano, algunos miembros de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y de las principales organizaciones de la sociedad civil, incluyendo partidos políticos de la izquierda.

Para estas fechas, Ecuador entraba en una profunda espiral inflacionaria, la economía liberal presentaba su verdadero rostro profundizando la pobreza; las instituciones del Estado empezaban a desgajarse y el gobierno se veía fuertemente deslegitimado.

En diciembre de 1999, el país es conminado a aceptar una serie de decisiones económicas que permiten el saqueo de los dineros depositados en la banca nacional. Un total de ocho mil millones de dólares (3) se licuaron en las arcas de banqueros que habían llevado a la quiebra al sistema financiero nacional, lo que provocó una grave crisis entre la población, dado que todos los usuarios de la banca nacional vieron esfumarse sus ahorros.

Las movilizaciones populares inmediatas que se dieron encaminadas a derrocar al gobierno de Mahuad enfocaron sus argumentos en la economía, convirtiendo el tema de la Base de Manta en un punto secundario y poco relevante ante la situación nacional que se vivía. La sublevación popular de enero del 2000 que derrocó a Mahuad, fue manipulada por la derecha, que logró mantenerse en el poder, manteniendo la dolarización, sin sentar en los banquillos a los responsables del fraude bancario y consolidando a los estadounidenses en la Base de Manta.

La Base de Manta desde el ámbito local.

Para convencer a la población de Manta de la aceptación de la presencia militar estadounidense en la Base y por ende en la ciudad, las élites mantenses esgrimieron argumentos tales como:

- La presencia de los militares estadounidenses en Manta, es una oportunidad para romper la dependencia de Guayaquil y constituirse en un polo autónomo de desarrollo.
- Los sectores oligárquicos de la ciudad, esperaban acceder a los beneficios de la construcción del puerto de transferencia y aeropuerto internacional. También pretendían que la presencia de la Base, permitiera el financiamiento del plan maestro de agua potable y alcantarillado de Portoviejo y Manta. Se habló de modernización de la ciudad al conjunto de los mantenses.
- Con respecto al empleo, se dijo que la Base de Manta generaría cientos de empleos. Incluso periódicos de corte conservador como El Mercurio indicaban que se trabajaría en Ecuador, pero se ganaría como en Estados Unidos.
- También se esgrimió el argumento de que la presencia estadounidense significaría mayor seguridad frente a la delincuencia y la lucha contra el narcotráfico.
- Se desarrolló la tesis de que la base militar dinamizaría el comercio, se incrementaría el turismo (vendrían familiares y amigos de los militares) y la inversión.
- E incluso se llegó a enunciar, que con el matrimonio entre estadounidenses y ecuatorianas, se llegaría a alcanzar un mejoramiento de la raza.

La realidad se ha convertido en una dura decepción. Las promesas realizadas por las élites matenses no se cumplió, ni para la población de escasos recursos, ni para la clase media; éstos últimos habían invertido mucho dinero para mejorar sus negocios a la espera de los nuevos consumidores, los cuales nunca llegaron.

Con respecto al empleo, tampoco se creó apenas nada, siendo la única excepción de importancia el tiempo que duró la reconstrucción de la pista del aeropuerto y fue la empresa ABB Susa la que subcontrató a empresas locales esta tarea.

Tampoco los norteamericanos han participado en los planes de seguridad de la ciudad, ni han evitado el narcotráfico. Es más, en ese sentido es de destacar la presencia en Manta de la empresa de seguridad norteamericana Dyn Corp (4), relacionada con el tráfico de personas y drogas en otros países, así como por la contratación de mercenarios ecuatorianos y colombianos para Irak.

La Base de Manta ha desarrollado un papel importante en el control del flujo migratorio a los Estados Unidos, interceptando y hundiendo barcos de inmigrantes en altamar, a pesar de presentarse ante la opinión pública como “salvadores de inmigrantes” de “barcos averiados, a la deriva, a punto de hundirse…” (5). En el mar, también los pescadores artesanales han denunciado en innumerables ocasiones los abusos cometidos por los soldados gringos en contra de sus embarcaciones (el caso más emblemático fue el hundimiento del pesquero Jorge IV y la desaparición de su tripulación) (6).

Por último, la página web de la Embajada de los Estados Unidos, indica que la FOL/CSL aporta a la economía de Manta 6,5 millones de dólares, cifra que hay que relativizar porque en estos rubros se encuentran los gastos operacionales de la base, sobre todo combustible, mantenimiento y atención de los militares. La base sólo ha contratado de manera directa a 167 personas encargadas de la limpieza y de los servicios con sueldos promedio de 300 dólares mensuales (aproximadamente 200 euros). El propio alcalde de la ciudad, Jorge Zambrano, ha relativizado la incidencia económica de la Base en Manta. Según él, el cambio de la ciudad se debe a las inversiones en el sector pesquero, las indemnizaciones por la caída del avión de Million Air (7) y las remesas de los inmigrantes.

La Base de Manta en el contexto de la política exterior ecuatoriana .

Si bien la Base de Manta se presentó como necesaria para el control del narcotráfico y la migración, enseguida quedó desvelado que sus instalaciones servían para la intervención militar estadounidense en cualquier parte de la región, pues el aeropuerto está en capacidad de recibir aeronaves que pueden transportar tropas y pertrechos militares, incluidos tanques y helicópteros (material poco apropiado para la lucha antinarcóticos o para el control de flujos migratorios). El conocimiento público en el año 2003 del denominado “ Convenio Operativo ” desveló la certeza de que la Base de Manta se había convertido en una base militar operativa con capacidad para recibir contingentes y material de guerra aerotransportado.

El incumplimiento de las ofertas de desarrollo y nuevos ingresos, empezó a molestar a Manta, al punto que su alcalde, Jorge Zambrano, en repetidas ocasiones afirmó que Manta no le debe nada al FOL/CSL; pero el descontento se agudizó por las acciones que realizaban los militares estadounidenses (8), y también por lo que no hacían.

Una muestra de que la seguridad de Manta no estaba en manos de los militares estadounidenses fue el incendio del 21 de julio del 2005, el cual consumió casi una manzana de edificaciones históricas de Manta, en el que la FOL/CSL, a pesar de sus equipos avanzados tecnológicamente, no prestó la ayuda oportuna para controlar el incendio.

El derrocamiento de Lucio Gutiérrez, en abril del 2005, puso en el escenario político a Alfredo Palacio, y con él, a un nuevo canciller: Antonio Parra Gil. Las declaraciones del nuevo canciller ecuatoriano desataron una serie de críticas en los círculos políticos estadounidenses y colombianos, enfriando las relaciones diplomáticas. Colombia y Ecuador retiraron sus embajadores titulares por largos periodos y de manera intermitente.

Antonio Parra, siguiendo las directrices de Palacio, definió la política que guiaría la gestión diplomática: soberanía nacional y no intervención en asuntos internos de otros Estados.

Estas directrices, que han sido postulados tradicionales del Ecuador, han permitido al Ecuador mantenerse al margen de los conflictos de los países vecinos. Dichos posición fue violentada por Mahuad, al ceder la Base de Manta a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y, paralelamente votar en el seno de las Naciones Unidas a favor de una resolución contra Cuba contrariando incluso a los mismos funcionarios de carrera de la diplomacia ecuatoriana. De igual manera actuó Lucio Gutiérrez, al comprometer al país con una estrategia militar ajena y convertirse, tras el presidente colombiano, en el principal portavoz latinoamericano de los estadounidenses y de los intereses del gobierno colombiano.

La nueva realidad política del Ecuador.

La elección de Rafael Correa como Presidente de la República, puso en apuros a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, e inmediatamente inició una agresiva campaña de relaciones públicas con las élites mantenses para evitar el anunciado cierre de la Base de Manta. Este proceso de lobby le llevó a reunirse con las cámaras de producción de Manta, ofrecer ayuda para obras, los soldados estadounidenses salieron a la ciudad para jugar beisbol con algunos jóvenes ciudadanos aficionados; además pintaron escuelas y regalaron equipos nuevos a los bomberos locales, a los mismos que no ayudaron durante el incendio en el centro histórico de Manta.

El más agresivo plan de lobby político de los estadounidenses se desarrolló fuera de territorio ecuatoriano, generando dudas sobre la palabra del Presidente Correa. El jefe del Comando Sur de los EE.UU., realizó declaraciones en Perú y Colombia, asegurando que se estaba negociando la renovación del convenio con Ecuador. La entonces canciller, María Fernanda Espinoza, tuvo que aclarar que el Ecuador no renovará el Convenio.

Para generar una opinión pública favorable, la Embajada invitó a periodistas a visitar sus instalaciones en la Base de Manta, incluso los hizo subir a sus aviones, y se llevó a algunos de ellos a las oficinas centrales del Comando Sur, en Florida.

El proceso de lobby político de los EE.UU. se extendió a sectores de fuerte incidencia en la población, como lo es la Iglesia Católica, especialmente, las parroquias. Así, los curas párrocos de Manta también fueron invitados a la base. Con excepción de aquellos vinculados a las bases sociales, la mayoría de los párrocos quedaron convencidos que en la base no hay nada que huela a militarización, al contrario, son varios los beneficios sociales de la base y lo que en adelante puede aportar.

Pero el proceso de transformación social en el Ecuador ha dejado definitivamente cerrado el camino a cualquier posible renovación al convenio de la FOL/CSL.

El pasado 1 de abril, la Asamblea Nacional Constituyente aprobaba los 5 primeros artículos que tendrá la nueva Carta Magna ecuatoriana. En esta nueva redacción, el artículo 5 de la nueva Constitución dirá: “ El Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras ”.

El Movimiento PAIS, organización que llevó a Correa a la presidencia, se impuso con 89 votos a favor sobre el total de 130. Además de los asambleístas de PAIS, también votaron a favor de dicha redacción los dos asambleístas presentes de la RED (Luís Hernández y Martha Roldós). Tanto el partido de Lucio Gutiérrez, Partido Sociedad Patriótica, como el Partido Social Cristiano y Futuro Ya, fueron incapaces de impedir que en noviembre de 2009, las fuerzas militares estadounidenses se vean obligadas a abandonar el país.


Notas:
(1) Chalmer Johnson es autor de libros como “Blowbak: The Costs and Consequuences of American Empire” o “The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and teh End of the Republic”, entre otros.
(2) Estas bases albergan o pueden albergar el siguiente personal militar:
- Guantánamo, Cuba 8100
- Soto Cano, Honduras 550
- Manta, Ecuador 475
- Puerto Buchanan, Puerto Rico 118
- Comalapa, El Salvador 100
- Aruba y Curazao 450
A esto se suman las bases que pertenecen a ejércitos latinoamericanos, construidas o utilizadas por militares de EE.UU., como el Centro de Capacitación conjunto Riverino de Perú en Iquitos y el ingreso de militares estadounidenses para entrenamientos y las denominadas acciones cívicas.
(3) Datos de la Comisión Especial de Investigación del Feriado Bancario.
(4) La empresa Dyn Corp mantiene una plantilla entorno a 134 empleados en Manta, desde marzo de 2002. Esta empresa estadounidense que mantiene un contrato con el Comando Sur de EE.UU., ha sido cuestionada en muchos países por sus actividades de paramilitarismo, trata de blancas, narcotráfico, secuestro y explotación infantil. La Dyn Corp presta “servicios de apoyo” en los FOL/CSL de Ecuador, Aruba y Curazao. Y aunque el contrato con Dyn Corp se limitaría a tareas relacionadas con infraestructura, mantenimiento y apoyo técnico, sin incluir actividades operativas, en Colombia esta misma empresa realiza las aspersiones con glifosato en Putumayo y la frontera colombo-ecuatoriana, con lo cual no solo destruye los cultivos ilícitos, sino la vida misma. También entrena pilotos y, “maneja sitios operativos de avanzada en varias bases aéreas de la policía y del ejército colombianos”. Según el Acuerdo de la Base de Manta, EE.UU. puede contratar cualquier compañía nacional o extranjera cuando así lo estime conveniente a sus intereses, sin que el gobierno ecuatoriano pueda opinar. Más aún, el personal de Dyn Corp goza de inmunidad diplomática.
(5) Pese a que el Convenio de la Base de Manta establece que las acciones de interdicción marítima sólo serán realizadas por la Armada del Ecuador, buques militares estadounidenses han desarrollado del orden de 45 abordajes ilegales a barcos que llevaban migrantes o estaban en faenas de pesca, hundiendo o causando destrozos al menos a ocho embarcaciones ecuatorianas desde el 2001 hasta junio del 2005.
(6) EE.UU. aborda barcos pesqueros donde no encuentran ni drogas ni migrantes y hunden los barcos que consideran peligrosos para el tráfico marítimo. Uno de estos casos fue el Buque Pesquero “Santa María” que fue hundido el 3 de marzo de 2004 en faenas de pesca en aguas ecuatorianas. Otro caso referente, fue el barco “Don Ignacio”, el 2 de diciembre de 2002, según testimonio de los marineros: “los marinos gringos nos hicieron bajar del barco y luego hundieron la nave de nueve cañonazos” (la nave ecuatoriana no llevaba droga, según el expediente judicial en el Tribunal Sexto de lo Penal de Manabí. Los casos de los barcos “Guayaipe”, “Tiwintza”, “Santa Martha”, “Santa María” y “Challenger”, también pasaron por situaciones similares. El “Santa María” fue interceptado y hundido por torpedos lanzados desde una fragata estadounidense. El maltrato a los pescadores durante las interdicciones es permanente.
(7) El 22 de octubre de 1996, el avión cayó en el barrio de La Dolorosa, las indemnizaciones a los moradores del barrio, a los familiares de las víctimas, así como a la Alcaldía y a la Curia manabita, fueron millonarias y permitieron en embellecimiento de la ciudad de Manta.
(8) Desde la instalación de la Base de Manta, se han devenido algunos conflictos que afectan a la población local, entre ellos: la afectación a la población de Chorrillos por la explotación de canteras para aprovisionar el material necesario para la construcción de la pista del aeropuerto, el acelerado crecimiento de los registros de trabajadoras sexuales, y el desalojo desde hace 30 años a más de 800 familias campesinas para consolidar el actual territorio de la Base Naval de Jaramijó (también involucrada en el convenio de la Base de Manta).


La Base de Manta y la estrategia de militarización en América Latina
Decio Machado

En los últimos quince años, Estados Unidos consolidó su sistema de bases militares en un nuevo sistema global de control planetario. Según datos del Pentágono, hay más de 735 bases militares estadounidenses en 130 países, lo cual constituye una estrategia global de expansión y control de naciones, recursos naturales y seres humanos. En este listado, no se incluyen instalaciones proporcionadas por otras naciones en el exterior, por lo cual si se tomara en cuenta todas las bases, el ejército estadounidense contaría con más de 1000 bases en otros tantos países. Según denuncia el presidente del Japan Policy Research Institute, Chalmers Johnson (1), las bases extranjeras tienen 5 misiones:

- Mantener la supremacía militar absoluta en el mundo.
- Interferir comunicaciones.
- Intentar controlar el mayor número posible de fuentes petroleras.
- Dar trabajo e ingresos al complejo industrial militar.
- Asegurar que los militares y sus familias vivan con comodidad.

Bajo su “ Programa de Transformación de Defensa ”, EE.UU. ha convertido el noreste asiático en una gran plataforma para sus operaciones militares globales y regionales, y en la actualidad tiene la mayor concentración militar en el Golfo Pérsico y en el área andina en América Latina.

La militarización de América Latina

Richard Burton, estratega del Comando Conjunto de Estados Unidos, señalaba en los años 90 que existían 16 áreas de “ real trouble ” (verdaderos problemas) en el mundo, y comenzaba su lista por aquel entonces con Haití, Colombia y Brasil-Argentina.

Quizás por eso, EE.UU. mantiene una compleja red de instalaciones militares y de operaciones en América Latina y el Caribe, denominada por el Comando Sur estadounidense, como su “ arquitectura del teatro ”. Desde allí desarrolla la lucha antinarcóticos, no enfrentándolo como un problema de salud pública, sino como un ataque a la oferta. Desde mediados de los 80, se comenzó a transformar la lucha antinarcóticos en la región andina en un asunto de orden militar. Para ello se utilizan los Forward Operanting Locations (FOL, Centro Operativos de Avanzada), antes considerados simplemente bases militares.

En el norte de América Latina y en el Caribe las instalaciones militares estadounidenses son oficialmente reconocidas:

- 17 sitios con instalaciones de radar (principalmente Colombia y Perú).
- 4 bases miliares FOL, situados en Ecuador, El Salvador, Aruba y Curazao.
- La base de “Tres Esquinas” en Colombia juega un papel fundamental en la implementación del Plan Colombia.
- La base Puerto Buchanan en Puerto Rico.
- 2 bases militares: Guantánamo en Cuba y Toso Cano/Palmerola en Honduras.

La estrategia militar estadounidense hacia América Latina y el Caribe se controla desde el Comando Sur con base en Key West, Florida. Este Comando Sur tiene más empleados trabajando sobre América Latina que la suma de los Departamentos de Estado, Agricultura, Comercio, Tesoro y Defensa.

La presencia militar directa en la región se ha incrementado desde el cierre en 1999 de la Base Howard (Panamá) que utilizaba el ejército de los EEUU para las operaciones anti-drogas. EEUU instaló 4 FOL, hoy redefinidas bajo el eufemismo de Puestos de Seguridad Cooperativa (CSL), entre las cuales se incluye Manta. A esto se suma la Base de Guantánamo (sin fecha de expiración), Cuba, como base logística para operaciones antinarcóticos, y hoy universalmente conocida como uno de los espacios donde se han cometido mayor número de violaciones de los Derechos Humanos en el planeta (2).

Pero los FOL/CSLs tienen objetivos más allá de la lucha contra las drogas, e incluyen la migración, el “ terrorismo ” y una estrategia de control sobre la zona. En efecto, en las FOL/CLSs funcionan la DEA (Departamento Anti-narcóticos), la Guardia Costera y la Aduana de EEUU.

Base de Manta (Ecuador).

Ecuador ha sido un lugar estratégico para el control del Pacífico desde hace dos siglos. En 1812, EEUU estableció en las Islas Galápagos una primera base naval para atacar a barcos ingleses en el Océano Pacífico. Luego quiso comprar o arrendar las islas, y, en la Segunda Guerra mundial, levantó allí una nueva base militar, que abandonó en 1946.

Manta es el segundo puerto más grande de Ecuador, con una población de 200.000 habitantes, ubicada en la provincia de Manabí, se encuentra a solo 20 minutos en avión de la frontera colombiana, país en el cual se implementa el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y la insurgencia.

Como decía anteriormente, Manta forma parte de un estructura militar estratégica de interrelación entre Centros Operativos de Avanzada (FOL/CSL), junto a Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz en Aruba; y Hato Rey en Curazao. Así, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, “ los cuatro sitios juntos cubren un área geográfica más grande que la Base Aérea Howard… y ofrecen una cobertura más profunda ”.

Manta forma parte de las estrategias de control desarrolladas por el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de proteger sus intereses e inversiones militares y comerciales a nivel mundial.

La mayor inversión entre las cuatro FOL/CSL antes mencionadas, se realizó en Manta, con un montante de 80 millones de dólares, habiéndose convertido el aeropuerto de la base aérea en uno de los mejores equipados de América Latina.

En la región andina, el Plan Colombia es el que define las operaciones militares, como se evidencia en la interrelación entre la Base de Manta y la frontera ecuato-colombiana. Desde 1999, la Base de Manta se constituyó en un enclave ilegítimo de militares estadounidenses, que gozan de inmunidad y cuyas acciones vulneran la soberanía nacional. Desde 2002, se crearon 16 nuevos puestos militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, para la vigilancia fronteriza, los cuales aún se mantienen. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, en 2003, se unificaron las operaciones aeronavales que establecían a Manta como un “ nuevo eje de seguridad de la frontera norte ”. EE.UU. aprobó fondos en ese mismo año para la adquisición de 18 helicópteros, 150 vehículos y la construcción de una base antidrogas en Manta, en un lateral de la pista de la FOL/CSL.

La Base de Manta es muy importante dentro del Plan Colombia. Estamos muy bien ubicados para operar en esta área ”, declaró el teniente coronel Javier Delucca, Comandante del Puesto de Avanzada de Operaciones de EEUU en la Base Aérea Ecuatoriana de Manta (17 de agosto de 2006).

Afirmaciones como la del coronel Jorge Brito reafirman esta cuestión: “ la Base de Manta es como los ojos y los oídos del Plan Colombia. Con el sofisticado sistema integrado de inteligencia electrónica, la base proporciona los datos de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de la guerrilla de las FARC para que sean utilizados por los tres batallones contrainsurgentes que está entrenando EE.UU. y que estarían integrados por 1000 hombres cada uno ”.

Implicación de la Base de Manta en el asesinato de Raúl Reyes.

Los últimos sucesos acaecidos en el pasado primero de marzo, en el que fueron asesinados casi una treintena de guerrilleros mientras dormían, entre ellos el número 2 de las FARC, el comandante Raúl Reyes, y el comportamiento posterior del mandatario colombiano vienen a determinar que EE.UU. se mantiene firme en sus objetivos de internacionalizar el conflicto interno de Colombia.

La continua provocación del presidente Uribe a su homólogo ecuatoriano, viene a indicar que EE.UU. pretende un mayor involucramiento del Ecuador en el conflicto colombiano y para ello intentará desplegar todos los medios posibles.

Aunque el director de prensa de la embajada estadounidense, Michael Geernnald, decía que la base de Manta nada tenía que ver con el operativo militar colombiano, fue el comandante de la FOL/CSL –Base de Manta-, el coronel Bud Leonard, quien aseguró que una avión C 130 de la Base de Manta se encontraba en el aire en el momento de la operación colombiana. El comandante Leonard dijo que efectivamente el FOL/CSL proporciona información a los estamentos militares y reconoció que esa información es recabada por un “ centro de inteligencia en Dey West, Florida, donde tienen acceso diferentes departamentos del gobierno estadounidense y se la entrega en caso de ser requerida a 14 países latinoamericanos ”.

Existen muchas posibilidades que las labores de información y localización del campamento clandestino de la FARC en territorio ecuatoriano hayan sido facilitadas por ese C 130 que se encontraba en vuelo. Lamentablemente este tipo de operaciones de información no dejan rastro, lo que excluye la posibilidad de poder demostrar tal actuación, lo que significaría la implicación del Ecuador en el conflicto. Si se diera este caso, la soberana Asamblea Nacional Constituyente actualmente en vigor en el Ecuador, tendría la posibilidad de determinar la salida inmediata de las fuerzas militares estadounidenses de Manta.

Antecedentes históricos del acuerdo para la utilización estadounidense de la Base de Manta.

El año 1999 fue clave para el norte de Sudamérica, pues en este año, los Estados Unidos inician una arremetida político-militar para consolidar su hegemonía en la región; éste es el año de la implementación del Plan Colombia, con el afán de desarticular a los movimientos subversivos colombianos; paralelamente, en el plano comercial, se intenta consolidar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); también se inician conversaciones en Centroamérica para la implementación del denominado Plan Puebla Panamá, como una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que vinculaba a México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de la ofensiva de EE.UU. en el plano comercial, perdía terreno en el geopolítico (consolidación del régimen de Chávez y emergencia del PT en Brasil). También pasaba a ser indispensable buscar una compensación a la pérdida de la Base Howard (pese a los esfuerzos de última hora, los norteamericanos se vieron obligados a abandonar esta referencial base militar) para mantener su presencia militar en la zona.

Tras una serie de visitas y evaluaciones, donde especialistas militares norteamericanos consideraron las posibilidades de ubicar la base militar diferentes puntos estratégicos, se miró al Ecuador, dominado entonces por el conservador partido Democracia Popular, y con Jamil Mahuad en la presidencia de la República. Además de Manta, se consideró la posibilidad de ubicar la base en el puerto de Guayaquil y la base de Salinas. En enero de 1999 se inician conversaciones entre miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y algunos oficiales ecuatorianos. Este primer sondeo resultó positivo para los estadounidenses y, en febrero, ya el cabildeo involucró a la Cancillería ecuatoriana, el Ministro de Defensa y la Embajada de los Estados Unidos. El 19 de febrero estaba listo un borrador de acuerdo que fue avalado por el embajador estadounidense Richard Brown, Negociador Especial de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El primer acuerdo de acceso estadounidense a la Base de Manta se firmó el 1 de abril de 1999. Hasta entonces, todo el proceso se había mantenido en secreto, tan solo con notas diplomáticas en las que la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos acordaban firmar un primer documento, que tendría vigencia por seis meses y en el que se concedía el acceso y uso de las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro, de Manta, a militares y personal civil estadounidense, con el fin de realizar una serie de operaciones incluyendo la operación de aeronaves para controlar el narcotráfico.

El acuerdo que logró Estados Unidos con Ecuador y Holanda para acceder a las bases de Manta, Aruba y Curazao se diseñó con el fin de reemplazar a la Base Howard y mantener sus operaciones militares en la región. En los acuerdos se hablaba de Puestos de Operaciones de Avanzada (FOL – Forward Operating Location), y no de una base militar; esto se hizo con el fin de evitar que dichos convenios pasasen a revisión de los Congresos de los países implicados, tal y como lo establecían los principios constitucionales.

Así, el 12 de noviembre de 1999 se firmó el convenio entre ambos países que otorgaba al ejército estadounidense el acceso a la Base de Manta por diez años, renovables. Dicho acuerdo se estableció con suma rapidez, con el fin de sortear las voces disidentes de varios oficiales del ejército ecuatoriano, algunos miembros de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y de las principales organizaciones de la sociedad civil, incluyendo partidos políticos de la izquierda.

Para estas fechas, Ecuador entraba en una profunda espiral inflacionaria, la economía liberal presentaba su verdadero rostro profundizando la pobreza; las instituciones del Estado empezaban a desgajarse y el gobierno se veía fuertemente deslegitimado.

En diciembre de 1999, el país es conminado a aceptar una serie de decisiones económicas que permiten el saqueo de los dineros depositados en la banca nacional. Un total de ocho mil millones de dólares (3) se licuaron en las arcas de banqueros que habían llevado a la quiebra al sistema financiero nacional, lo que provocó una grave crisis entre la población, dado que todos los usuarios de la banca nacional vieron esfumarse sus ahorros.

Las movilizaciones populares inmediatas que se dieron encaminadas a derrocar al gobierno de Mahuad enfocaron sus argumentos en la economía, convirtiendo el tema de la Base de Manta en un punto secundario y poco relevante ante la situación nacional que se vivía. La sublevación popular de enero del 2000 que derrocó a Mahuad, fue manipulada por la derecha, que logró mantenerse en el poder, manteniendo la dolarización, sin sentar en los banquillos a los responsables del fraude bancario y consolidando a los estadounidenses en la Base de Manta.

La Base de Manta desde el ámbito local.

Para convencer a la población de Manta de la aceptación de la presencia militar estadounidense en la Base y por ende en la ciudad, las élites mantenses esgrimieron argumentos tales como:

- La presencia de los militares estadounidenses en Manta, es una oportunidad para romper la dependencia de Guayaquil y constituirse en un polo autónomo de desarrollo.
- Los sectores oligárquicos de la ciudad, esperaban acceder a los beneficios de la construcción del puerto de transferencia y aeropuerto internacional. También pretendían que la presencia de la Base, permitiera el financiamiento del plan maestro de agua potable y alcantarillado de Portoviejo y Manta. Se habló de modernización de la ciudad al conjunto de los mantenses.
- Con respecto al empleo, se dijo que la Base de Manta generaría cientos de empleos. Incluso periódicos de corte conservador como El Mercurio indicaban que se trabajaría en Ecuador, pero se ganaría como en Estados Unidos.
- También se esgrimió el argumento de que la presencia estadounidense significaría mayor seguridad frente a la delincuencia y la lucha contra el narcotráfico.
- Se desarrolló la tesis de que la base militar dinamizaría el comercio, se incrementaría el turismo (vendrían familiares y amigos de los militares) y la inversión.
- E incluso se llegó a enunciar, que con el matrimonio entre estadounidenses y ecuatorianas, se llegaría a alcanzar un mejoramiento de la raza.

La realidad se ha convertido en una dura decepción. Las promesas realizadas por las élites matenses no se cumplió, ni para la población de escasos recursos, ni para la clase media; éstos últimos habían invertido mucho dinero para mejorar sus negocios a la espera de los nuevos consumidores, los cuales nunca llegaron.

Con respecto al empleo, tampoco se creó apenas nada, siendo la única excepción de importancia el tiempo que duró la reconstrucción de la pista del aeropuerto y fue la empresa ABB Susa la que subcontrató a empresas locales esta tarea.

Tampoco los norteamericanos han participado en los planes de seguridad de la ciudad, ni han evitado el narcotráfico. Es más, en ese sentido es de destacar la presencia en Manta de la empresa de seguridad norteamericana Dyn Corp (4), relacionada con el tráfico de personas y drogas en otros países, así como por la contratación de mercenarios ecuatorianos y colombianos para Irak.

La Base de Manta ha desarrollado un papel importante en el control del flujo migratorio a los Estados Unidos, interceptando y hundiendo barcos de inmigrantes en altamar, a pesar de presentarse ante la opinión pública como “salvadores de inmigrantes” de “barcos averiados, a la deriva, a punto de hundirse…” (5). En el mar, también los pescadores artesanales han denunciado en innumerables ocasiones los abusos cometidos por los soldados gringos en contra de sus embarcaciones (el caso más emblemático fue el hundimiento del pesquero Jorge IV y la desaparición de su tripulación) (6).

Por último, la página web de la Embajada de los Estados Unidos, indica que la FOL/CSL aporta a la economía de Manta 6,5 millones de dólares, cifra que hay que relativizar porque en estos rubros se encuentran los gastos operacionales de la base, sobre todo combustible, mantenimiento y atención de los militares. La base sólo ha contratado de manera directa a 167 personas encargadas de la limpieza y de los servicios con sueldos promedio de 300 dólares mensuales (aproximadamente 200 euros). El propio alcalde de la ciudad, Jorge Zambrano, ha relativizado la incidencia económica de la Base en Manta. Según él, el cambio de la ciudad se debe a las inversiones en el sector pesquero, las indemnizaciones por la caída del avión de Million Air (7) y las remesas de los inmigrantes.

La Base de Manta en el contexto de la política exterior ecuatoriana .

Si bien la Base de Manta se presentó como necesaria para el control del narcotráfico y la migración, enseguida quedó desvelado que sus instalaciones servían para la intervención militar estadounidense en cualquier parte de la región, pues el aeropuerto está en capacidad de recibir aeronaves que pueden transportar tropas y pertrechos militares, incluidos tanques y helicópteros (material poco apropiado para la lucha antinarcóticos o para el control de flujos migratorios). El conocimiento público en el año 2003 del denominado “ Convenio Operativo ” desveló la certeza de que la Base de Manta se había convertido en una base militar operativa con capacidad para recibir contingentes y material de guerra aerotransportado.

El incumplimiento de las ofertas de desarrollo y nuevos ingresos, empezó a molestar a Manta, al punto que su alcalde, Jorge Zambrano, en repetidas ocasiones afirmó que Manta no le debe nada al FOL/CSL; pero el descontento se agudizó por las acciones que realizaban los militares estadounidenses (8), y también por lo que no hacían.

Una muestra de que la seguridad de Manta no estaba en manos de los militares estadounidenses fue el incendio del 21 de julio del 2005, el cual consumió casi una manzana de edificaciones históricas de Manta, en el que la FOL/CSL, a pesar de sus equipos avanzados tecnológicamente, no prestó la ayuda oportuna para controlar el incendio.

El derrocamiento de Lucio Gutiérrez, en abril del 2005, puso en el escenario político a Alfredo Palacio, y con él, a un nuevo canciller: Antonio Parra Gil. Las declaraciones del nuevo canciller ecuatoriano desataron una serie de críticas en los círculos políticos estadounidenses y colombianos, enfriando las relaciones diplomáticas. Colombia y Ecuador retiraron sus embajadores titulares por largos periodos y de manera intermitente.

Antonio Parra, siguiendo las directrices de Palacio, definió la política que guiaría la gestión diplomática: soberanía nacional y no intervención en asuntos internos de otros Estados.

Estas directrices, que han sido postulados tradicionales del Ecuador, han permitido al Ecuador mantenerse al margen de los conflictos de los países vecinos. Dichos posición fue violentada por Mahuad, al ceder la Base de Manta a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y, paralelamente votar en el seno de las Naciones Unidas a favor de una resolución contra Cuba contrariando incluso a los mismos funcionarios de carrera de la diplomacia ecuatoriana. De igual manera actuó Lucio Gutiérrez, al comprometer al país con una estrategia militar ajena y convertirse, tras el presidente colombiano, en el principal portavoz latinoamericano de los estadounidenses y de los intereses del gobierno colombiano.

La nueva realidad política del Ecuador.

La elección de Rafael Correa como Presidente de la República, puso en apuros a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, e inmediatamente inició una agresiva campaña de relaciones públicas con las élites mantenses para evitar el anunciado cierre de la Base de Manta. Este proceso de lobby le llevó a reunirse con las cámaras de producción de Manta, ofrecer ayuda para obras, los soldados estadounidenses salieron a la ciudad para jugar beisbol con algunos jóvenes ciudadanos aficionados; además pintaron escuelas y regalaron equipos nuevos a los bomberos locales, a los mismos que no ayudaron durante el incendio en el centro histórico de Manta.

El más agresivo plan de lobby político de los estadounidenses se desarrolló fuera de territorio ecuatoriano, generando dudas sobre la palabra del Presidente Correa. El jefe del Comando Sur de los EE.UU., realizó declaraciones en Perú y Colombia, asegurando que se estaba negociando la renovación del convenio con Ecuador. La entonces canciller, María Fernanda Espinoza, tuvo que aclarar que el Ecuador no renovará el Convenio.

Para generar una opinión pública favorable, la Embajada invitó a periodistas a visitar sus instalaciones en la Base de Manta, incluso los hizo subir a sus aviones, y se llevó a algunos de ellos a las oficinas centrales del Comando Sur, en Florida.

El proceso de lobby político de los EE.UU. se extendió a sectores de fuerte incidencia en la población, como lo es la Iglesia Católica, especialmente, las parroquias. Así, los curas párrocos de Manta también fueron invitados a la base. Con excepción de aquellos vinculados a las bases sociales, la mayoría de los párrocos quedaron convencidos que en la base no hay nada que huela a militarización, al contrario, son varios los beneficios sociales de la base y lo que en adelante puede aportar.

Pero el proceso de transformación social en el Ecuador ha dejado definitivamente cerrado el camino a cualquier posible renovación al convenio de la FOL/CSL.

El pasado 1 de abril, la Asamblea Nacional Constituyente aprobaba los 5 primeros artículos que tendrá la nueva Carta Magna ecuatoriana. En esta nueva redacción, el artículo 5 de la nueva Constitución dirá: “ El Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras ”.

El Movimiento PAIS, organización que llevó a Correa a la presidencia, se impuso con 89 votos a favor sobre el total de 130. Además de los asambleístas de PAIS, también votaron a favor de dicha redacción los dos asambleístas presentes de la RED (Luís Hernández y Martha Roldós). Tanto el partido de Lucio Gutiérrez, Partido Sociedad Patriótica, como el Partido Social Cristiano y Futuro Ya, fueron incapaces de impedir que en noviembre de 2009, las fuerzas militares estadounidenses se vean obligadas a abandonar el país.


Notas:
(1) Chalmer Johnson es autor de libros como “Blowbak: The Costs and Consequuences of American Empire” o “The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and teh End of the Republic”, entre otros.
(2) Estas bases albergan o pueden albergar el siguiente personal militar:
- Guantánamo, Cuba 8100
- Soto Cano, Honduras 550
- Manta, Ecuador 475
- Puerto Buchanan, Puerto Rico 118
- Comalapa, El Salvador 100
- Aruba y Curazao 450
A esto se suman las bases que pertenecen a ejércitos latinoamericanos, construidas o utilizadas por militares de EE.UU., como el Centro de Capacitación conjunto Riverino de Perú en Iquitos y el ingreso de militares estadounidenses para entrenamientos y las denominadas acciones cívicas.
(3) Datos de la Comisión Especial de Investigación del Feriado Bancario.
(4) La empresa Dyn Corp mantiene una plantilla entorno a 134 empleados en Manta, desde marzo de 2002. Esta empresa estadounidense que mantiene un contrato con el Comando Sur de EE.UU., ha sido cuestionada en muchos países por sus actividades de paramilitarismo, trata de blancas, narcotráfico, secuestro y explotación infantil. La Dyn Corp presta “servicios de apoyo” en los FOL/CSL de Ecuador, Aruba y Curazao. Y aunque el contrato con Dyn Corp se limitaría a tareas relacionadas con infraestructura, mantenimiento y apoyo técnico, sin incluir actividades operativas, en Colombia esta misma empresa realiza las aspersiones con glifosato en Putumayo y la frontera colombo-ecuatoriana, con lo cual no solo destruye los cultivos ilícitos, sino la vida misma. También entrena pilotos y, “maneja sitios operativos de avanzada en varias bases aéreas de la policía y del ejército colombianos”. Según el Acuerdo de la Base de Manta, EE.UU. puede contratar cualquier compañía nacional o extranjera cuando así lo estime conveniente a sus intereses, sin que el gobierno ecuatoriano pueda opinar. Más aún, el personal de Dyn Corp goza de inmunidad diplomática.
(5) Pese a que el Convenio de la Base de Manta establece que las acciones de interdicción marítima sólo serán realizadas por la Armada del Ecuador, buques militares estadounidenses han desarrollado del orden de 45 abordajes ilegales a barcos que llevaban migrantes o estaban en faenas de pesca, hundiendo o causando destrozos al menos a ocho embarcaciones ecuatorianas desde el 2001 hasta junio del 2005.
(6) EE.UU. aborda barcos pesqueros donde no encuentran ni drogas ni migrantes y hunden los barcos que consideran peligrosos para el tráfico marítimo. Uno de estos casos fue el Buque Pesquero “Santa María” que fue hundido el 3 de marzo de 2004 en faenas de pesca en aguas ecuatorianas. Otro caso referente, fue el barco “Don Ignacio”, el 2 de diciembre de 2002, según testimonio de los marineros: “los marinos gringos nos hicieron bajar del barco y luego hundieron la nave de nueve cañonazos” (la nave ecuatoriana no llevaba droga, según el expediente judicial en el Tribunal Sexto de lo Penal de Manabí. Los casos de los barcos “Guayaipe”, “Tiwintza”, “Santa Martha”, “Santa María” y “Challenger”, también pasaron por situaciones similares. El “Santa María” fue interceptado y hundido por torpedos lanzados desde una fragata estadounidense. El maltrato a los pescadores durante las interdicciones es permanente.
(7) El 22 de octubre de 1996, el avión cayó en el barrio de La Dolorosa, las indemnizaciones a los moradores del barrio, a los familiares de las víctimas, así como a la Alcaldía y a la Curia manabita, fueron millonarias y permitieron en embellecimiento de la ciudad de Manta.
(8) Desde la instalación de la Base de Manta, se han devenido algunos conflictos que afectan a la población local, entre ellos: la afectación a la población de Chorrillos por la explotación de canteras para aprovisionar el material necesario para la construcción de la pista del aeropuerto, el acelerado crecimiento de los registros de trabajadoras sexuales, y el desalojo desde hace 30 años a más de 800 familias campesinas para consolidar el actual territorio de la Base Naval de Jaramijó (también involucrada en el convenio de la Base de Manta).